El Estado dibuja una hoja de ruta para acabar con la exclusión, la violencia y avanzar en los derechos de la infancia

A propuesta del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, el Consejo de Ministros ha dado luz verde a un documento que se articula en torno a ocho áreas estratégicas para acabar con la pobreza infantil, fortalecer el desarrollo en entornos saludables, el derecho a ser cuidados, el fomento de la participación o la protección frente a las violencias.

La estrategia establece la visión y las metas que se quieren conseguir hasta 2030 para garantizar "un país por y para la infancia", junto a los derechos que deben ser efectivos para todos los niños, y ha contado para su elaboración con las aportaciones del Consejo Estatal de Participación de la Infancia y de la Adolescencia, integrado por menores de entre 8 y 17 años.

Una guía para el futuro

"Es una guía hacia un futuro donde todos los derechos de los niños, niñas y adolescentes estén plenamente garantizados, con medidas para acabar con la pobreza infantil, fomentar la participación, proteger frente a la violencia o fortalecer el desarrollo de entornos saludables", ha destacado la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra.

Ha apostado por destinar "todos los esfuerzos y recursos que sean necesarios" para poner en marcha las medidas que incluye, como un sistema de atención temprana, acciones para reducir la tasa de abandono escolar y la brecha digital o el aumento de especialistas de salud mental.

La estrategia arranca con el objetivo de que todos los menores puedan ejercer sus derechos, disfrutar de bienestar y desarrollarse plenamente en igualdad de condiciones y sin discriminación, en entornos saludables, inclusivos y seguros, libres de violencia, donde se escuche y se tome en cuenta sus opiniones.

Detalla la acción del Estado y de las administraciones en torno a esas áreas y metas, incluyendo las Observaciones realizadas a España por el Comité de los Derechos del Niño en 2018.

Exclusión y pobreza infantil

Recoge el compromiso del Estado español de reducir la tasa de riesgo de pobreza y exclusión de un 26,2 % de 2019 a un 20,2 % en 2030.

"La reducción del AROPE infantil será de 8,6 puntos porcentuales, lo que equivaldría a unos 713.003 niños, niñas y adolescentes menos en riesgo de pobreza y exclusión, partiendo de una línea de base de casi 2,6 millones de niños y adolescentes", recoge el documento.

Derecho a vivir en familia

Ningún menor de 10 años debe vivir en un recurso residencial, el acogimiento familiar alcanzará al 70 % de la infancia del sistema de protección y el Estado limitará a 12.000 los menores tutelados en centros residenciales (16.177 en 2021).

Reducción, antes de 2031, del número medio de plazas de los centros hasta 15 y transformación de los de más de 30 plazas, cerrándolos o creando en ellos hogares independientes.

Menores migrantes

El Estado español tiene la obligación jurídica de proteger a cualquier menor que esté en su territorio, independientemente de su situación migratoria o el modo en que haya entrado al mismo, destaca la estrategia, que plantea consolidar la coordinación entre regiones y poner fin a la práctica de devolución automática de algunos niños antes de finales de 2030.

A 30 de noviembre de 2022, según el Ministerio del Interior, había 11.618 menores de edad no acompañados bajo la tutela o acogimiento de los servicios de protección, 9.715 niños y 1.903 niñas.

Hogares conectados

La meta para 2030 es que todos los menores tengan competencias digitales básicas en el sistema educativo y una parte competencias avanzadas. Los hogares dispondrán de "conectividad gigabit" y todas las zonas pobladas estarán cubiertas por 5G.

Se reduce a la mitad la brecha en el uso de internet para hacer los deberes entre la infancia vulnerable y el conjunto de la infancia.

Escolarización

La meta para finales de 2030 es aumentar la tasa de escolarización temprana en 0-1 años al 55% y de 1-2 años al 85%; reducir la tasa de abandono temprano al menos al 9% y la segregación escolar.

Respecto a los alumnos con discapacidad, plantea centros ordinarios con más recursos y reducir el alumnado en centros de educación especial (actualmente el 17%).

Entornos seguros

En dos años, deben estar en marcha un único Registro Unificado de Servicios Sociales sobre Violencia contra la Infancia (RUSSVI) y un Registro Central de Información sobre Violencia contra la Infancia y Adolescencia.

En 2030, para garantizar entornos protectores y seguros, deberá completarse la especialización civil y penal, la atención gratuita y servicios amigables y multidisciplinares en todas las comunidades.

Salud y bienestar

Entre los objetivos, reducir el exceso de peso en un 20-25% entre los niños de 6 a 16 años, un 40% la brecha social en obesidad y un 50% la baja adherencia a dieta mediterránea. También, aumenta el número de especialistas en salud mental y apoyo psicosocial y reducción de suicidios.

Ningún niño vivirá en asentamientos chabolistas y se reduce en un 30% el consumo diario de tabaco, de alcohol y cannabis en los menores.