Baluarte acogerá el próximo 13 de febrero un nuevo acto público para reconocer a víctimas de violencia de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos reconocidas hasta el momento en Nafarroa, un total de 41 personas en 2024.
Será una sencilla ceremonia, desde el derecho a la verdad y a la reparación, organizada al amparo de la Ley Foral que aborda esta materia, y estará presidido por la vicepresidenta segunda y consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera, Ana Ollo.
La convocatoria se anunció ayer martes, coincidiendo con la presentación del informe anual en el Parlamento de Nafarroa elaborado por la Comisión de Reconocimiento y Reparación, y defendido por su presidente y director general de Memoria y Convivencia, Martín Zabalza.
El acto está organizado al amparo de la Ley Foral 16/2019, de 26 de marzo que prevé un “reconocimiento institucional y social” a las víctimas por vulneración de derechos humanos, que el Gobierno foral ha decidido materializar de forma anual. Ya tuvo una primera edición en mayo del año pasado con el reconocimiento de las primeras doce víctimas, que forman parte del total de las 41 ahora anunciadas.
Durante 2024 el Ejecutivo de María Chivite, incluida esa primera docena de personas objeto del acto inicial, reconoció a un total de 41 personas como víctimas de este tipo de violencia tras los respectivos informes favorables de la Comisión. Cinco solicitudes no fueron admitidas a trámite y una fue desestimada. En conjunto, se ha reconocido una indemnización total a las víctimas de 1.243.000 euros.
Para ser reconocidas como víctimas, todas las solicitudes pasan en primer lugar por la Comisión de Reconocimiento y Reparación, compuesta por el director de Memoria y Convivencia, el director del Instituto Navarro de la Memoria, dos peritos forenses y una psicóloga con experiencia en materia de víctimas, designados por el Instituto Navarro de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
A propuesta del Parlamento de Nafarroa, la comisión está completada además por cuatro personas expertas del ámbito académico y social, Marta Rodríguez Fouz, Mikel Berraondo, Roldán Jimeno y Soledad Barber.
Su presidente, Martín Zabalza, recordó ayer las líneas rojas que establece el Tribunal Constitucional y destacó que “estamos respetando de forma radical el mandato del alto tribunal. Reconocemos víctimas, sí, pero no identificamos victimarios”.
