Peinado escuchará este viernes a testigos propuestos por Begoña Gómez para defender que actuó por indicaciones de la UCM

El juez Juan Carlos Peinado escuchará este viernes a varios cargos de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) que la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, propuso como testigos para defender que firmó pliegos de contratación y registró el dominio de la cátedra que codirigía siguiendo órdenes del centro de estudios. Hace un año, el abogado de Gómez, el exministro socialista Antonio Camacho, solicitó sin éxito al titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid que acordara estas testificales, pero la Audiencia Provincial de Madrid dio la razón a Gómez el pasado octubre y ordenó a Peinado resolver “sin dilación” sobre la procedencia de las declaraciones.

El juez citó para este viernes, a partir de las 9:30 horas, a María José Sánchez Rosales (Gerencia de la Escuela de Gobierno de la UCM), María Elvira Gutiérrez-Vierna (interventora de la universidad), María Jesús Morillo y Mercedes Vaquero (Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación, OTRI), Zulma Escalante (codirectora del Máster de Formación Permanente Sostenibilidad ESG) y Carmen Mitxelena (actual directora de la Escuela de Gobierno de la UCM). Sin embargo, la defensa de Gómez presentó un escrito comunicando su renuncia a las declaraciones de Sánchez Rosales y Mitxelena, argumentando que, tras la investigación desarrollada durante el último año, no consideraban necesarias estas comparecencias.

La defensa propuso estas testificales poco después de que Peinado admitiera a trámite la querella de Hazte Oír, en la que se acusa a Gómez de haberse apropiado indebidamente de un software de la Complutense y de cometer un delito de intrusismo al firmar pliegos técnicos de contratación para la cátedra que codirigía. Camacho aportó varios correos electrónicos para argumentar que Gómez firmó los pliegos porque la UCM se lo indicó expresamente.

En detalle, la citación de Sánchez Rosales respondía a que ella había firmado dos de los correos aportados, mientras que Gutiérrez-Vierna, interventora de la universidad, debía ratificar ante el juez que la firma de los pliegos se realizó conforme a las normas de la UCM. Las miembros de la OTRI fueron citadas porque señalaron a Gómez cómo registrar el dominio de Internet, el cual, según la propia UCM, nunca fue inscrito en el Registro de Propiedad Intelectual y se registró siguiendo instrucciones de la universidad. La codirectora del máster ESG fue citada por tener el dominio del programa a su nombre, mientras que Mitxelena, ahora renunciada, iba a dar constancia de que Gómez propuso el nombre de la cátedra: “Transformación Social Competitiva”.

En el marco de esta investigación, el juez también indaga a Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios y malversación. Peinado ha advertido que, de enviarse la causa a juicio, Gómez sería juzgada por un jurado popular, es decir, por ciudadanos y no por un tribunal de jueces.

Aviso a Moncloa

El juez Juan Carlos Peinado ha advertido a Moncloa de que podría incurrir en un delito de desobediencia si no remite las agendas de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y de su asesora Cristina Álvarez. En una providencia del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, Peinado reclama nuevamente a Presidencia que facilite la documentación requerida o explique las causas por las que aún no se ha entregado, advirtiendo que la negativa podría constituir desobediencia.

El magistrado ha encargado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil analizar las agendas para determinar si las citas, reuniones, traslados y viajes de ambas se relacionaban con actividades personales o profesionales de Gómez. Asimismo, solicita información sobre los antecedentes de nombramientos de asistentes de cónyuges del presidente, los puestos ocupados, las funciones desempeñadas y el número de asistentes simultáneos.

También pide los datos salariales actualizados de Álvarez

Peinado también requiere los datos salariales actualizados de Álvarez, incluyendo nóminas, complementos, costes sociales y cualquier variación de su relación laboral, así como toda la información sobre viajes pagados con fondos públicos desde su contratación, incluyendo el uso de medios oficiales como coches, chóferes y personal dependiente. La investigación atribuye a Begoña Gómez cinco presuntos delitos: tráfico de influencias, corrupción en negocios privados, apropiación indebida, intrusismo y malversación de caudales públicos. Además de Gómez y Álvarez, el juez investiga al empresario Juan Carlos Barrabés y al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre.