La Fiscalía pide 24 años de cárcel para Ábalos por mordidas en los contratos de las mascarillas

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Tribunal Supremo que imponga 24 años de prisión al exministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, por los cinco delitos que le atribuye en el marco de la presunta trama de mascarillas del ‘caso Koldo’: pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y uso de información privilegiada. También pide que se le imponga una multa de 3,9 millones de euros.

Así figura en el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, presentado por el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, de cara al juicio por las presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas adjudicados por el Ministerio de Transportes durante la pandemia. Este escrito llega después de que el pasado 3 de noviembre el magistrado instructor, Leopoldo Puente, propusiera juzgar a Ábalos, a su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama, presunto intermediario de la trama.

Respecto a Koldo García, la Fiscalía solicita 19 años y medio de prisión por los mismos cinco delitos atribuidos a Ábalos, además de una multa de 3,9 millones de euros. Asimismo, pide que Ábalos y Koldo indemnicen conjunta y solidariamente a las empresas públicas Ineco (34.477,86 euros) y Tragsatec (9.500,54 euros). También reclama el decomiso de las supuestas ganancias derivadas del cohecho, que cifra en al menos 430.298,4 euros.

7 años de prisión para Víctor de Aldama

En cuanto a Víctor de Aldama, la Fiscalía aprecia la atenuante de confesión y solicita 7 años de prisión por pertenencia a organización criminal, cohecho y aprovechamiento de información privilegiada, además de una multa de 3,8 millones de euros.

El magistrado Puente propuso juzgar a los tres al considerar que “se concertaron muy poco después” de que Ábalos asumiera el cargo de ministro para beneficiarse económicamente de la adjudicación de contratos en la Administración Pública, aprovechando la influencia política derivada del cargo. Esta decisión llegó tras dividir la causa en septiembre: la pieza principal quedó centrada en los contratos de mascarillas, mientras que una pieza separada aborda la presunta trama de comisiones a cambio de obra pública.