El Tribunal Constitucional ha avalado por unanimidad el decreto ley digital del Gobierno de Pedro Sánchez para frenar lo que se conoce como "república digital" catalana.
Fuentes jurídicas han informado a EFE de que el pleno del tribunal de garantías rechazó en su último cónclave el recurso del Govern contra el Real Decreto sobre seguridad digital, que permite al Ejecutivo intervenir servicios digitales si amenazan al orden público, en una de las primeras votaciones importantes en que se alcanza la unanimidad con la nueva composición del tribunal.
Dicho decreto fue calificado por sus críticos como "decretazo digital" y el exconseller Jordi Puigneró lo tildó de "155 digital".
El Govern entendía que el decreto afectaba competencias de la Generalitat en cinco ámbitos: infraestructuras digitales y despliegue de la fibra óptica; identidad digital, despliegue de la administración digital, ciberseguridad y contratación pública.
El Consejo de Ministros dio luz verde el 31 de octubre de 2019 a este Real-Decreto, cuya puesta en marcha fue anunciada por Sánchez para frenar los intentos del independentismo de extender lo que se conoce como la "república digital" catalana.
Permite al Gobierno, con carácter excepcional y transitorio, acordar la asunción por la Administración General del Estado de la gestión directa o intervención de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas en tres determinados supuestos excepcionales: que puedan afectar al orden público, a la seguridad pública y a la seguridad nacional.
Partidos como ERC y EH Bildu mostraron su oposición al mismo y pidieron su "inmediata" derogación por considerar que ponía en riesgo los derechos básicos.
También varias organizaciones en defensa de los derechos digitales, de internautas, consumidores y juristas pidieron al Defensor del Pueblo que lo llevase al TC al entender que afectaba a derechos fundamentales, si bien este órgano lo rechazó por haberse iniciado acciones en este sentido por parte de otras entidades.
