El Boletín Oficial del Estado publicó ayer jueves la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi para el reconocimiento “integral” de las víctimas del franquismo desde principios de “verdad, justicia y reparación”. Además, incorpora un régimen sancionador con multas de hasta 150.000 euros por actos muy graves que “atenten contra la memoria”.

El Parlamento Vasco aprobó esta norma el día 28 del pasado mes de septiembre, con el apoyo de PNV, EH Bildu y PSE-EE, y el rechazo de PP, Vox y Cs. El texto destaca que el objetivo es “recuperar, restaurar y rehabilitar” la memoria de las víctimas del franquismo, con medidas para “facilitar la restauración y la reparación, y promover que la impunidad no siga protegiendo a quienes facilitaron y contribuyeron al golpe militar”.

En sus doce capítulos y un conjunto de disposiciones que cierran el texto, “se repudia y condena el golpe de estado del 18 de julio de 1936 y la posterior dictadura franquista, en afirmación de los principios y valores democráticos y la dignidad de las víctimas”.

Según contempla el documento, supondrá la articulación de los medios necesarios para “recuperar, restaurar y rehabilitar la memoria de las víctimas; fomentar la difusión y el reconocimiento social; facilitar la restauración y la reparación, y promover que la impunidad no siga protegiendo a los responsables, a quienes facilitaron y contribuyeron al golpe militar”.

La Ley considera víctima a toda persona que haya sufrido, individual o colectivamente, daño físico, moral o psicológico, daños patrimoniales o menoscabo de sus derechos fundamentales durante el periodo desde el golpe de estado del 18 de julio de 1936, la posterior guerra y la dictadura, incluyendo el transcurrido hasta la entrada en vigor de la Constitución española de 1978.

En este sentido, señala que las víctimas del franquismo tienen derecho a recurrir a la Administración de Justicia para pedir responsabilidades por los delitos de lesa humanidad y lograr la “plena justicia”.

Papel de Gogora

La norma establece que corresponde al Instituto de la Memoria-Gogora actuar para la localización de los desaparecidos en la Guerra Civil y su identificación. Además, Gogora valorará la pertinencia de indemnizaciones y, en su caso, para proceder a su implementación.

El Gobierno vasco, a través de Gogora, formará un equipo científico profesional para investigar y elaborar un informe base de vulneraciones de derechos humanos en Euskadi durante la Guerra Civil y el franquismo, entre 1936 y 1978, así como un informe con conclusiones oportunas que “recoja de forma fehaciente lo sucedido”.

También se constituye el archivo de testimonios de la Guerra Civil y la dictadura en Euskadi, y Gogora establecerá un plan para la coordinación de la eliminación o resignificación, en su caso, de símbolos contrarios a la memoria histórica.

La Ley incluye un régimen sancionador que considera infracciones graves, entre otras, actividades como las manifestaciones o exhibiciones por parte de representantes públicos y funcionarios que enaltezcan o hagan apología del golpe militar de 1936 y de la dictadura; la celebración de actos y homenajes para la conmemoración, la exaltación o el enaltecimiento individual o colectivo del golpe militar de 1936, incluidas las celebraciones asociadas al 18 de julio, y de la dictadura franquista, de sus dirigentes o de sus organizaciones.

Las sanciones económicas consistirán en multas de cuantías comprendidas entre los 200 y 150.000 euros.