El juez que investiga a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, ha cambiado de este miércoles al próximo domingo a las 17.30 horas el interrogatorio como investigada a la secretaria general de la Presidencia del Gobierno, Judit Alexandra González, por la contratación y el desempeño de las funciones de Cristina Álvarez como asesora de la mujer de Pedro Sánchez.

Así lo acuerda en una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, después de que la defensa de Álvarez pidiera una nueva fecha porque tiene otros señalamientos previstos para el miércoles.

González se ha convertido en la quinta persona imputada en la causa, junto a Gómez, Álvarez, el empresario Juan Carlos Barrabés y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.

El juez Juan Carlos Peinado decidió llamar a la alto cargo de Moncloa para "informarla del objeto del procedimiento y darle traslado de los hechos que se le imputan", así como para "ser oída en declaración en calidad de investigada por el delito de malversación de caudales públicos".

Un cambio de fecha que afecta también a las declaraciones como testigos del presidente del Instituto de Empresa, Diego de Alcázar; al responsable institucional y políticas públicas de Google, Miguel Escassi; y al exvicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) Juan Carlos Doadrio, quienes han declarado ya ante el juez y que igualmente pasan al domingo.

Peinado, que indicó en un auto que "no puede ser en calidad de testigo", justificó su decisión aludiendo al "comportamiento de carácter pasivo" de su antecesor en el cargo, Martín, que fue secretario general de la Presidencia desde julio de 2021 hasta marzo de 2023, cuando González asumió ese puesto.

"Cualquiera de las personas que teniendo la capacidad de controlar las labores realizadas por las personas contratadas o designadas para funciones concretas vinculadas a un servicio de carácter público, y que lo conozca, por ser notorio y de dominio público, puede cometer, pudiendo evitarlo y no haciéndolo, esta modalidad de malversación", expuso el instructor.

Peinado achacó al cargo de la Secretaría General de la Presidencia ser "conocedor" de los "actos de carácter institucional sobradamente conocidos por su proyección mediata" de la esposa del presidente del Gobierno, incidiendo en que "además lleva a cabo una labor de carácter privado en una universidad, en este caso la Universidad Complutense de Madrid", donde Gómez codirigió una cátedra extraordinaria para la Transformación Social Competitiva.

A su juicio, se "puede cometer el delito de malversación, en la modalidad de comisión por omisión, por su posición de garante, impartiendo las correspondientes órdenes o instrucciones para que dicha persona", en alusión a Álvarez, la asesora de Gómez, "se abstenga de continuar con esas labores de carácter privado".   

LA CAUSA, ABOCADA A UN JURADO POPULAR

El magistrado rechazó en el mismo auto la petición de las defensas y de la Fiscalía de archivar la causa, ratificando que asume la orden de la Audiencia Provincial de Madrid de unir las dos piezas en las que había dividido la investigación, aunque manteniendo el procedimiento del jurado popular para que, en caso de juicio, decidan ciudadanos y no jueces.

El titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid investiga presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, apropiación indebida, intrusismo y malversación.

La malversación y el tráfico de influencias son los delitos por los que el juez considera que el caso debe ser juzgado por un jurado popular, ya que están incluidos en la lista de delitos que son competencia exclusiva del tribunal del jurado y arrastran al resto.

La causa arrancó en abril de 2024 a raíz de una denuncia presentada por la organización Manos Limpias en la que se acusaba a Gómez de haberse valido de su condición de esposa del presidente del Gobierno para recomendar a empresarios, como el investigado Barrabés, que se presentaban a licitaciones públicas.

Tras ello, el juez fue abriendo nuevas ramas de investigación por otra querella presentada por Vox por presuntas irregularidades en el registro del 'software' de la cátedra que codirigía Gómez.

Posteriormente, Peinado abrió la pieza separada a raíz de otra querella de Vox para investigar si se produjo un desvío de dinero público en la designación de Álvarez como asesora de Moncloa y si desempeñaba funciones privadas para Gómez en el marco de sus labores en la Complutense.

La Audiencia Provincial de Madrid corrigió la decisión de Peinado de abrir dicha pieza separada, aunque avaló que siguiese adelante con esa línea de investigación, relativa a la malversación, dentro de la pieza principal.