A dos años del desarrollo de la competencia penitenciaria por parte del Gobierno vasco, la red ciudadana de apoyo de los derechos de los presos de ETA, Sare, quiso realizar una valoración del camino andado durante este tiempo. Recordaron que, desde que Lakua asumiera la gestión -1 de octubre de 2021-, “se han aprobado 846 progresiones a tercer grado, de las que han sido revocadas por los Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria 16, que supone el 1,89%”. En contraprestación, “en el caso especifico de los presos y presas vinculados a ETA, han sido revocadas 13 de 55, quedando siete pendientes del recurso o no del Ministerio Fiscal”. “Es decir, se han revocado el 24%, lo que supone un diferencia abrumadora en relación a otros recursos en otros tipos de delitos”.
Aún así, Sare quiso transmitir “una valoración esperanzadora en el desarrollo de la competencia”, más si cabe “viniendo de una situación anterior donde las excepcionalidades era la norma común de actuación”. De forma “lenta, pero cuando menos” existe una “evolución”, según avalan, “por parte de la administración penitenciaria vasca”. En todo caso, dos son las cuestiones que la red ciudadana quiso censurar. La primera es que “la política penitenciaria de excepción se continúa aplicando. Estamos soportando legislaciones pensadas en lo que se denominó lucha antiterrorista, concebida y aprobada hace más de 20 años, para unas circunstancias que nada tienen que ver” con la situación actual, sobre todo teniendo en cuenta que ETA se disolvió en 2018.
A cientos de kilómetros
Por otro lado, y tras realizar un recuento de terceros grados, recursos de la Fiscalía o del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, denunciaron que “a cientos de kilómetros de distancia”, estos órganos judiciales siguen tomando decisiones sobre presos “de los que nada saben y nada les importa”, ni siquiera tomando en consideración las opiniones “profesionales de quienes conforman las juntas de tratamiento” o de la administración penitenciaria vasca.
“Lo mínimo exigible es que la norma se aplique con sentido común y flexibilidad”, prosiguió Sare, que incidió en que, a pesar de la “preocupación” que suscita la “actuación bloqueadora de los órganos jurisdiccionales en el Estado”, sería indispensable “emprender, con determinación y sin dilación, un proceso de normalización de la situación, situándonos en el momento en el que vivimos, sin olvidar nada de lo ocurrido pero tomando las medidas necesarias para que la fase de la violencia superada se cierre de tal manera que no se genere más dolor”.
