El juez que investiga a la exmilitante del PSOE de Cantabria Leire Díez por presuntamente ofrecer favores judiciales a imputados a cambio de información comprometedora sobre cargos de la Guardia Civil y la Fiscalía ha aceptado que el PP ejerza la acusación popular en la causa. Así consta en un auto en el que el juez Arturo Zamarriego acuerda "tener por personada y parte en las presentes actuaciones, en calidad de acusación popular", al partido liderado por Alberto Núñez Feijóo.
Se trata del procedimiento en el que el juez investiga a Díez a raíz de la denuncia presentada en su contra por Hazte Oír después de que se dieran a conocer los audios en los que se le escucha ofrecer favores a cambio de información comprometedora contra miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Díez habría hecho esas gestiones con la contraprestación de que, a cambio de esa información, los empresarios tuvieran una serie de beneficios en sus procedimientos penales.
Al margen de esta denuncia se han presentado otras que se han acumulado en el juzgado que dirige Zamarriego: una de la Asociación Unificada de Guardia Civil (AUGC) y otra de la Asociación de la Escala de Suboficiales de la Guardia Civil Profesional (ASESGC). Estas dos acusaciones y Hazte Oír ejercen la acusación popular en la causa. El juez también ha aceptado, a petición de Fiscalía, la denuncia de dos fiscales –José Grinda e Ignacio Stampa– por un presunto intento de soborno.
Las diligencias solicitadas, en noviembre
El instructor permite al PP sumarse a la causa al considerar que "su incorporación comporta una mera adhesión a alguna de las acusaciones" que ya se formulan y recuerda que el marco jurídico español vigente "autoriza la presencia de los partidos políticos en el ejercicio de la acción popular". Y avisa de que diferente sería si el partido pretendiera "formular su propia acusación, introduciendo nuevos hechos, calificaciones, etc."; en ese caso, reclamaría que presentaran su propia querella.
Con todo, el titular del Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid descarta responder aún a la petición del PP de recabar la vida laboral de Díez. La formación también solicitaba la entrada y registro en el domicilio social de una consultora investigada en la causa, así como la declaración del representante de dicha mercantil y de un testigo. El instructor ha optado por no resolver todavía.
"Respecto a la solicitud de diligencias instructoras interesadas por dicha representación procesal, se resolverá a la vista del resultado de las declaraciones acordadas para los próximos días 5 y 11 de noviembre de 2025", sostiene el juez, en referencia a las fechas en las que prevé tomar declaración como investigada a la propia Leire Díez y como testigos a los fiscales que denunciaron presuntos intentos de soborno.
