El juez Juan Carlos Peinado no da marcha atrás y ha decidido ampliar la investigación contra Begoña Gómez. En un auto conocido este miércoles, el magistrado rechaza sobreseer la causa, como pide la Fiscalía, y mantiene la imputación contra la esposa de Pedro Sánchez por cinco delitos. Además, incorpora a una nueva investigada, Judith Alexandra González Pedraz, actual secretaria general de Presidencia.

Peinado considera que existen indicios "claros, sólidos y homogéneos" para procesar a Gómez por los presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo profesional y malversación de fondos públicos.

En el caso de malversación, el juez se apoya en la sentencia del procés, dictada por el magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena. "Lo que viene a enseñarnos el Tribunal Supremo, es que, la deslealtad en la administración de fondos públicos, constituye el eje sobre el que pivota el delito de malversación de fondos públicos, con independencia de que, se cause detrimento o perjuicio económico definido, en destinar fondos públicos para el pago de una persona a la que se le asignan funciones públicas, pero que, además de realizar esas funciones públicas, realiza en su jornada laboral, otras de carácter claramente privado", afirma Peinado.

También siguen como investigados su asesora María Cristina Álvarez Rodríguez, el empresario Juan Carlos Barrabés y el ex secretario general de Presidencia, Francisco Martín Aguirre.

Citación a la secretaria de Presidencia

En el caso de Judith Alexandra González Pedraz, Peinado la convoca el próximo 12 de noviembre para "informarla del objeto del procedimiento y darle traslado de los hechos que se le imputan, comparecencia a la que deberán comparecer las acusaciones y defensas personadas con el fin de concretar la acusación respecto de la misma; y ser oída en declaración en calidad de investigada por el delito de malversación de caudales públicos". Asimismo, pide a Moncloa las agendas de Begoña Gómez y de Cristina Álvarez para que las analice la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.