Si durante la pandemia del coronavirus el lehendakari se vio atado de pies y manos por parte de los tribunales, que le impidieron decretar medidas para controlar las aglomeraciones sociales, ahora esas mismas limitaciones le están llegando en el terreno del impulso del euskera y a la hora de garantizar los derechos lingüísticos de las personas que hablan la lengua vasca. Tras el último fallo del Tribunal Constitucional sobre la Ley Municipal, Iñigo Urkullu ha tenido que digerir otras dos decisiones desfavorables en respuesta a sendos recursos del PP y de Vox, precisamente ante la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, la sala liderada por Luis Ángel Garrido, el mismo juez que le puso muy cuesta arriba la adopción de medidas contra el virus. En este contexto, el lehendakari ha lamentado este viernes que “falta mucha sensibilidad a la hora de abordar jurídicamente” la igualdad entre el euskera y el castellano, y ha criticado que el tribunal vasco haya ido incluso más lejos que el Constitucional.
El lehendakari confirmó que el Gobierno vasco recurrirá en casación al Tribunal Supremo (tiene 30 días de plazo para hacerlo), al tiempo que denunció también el impulso político del PP, que se ha enmendado la plana a sí mismo porque ha pasado de acordar esta ley con el Gobierno vasco en la Comisión Bilateral durante el mandato de Rajoy en 2017, a llevarla ahora a los tribunales siguiendo la estela de la ultraderecha de Vox.
Este debate ha aterrizado este viernes en el pleno de control del Parlamento Vasco con una pregunta formulada por la representante de Vox, Amaia Martínez, quien quiso saber cuándo se ejecutará lo que establece el fallo del tribunal superior vasco. Esta polémica se retrotrae el fallo del TC, que consideró inconstitucional que los trabajadores municipales deban alegar desconocimiento del euskera para recibir documentación en castellano. Este pronunciamiento llegó a consecuencia de una consulta previa que elevó el tribunal vasco para poder responder al recurso de Vox. Y, en cuestión de una semana, han llegado dos sentencias del tribunal vasco contra el decreto 179/2019 que desarrolla la Ley Municipal, unos pronunciamientos donde, partiendo de ese principio general y ese pequeño inciso fijado por el TC, el tribunal vasco hace tabla rasa, según el análisis de la consejería de Autogobierno, e impide redactar de salida en euskera los documentos internos o externos, es decir, impide que las entidades locales y demás entidades que conforman el sector público de Euskadi planifiquen y regulen, de acuerdo con su situación sociolingüística, la utilización del euskera como lengua de servicio y lengua de trabajo de uso normal y general en sus actividades. También anula la posibilidad de que el personal de las entidades locales se dirija “en primera instancia” al ciudadano en euskera y continúe en la lengua que escoja el vecino en cuestión.
Este varapalo se suma a los que ya han llegado en áreas concretas del sector público como la Ertzaintza, algunas policías locales o en otros ámbitos de la administración, lo que parece que adquiere ya un carácter estructural y que en ocasiones ha venido acompañado de juicios de valor por parte de los tribunales, que en alguna ocasión se han amparado en la dificultad del euskera (lo dijo una jueza de Gasteiz, quien ordenó readmitir a una interina en el Ayuntamiento de Laudio).
Recado al PP
En respuesta a Vox, Urkullu puntualizó que el fallo “no es definitivo” y que no está “de acuerdo con lo que dice”, de manera que han optado por recurrir. “El recurso de Vox contra la Ley Municipal y contra el decreto de uso de las lenguas oficiales en las instituciones locales de Euskadi ha judicializado una cuestión que había sido resuelta en un ámbito político en el que ustedes no participaron, señora Martínez. Nuestra responsabilidad es garantizar los derechos lingüísticos de todas las ciudadanas y ciudadanos vascos. Garantizar su derecho a elegir la lengua que van a usar en su relación con las administraciones. Esta garantía de los derechos lingüísticos debe ser un compromiso de todos los poderes públicos: ejecutivo, legislativo y judicial”, recalcó.
En este sentido, añadió que la sentencia del Constitucional resolvió que la Ley Municipal se ajusta a la Constitución, salvo en lo referido a que los cargos electos deban alegar válidamente el desconocimiento del euskera. “El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha anulado una serie de artículos que hacen referencia al uso del euskera. Es desconcertante, porque ha ido mucho más allá del Tribunal Constitucional. No compartimos su razonamiento, y vamos a recurrir ante el Tribunal Supremo. Ahora, el Partido Popular también ha querido sumarse a esta estrategia contra el euskera. Llama mucho la atención, porque el año 2017 alcanzamos un acuerdo en la Comisión Bilateral con el Gobierno presidido por Mariano Rajoy. Ahora ustedes recurren algo que acordaron hace seis años”, lanzó.
“Hoy, el castellano y el euskera no se encuentran en igualdad de condiciones. En el caso del ámbito judicial, no solo falta mucho para llegar a la igualdad, falta también mucha sensibilidad a la hora de abordar jurídicamente estas cuestiones”, dijo, para referirse también al “desequilibrio” en el ámbito judicial entre el euskera y el castellano.
