La decisión de tramitar en el parlemento andaluz una propuesta de ley que ampliará formalmente la zona regable en la parte norte del Parque Nacional de Doñana, a pesar de la oposición del Gobierno central, ha enrarecido las relaciones entre ambos niveles de la Administración a mes y medio de las elecciones municipales y autonómicas del próximo 8 de mayo.
El ejecutivo autonómico encabezado por Juan Manuel Moreno Bonilla (PP) y apoyado por VOX, ha dado luz verde hoy a esta iniciativa, que será tramitada por la vía de urgencia y podría ser aprobada por el pleno del parlamento regional entre mediados de mayo y mediados de julio, aunque cuenta con el rechazo de los partidos de la oposición: PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía.
La proposición reconoce como agrícolas unas 800 hectáreas de los municipios de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado (Huelva), si bien precisa que no autorizará ninguna extracción de aguas del acuífero de Doñana, ya mermado por los pozos ilegales y también por la sequía.
El derecho a riego a nuevas hectáreas se concederá, según la Junta, a través del agua superficial que llegue a través del trasvase de la demarcación de los ríos Odiel-Tinto-Piedra, una obra que, afirma, debe acometer el Estado.
Varios ministros han mostrado su contrariedad, incluyendo a la responsable de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, quien ha advertido de que el Gobierno tomará "todas las medidas que sean compatibles con la Constitución y el Derecho europeo" ante esta "frivolidad", teniendo en cuenta que España ya "ha sido condenada por el mal estado de Doñana" en el pasado y la nueva propuesta es "una provocación de enormes dimensiones".
Con la vista puesta en la reunión del Consejo de Participación de Doñana convocada para el próximo lunes, Ribera ha insistido en que sus integrantes "con muy poquitas excepciones" consideran lo ocurrido como un "inmenso error" y "gran deslealtad institucional", además de difundir "un mensaje engañoso, ya que no hay agua" disponible y además "tiene muy poco sentido prometer lo que no le toca gestionar a uno".
Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha ido más allá al llamar a "frenar el ecocidio" que conducirá a "acabar con los recursos hídricos de Doñana hasta desecar el paraje" y ha confirmado que Podemos recurrirá ante el Tribunal Constitucional si la medida es finalmente aprobada, mientras Izquierda Unida presentaba en el Parlamento Europeo una denuncia por la situación en la que exige protección ante el "atentado medioambiental que pretende aprobar la Junta de Andalucía".
En la misma línea, el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha acusado al PP de "estar fuera de control", "no cumplir la ley" y "tratar de degradar Doñana".
La Comisión Europea dijo a mediados de febrero que está dispuesta a utilizar "rápidamente todos los medios disponibles" para garantizar la ejecución de una sentencia de la Justicia europea que condenó a España en 2021 por no proteger los humedales de Doñana, unos de los "más destacados" de Europa.
La directora general de Medio Ambiente del Ejecutivo comunitario, Florika Fink-Hooijer, envió una carta a las autoridades españolas para transmitir su preocupación e instarlas a aplicar cuanto antes las medidas necesarias para hacer cumplir la sentencia judicial.
Mientras tanto, el presidente autonómico, Juanma Moreno, contesta que lo que es "una enorme frivolidad es que quienes han permitido que se vulneren los acuíferos" durante tantos años teniendo las competencias de la Confederación Hidrográfica del río Guadalquivir "hablen ahora de defender a Doñana".
"Queremos poner una solución para que nadie pueda conseguir agua del subsuelo, para que no se amplíen los regadíos y poner orden en el caos que han creado ellos durante tantos años de gobierno", en referencia a los más de 40 años consecutivos -entre 1978 y 2019- en los que Andalucía fue gobernada por el PSOE, hasta la victoria de Moreno en las anteriores elecciones autonómicas.
Además, ha censurado que "ni una sola vez" el Gobierno de España convocara a la Junta de Andalucía para negociar sobre este asunto y ha reiterado que "nadie va a defender más el Parque Natural de Doñana que la Junta de Andalucía", que considera "una joya inexpugnable" con "el máximo de protección legal".
La defensa incluirá explicar a la UE la situación "de manera correcta y que no caigan en las falsedades que se están diciendo por parte del Gobierno de España".
