Lejos de calmar las aguas, la inhabilitación por dos años para ejercer el cargo con la que el Tribunal Supremo (TS) ha condenado al fiscal general del Estado ha agudizado la división que ya había provocado su procesamiento por un delito de revelación de secretos en perjuicio de Alberto González Amador, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Y no solo lo ha hecho entre la clase política, la cual, como era de esperar, ha reaccionado de forma dispar, con una calurosa bienvenida por parte de una derecha deseosa de hacer de sangre con este asunto y una crítica feroz desde la izquierda. También ha sacado a la luz una profunda grieta en el propio Supremo, que ha emitido este jueves la controvertida resolución con dos votos particulares entre los siete magistrados que conformaban la sala.
Finalmente, la mayoría conservadora que ya se vislumbraba en la composición del tribunal ha impuesto su criterio, con el respaldo a la inhabilitación de Andrés Martínez Arrieta, Manuel Marchena, José Ramón Berdugo, Antonio del Moral y Carmen Lamela. Frente a ello, el voto discrepante de las magistradas progresistas Ana Ferrer y Susana Polo no ha tenido recorrido. Esa falta de consenso ha provocado que Polo, inicialmente designada como magistrada ponente y, por tanto, encargada de redactar la sentencia, renunciara a ejercer dicha función, asumida en último término por Martínez Arrieta, presidente de la Sala de lo Penal del TS y del tribunal que juzgaba a García Ortiz.
El fallo, que ha sido emitido justo una semana después de que concluyera el inédito juicio contra el fiscal general del Estado, impone a este, además de la inhabilitación especial para el cargo por dos años “como autor de un delito de revelación de datos reservados”, una multa de 7.200 euros –a abonar mediante una cuota diaria de 20 euros durante 12 meses–, una indemnización de 10.000 € por daños morales para González Amador y el pago de las costas procesales.
En su resolución, los magistrados se han regido por las peticiones efectuadas durante el juicio. Por un lado, las que reclamaban una sentencia condenatoria, como es el caso de la acusación particular que ejerce la pareja de Díaz Ayuso y las seis acusaciones populares: la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF);el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM);Manos Limpias y la acusación popular unificada que lidera la Fundación Foro Libertad y Alternativa, en la que se incluyen también a Vox y Hazte Oír. Por el otro, estaban las que pedían la absolución: la Fiscalía y la Abogacía del Estado, en representación de García Ortiz.
Las acusaciones presentaron un abanico de opciones punibles de cara a una condena: delito de revelación de secretos, de violación de secretos, de prevaricación o infidelidad en la custodia de documentos.
El abogado de González Amador pidió que se condenara a García Ortiz a 4 años de cárcel y 3 años de inhabilitación y suspensión de empleo por un presunto delito de revelación de secretos. También reclamó una multa de 108.000 euros y otros 300.000 euros en concepto de daños morales.
La APIF es que propuso la condena más alta: 6 años de cárcel y 12 años de inhabilitación por delitos que van más allá de la revelación de secretos, apuntando en concreto a prevaricación. En su caso no pidió responsabilidad civil “al entender que corresponde en exclusiva a la víctima”.
Por su parte, el ICAM reclamó al TS que condenase al fiscal general por revelación de secretos a 4 años de cárcel, 3 años de suspensión de empleo y sueldo e inhabilitación, y que le impusiese una multa de 81.000 euros.
En cuanto a la acusación popular unificada, Fundación Foro Libertad y Alternativa, Vox y Hazte Oír plantearon una condena de 4 años de cárcel y 3 años de suspensión de empleo y sueldo e inhabilitación por un delito de revelación de secretos y otro de prevaricación.
Manos Limpias rebajó en el juicio su petición de prisión, de 4 a 3 años, al tener en cuenta que se filtraron a los medios “hechos relativos al proceso” y “datos personales” del fiscal general. Además, planteó que, en caso de que no se condenase a García Ortiz por violación de secretos, se le impusiera una pena de 2 años de prisión e inhabilitación por el mismo delito. Como tercera opción, propuso una pena de 2 años de inhabilitación y multa de 108.000 euros.
Desde que arrancó el caso, primero en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y después en el Supremo, este ha girado en torno a dos cuestiones. Por un lado, la presunta filtración de García Ortiz a la ‘Cadena SER’ la noche del 13 de marzo de 2024 del correo electrónico que la defensa de González Amador envió el 2 de febrero de ese año a la Fiscalía ofreciendo que su cliente reconociera los dos delitos fiscales por los que estaba investigado a cambio de evitar la cárcel.
“No es información”
Y, por otro, la nota de prensa que el Ministerio Público emitió a las 10.22 horas del 14 de marzo para desmentir la noticia publicada por El Mundo a las 21.29 h. del día anterior, donde se decía que era el fiscal quien ofrecía pactar a González Amador. Este diario se basó en un mensaje en ese sentido que el jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, envió “desde las 19.00 horas” del 13 de marzo a un grupo de periodistas. “Eso no es información, es que tengo el pelo blanco”, reconoció más tarde el propio Rodríguez ante el TS, refiriéndose al pacto al que aludía en su mensaje como una intuición.
De los más de 40 testigos que comparecieron en los seis días de juicio, destacó el testimonio de varios periodistas que aseguraron que conocían la información relevante antes de que García Ortiz la recibiera en su correo electrónico a las 21.59 del 13 de marzo; y el de la jefa de la Fiscalía Superior de Madrid, Almudena Lastra, que declaró que en todo momento avisó de que se filtraría. “Álvaro, has filtrado tú?”, le preguntó, algo que él negó.
García Ortiz reivindicó su inocencia, subrayando que su actuación estuvo motivada por su “obsesión” con averiguar qué había sucedido y defender a la Fiscalía de lo que consideraba una campaña de desprestigio lanzada desde el aparato institucional de la Comunidad de Madrid. “La verdad no se filtra, la verdad se defiende”, concluyó su intervención.
La resolución fue comunicada este jueves a las partes, pero no surtirá efectos hasta que se notifique formalmente la sentencia, que ni siquiera está aún redactada.
