La Justicia francesa ha dado su autorización para que el exdirigente de ETA Javier García Gaztelu, 'Txapote', sea juzgado en el Estado español por un atentado contra un centro de menores de Zumarraga en febrero de 2001, en concreto por haber constituido el comando que lo perpetró.

La sala de instrucción del Tribunal de Apelación de París dio su visto bueno este miércoles a la demanda de la Audiencia Nacional de Madrid para ampliar la entrega de "Txapote" al Estado español, donde cumple condena por otros hechos, para que se siente en el banquillo por tres delitos en relación con ese atentado.

El Tribunal de Apelación de París considera en su dictamen que esa demanda de extensión por los cargos de estragos terroristas, secuestro y detención ilegal se ajustan a los requerimientos legales de las euroordenes.

Según la información comunicada por la Audiencia Nacional de Madrid, si fuera declarado culpable podría ser condenado a penas de hasta 20, 15 y 3 años, respectivamente, por cada uno de esos cargos.

García Gaztelu, que fue jefe del aparato militar de ETA, no está inculpado por ser uno de los autores materiales del atentado con artefactos explosivos contra el centro de menores de Zumarraga en la noche del 19 de febrero de 2001, sino por haber reclutado a los miembros del comando "Toto" que lo perpetró.

Fueron tres miembros del comando los que llegaron armados al centro, en el que todavía no residía ningún menor.

Neutralizaron y maniataron a los vigilantes, a quienes mantuvieron secuestrados, y colocaron bombas en distintas dependencias del edificio, que explotaron sucesivamente a partir de la medianoche y que ocasionaron grandes destrozos en el edificio, pero ningún herido.

La Justicia francesa tenía que dar aval para sentarlo en el banquillo por estos hechos, porque Txapote fue arrestado en Francia, precisamente tres días después de los hechos de Zumarraga.

Mientras cumplía la condena que se le impuso en Francia, la Justicia de ese país ya autorizó su entrega a España -que se consumó en diciembre de 2007- por dos causas.

Más adelante, también ha dado su visto bueno para ampliar esas entregas en seis ocasiones más, la última en junio de 2022.

Sobre estas acusaciones actuales por el atentado de febrero de 2001 ya fue interrogado el 1 de junio de 2021 y entonces el etarra había pedido que se rechazara la demanda española, algo a lo que el Tribunal de Apelación de París no ha accedido.

El pasado 23 de marzo, García Gaztelu y otros dos exdirigentes de ETA, Juan Antonio Olarra Guridi y Ainhoa Múgica, declararon ante la Audiencia Nacional sobre su presunta implicación en el señalamiento como objetivo del magistrado del Tribunal Supremo José Francisco Querol, asesinado en un atentado con coche bomba el 30 de octubre de 2000 en Madrid.

La declaración de los tres se limitó a recordar el principio de especialidad, por el que no pueden ser juzgados en España por unos hechos por los que Francia no acordó su extradición.

Eso significa que para encausarlos, la Justicia española tendría que solicitar expresamente a Francia una extensión de sus entregas.

Información sobre Troitiño

Por otra parte, el Tribunal de Apelación de París pide a la Audiencia Nacional de Madrid que aclare algunos puntos de su demanda para poder juzgar a Jon Joseba Troitiño por su presunta implicación en una manifestación violenta en Donostia el 7 de abril de 2000 antes de pronunciarse sobre si le da el visto bueno.

La sala de instrucción del Tribunal de Apelación de París dio este miércoles hasta el 5 de junio para que los magistrados españoles respondan al complemento de información que les ha pedido y para que esa respuesta se traduzca al francés.

La sala de instrucción espera, en particular, aclaraciones sobre la aplicación del llamado principio de especialidad, por el que una persona entregada a otro país para ser juzgada decide si también permite que ese otro país la juzgue en el futuro por acusaciones diferentes a las que han dado lugar a la autorización de entrega. Sobe la base de los elementos que reciba, ha convocado una nueva audiencia el 21 de junio.

Troitiño se encuentra encarcelado por otros hechos en el Estado español, adonde fue entregado por Francia, y la Audiencia Nacional ha solicitado una extensión para sentarlo en el banquillo por el cargo de terrorismo en relación con su participación ese 7 de abril de 2000 en una manifestación de la izquierda abertzale en la capital guipuzcoana.

Los investigadores españoles encontraron sus huellas en artefactos incendiarios y pirotécnicos utilizados durante esa acción.

La defensa del preso de ETA, en la audiencia que se celebró el pasado 8 de marzo, en Donostia, había cuestionado el interrogatorio del que fue objeto Troitiño sobre esos hechos en el Estado español y el cambio de la calificación penal entre una primera demanda hace un par de años, que fue rechazada por Francia, y la actual.

La Justicia francesa tiene que dar su autorización para cada nueva causa abierta contra Troitiño en el Estado español porque fue arrestado en Francia en julio de 2005 y condenado allí a seis años de cárcel.

La Audiencia Nacional de Madrid ya habían solicitado a Francia en 2021 su entrega por la misma manifestación de Donostia pero entonces por el cargo de detención ilegal de explosivos. Por razones formales, la sala de instrucción del Tribunal de Apelación de París no dio su visto bueno a ese procedimiento.

El 31 de marzo de 2022, la Audiencia Nacional emitió una nueva euroorden, en ese caso con la acusación de terrorismo, lo que significa que si fuera declarado culpable podría ser condenado a una pena de hasta 20 años.

Francia autorizó en agosto de 2005 una primera vez la entrega de este etarra a España por su responsabilidad en los atentados contra dos hoteles en Alicante y Benidorm el 23 de junio de 2003, que causaron 14 heridos y abundantes daños materiales. La Audiencia Nacional de Madrid lo condenó en julio de 2011 a 268 años por ese doble ataque, en el que también participó el etarra Asier Eceiza.