La Ley de Vivienda del Gobierno español quedó aprobada con carácter definitivo en el Senado a mediados de mayo, en plena campaña de las elecciones municipales y en varias comunidades del Estado. Esa aprobación supuso el pistoletazo de salida para que las comunidades autónomas comenzaran a estudiar los términos de su aplicación en sus respectivos territorios, o un eventual recurso ante el Tribunal Constitucional si detectan invasiones competenciales como las que ve el PNV. En el caso del Gobierno vasco, la aplicación depende de un informe de los servicios jurídicos que aún no está cerrado y que fijará el perímetro de la puesta en marcha de la ley en la comunidad autónoma, respetando el autogobierno. Los servicios jurídicos, según las fuentes consultadas por este periódico en la consejería de Autogobierno que dirige Olatz Garamendi, “siguen analizando el texto”.
Esta sería la primera fase de la solución de consenso que se pactó con sus socios de coalición, el PSE, en el Parlamento Vasco. Ambos partidos acordaron llevar a cabo una primera criba, el análisis ordinario de los servicios jurídicos (es la criba habitual que se realiza con todas las leyes y donde se pueden detectar las invasiones competenciales) y, después, un informe con las medidas que pueden complementar las actuaciones recogidas en la ley vasca. Correría ya a cargo del departamento de Vivienda, dirigido por Iñaki Arriola, socialista al igual que Pedro Sánchez y, por tanto, defensor de la ley estatal.
Esta solución de consenso buscaba en aquel momento poner primero los bueyes y después el carro: primero fijar el perímetro que legalmente se puede aplicar en Euskadi respetando el Estatuto de Gernika y la competencia exclusiva en vivienda del artículo 10.31, y después concretar a través de la consejería especializada qué medidas pueden complementar a la ley vasca. Fuentes del departamento de Arriola citadas por El Diario Vasco aseguraban estos días que estaban elaborando un documento para la aplicación de esta ley. Consultadas a este respecto por el Grupo Noticias, fuentes del Departamento de Garamendi se limitan a decir que la aplicación de la ley está pendiente de un análisis jurídico que no está hecho.
El propio lehendakari ha defendido en anteriores ocasiones la pertinencia del análisis jurídico y la posterior clarificación de las medidas que se podrían aplicar. La posibilidad de recurrir o no esta ley ante el TC también depende del análisis jurídico y no se ha tomado una decisión, según las mismas fuentes.
INDICADORES
Garamendi no ha llegado a confirmar tampoco en público si habrá recurso porque depende de esos servicios jurídicos y no de una decisión política. En cualquier caso, desde su punto de vista ya deslizó que algunos aspectos pueden ser problemáticos, como la declaración de zonas tensionadas en las que podrán fijarse límites para los precios del alquiler, porque aunque en teoría se deja en manos de las comunidades, se les imponen los requisitos que deben cumplir esas zonas (que la carga del alquiler y los suministros básicos supere el 30% de la renta media, o que el precio haya subido tres puntos por encima del IPC en cinco años).
Arriola ha declarado que la ley vasca es más avanzada, pero que la estatal permitirá tomar decisiones como las zonas tensionadas y, para ello, ha preparado una serie de indicadores dentro del Plan de Estadística 2023-2026 que pudieran servir para arrojar luz sobre el esfuerzo que dedican las familias vascas a pagar la vivienda. En el caso vasco, los informes jurídicos clarificarán el escenario, mientras en el Estado el triunfo del PP en las autonómicas pone muy en solfa su aplicación. Todo ello, en puertas de unas generales que alientan las dudas.
