Sánchez propone a los presidentes autonómicos triplicar la inversión pública en vivienda

En la carta, a la que ha tenido acceso EFE, Sánchez resalta que la Conferencia de Presidentes es un foro para fomentar el diálogo y el intercambio de ideas entre administraciones y considera que debe servir para hacer frente a problemas como el de la vivienda y debatir sobre ello el viernes "de forma serena y constructiva".

"Los españoles no nos eligen para generar crispación o llevar el ruido partidista a las instituciones. Nos eligen para que dialoguemos y resolvamos sus problemas. El de la vivienda - apostilla- es crucial y nosotros debemos estar a la altura".

El acuerdo podría aprobarse en los próximos meses

Para Sánchez, el acceso a la vivienda es un desafío que hay que afrontar porque lo que se ha hecho hasta ahora estima que no es suficiente.

"Quiero invitarte a dar un paso más e impulsemos juntos un nuevo Acuerdo Estatal para la Vivienda 2026-2030", escribe el jefe del Ejecutivo en esa misiva, en la que señala que el acuerdo podría aprobarse en los próximos meses y se asentaría en tres compromisos.

En concreto: triplicar la inversión pública en vivienda, blindar de forma indefinida la calificación de las viviendas con protección pública y acabar con el monopolio de la información que tienen algunos portales privados dando más transparencia el sistema.

Respecto a la primera de esas propuestas, el presidente del Gobierno explica que en el último Plan Estatal (2022-2025), las administraciones destinaron 2.300 millones de euros a construir vivienda pública, rehabilitar edificios y facilitar el acceso al alquiler.

El 40% de la inversión lo asumirían las autonomías

Ahora pide aumentar esa cantidad hasta casi los 7.000 millones de euros, de los que el Gobierno se compromete a aportar 4.000 (un 60 %) siempre y cuando lo ejecutivos autonómicos asuman más corresponsabilidad y aporten al menos 2.700 millones.

Respecto a la segunda propuesta, vincular la inversión al compromiso de blindar indefinidamente la calificación de las viviendas con protección pública, lamenta que la gran mayoría de las 2,4 millones de viviendas protegidas construidas en los últimos 45 años fueran fruto de la especulación y de los fondos buitre.

"Mi propuesta es que pongamos fin a esta terrible sangría y que todos nos comprometamos a que las viviendas que se financien con dinero público mantendrán de forma permanente su calificación de vivienda protegida, ofreciendo así -explica- una alternativa asequible de propiedad o alquiler para la ciudadanía".

Respecto a su deseo de acabar con el monopolio de la información que tienen algunos portales privados, señala que no hay una base de datos pública y fiable que permita conocer los precios reales de compra, venta o alquiler, y eso impide a los gobiernos diseñar mejores políticas públicas y a los ciudadanos negociar de forma adecuada el precio de sus casas.

Por eso, plantea a los presidentes autonómicos que todas las administraciones vuelquen la información que tengan en una base de datos agregada y que se ponga a disposición de la ciudadanía, las universidades y el sector en un portal web.