El PP ha vuelto a encontrar una nueva justificación para demorar la renovación del Poder Judicial pese a que, según Pedro Sánchez, el acuerdo está cerrado, "listo y preparado", algo que desde Génova desmienten. La pretensión del Ejecutivo español de abordar la reforma de la sedición, que podría beneficiar a ciertos dirigentes soberanistas, sirve ahora de asidero para que el partido de Alberto Núñez Feijóo, en su estrategia de desgaste a Moncloa, trate de sacar rédito a costa de ralentizar la remodelación del órgano de gobierno de los jueces. La intervención ante el pleno de la titular de Hacienda, María Jesús Montero, anunciando la intención de homologar este delito en el Código Penal a las penas de otros países europeos, de modo que sea el Congreso quien "soberanamente tendrá que decidir sobre esta cuestión”, ha soliviantado a la formación conservadora, hasta el punto de que la dirigente socialista se ha visto obligada a matizar que no existe en la Cámara baja la mayoría suficiente para superar con éxito esa votación, algo que no comparten los socios del bloque de la investidura. Desde el gabinete de Sánchez se ha tenido que trasladar a todos los ministerios un mensaje para que sus intervenciones se realicen desde la prudencia con tal de no colocar más aristas en el pacto sobre el CGPJ.

Horas antes socialistas y populares habían acordado que los magistrados que ocupen cargos políticos no puedan regresar de forma automática a la carrera judicial, como ocurre en la actualidad, lo que afectaría a varios jueces vinculados a ambos partidos. Y, aunque el diálogo sigue abierto, arrecia de nuevo la tormenta en este debate, de ahí que Sánchez, en Pretoria junto al presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, haya querido separar ambos asuntos. A su juicio, una cosa es la agenda legislativa que él presentó en el debate de investidura y con la que se puede discrepar, como viene haciendo el PP desde el inicio de la legislatura, y otra es "el cumplimiento estricto de las obligaciones constitucionales". Por ello, ha emplazado a Feijóo a acabar con una "crisis institucional sin precedentes en España" y se renueve tanto el CGPJ como el Tribunal Constitucional. "Solo falta dar respuesta a la voluntad política de los grupos y decir si se quiere renovar o no. Por nuestra parte, sí", ha zanjado.

Sin embargo, el líder del PP le ha instado a aclarar si está dispuesto a proteger el Estado tras la "divergencia" de opiniones en relación con la sedición. Es más, ha avanzado que si gobierna agravará las penas por este delito y el de rebelión, y tipificará como delito la convocatoria de un referéndum ilegal. A su entender, están tipificados en los códigos penales de las democracias liberales y occidentales con "mucha dureza" porque se trata de preservar la "unidad de la nación", dado que en algunos casos tiene una pena de "prisión permanente". El jefe de la oposición ha lamentado que Sánchez tenga como socios a partidos políticos independentistas que fueron "los autores" de una "rebelión-sedición" que se produjo en 2017. "No sabemos exactamente hacia donde va el Gobierno. Hay contradicciones de distintos miembros y necesitamos saber si el Gobierno está dispuesto a proteger la democracia española o está dispuesto simplemente a intentar sobrevivir", ha afirmado en alusión a un presunto cambio de cromos con el soberanismo para sacar adelante los Presupuestos.

Réplica de Esquerra

Previamente, y en este contexto, Sánchez había sugerido que antes de presentar un proyecto de reforma del delito de sedición, debería contar con el compromiso de ERC de que lo apoyará, a la vez que esta formación tendría que asumir que se cometieron delitos durante el procés. Sostiene que con medidas como los indultos y tratar de sacar el conflicto de la vía judicial su Ejecutivo ha contribuido a que la situación esté cambiando aunque no esté solucionada. Esquerra, por boca de Gabriel Rufián, le ha respondido que su partido aboga por una reforma de la sedición para que sea "lo más homologable" al entorno europeo, indicándole que sí hay mayoría parlamentaria para aprobarla, aunque desde el Gobierno lo nieguen. "Es mentira, también lo dijeron con la moción de censura", ha replicado el dirigente republicano, mientras que fuentes de EH Bildu corroboraron a la agencia Efe que creen que una reforma para rebajar la pena contaría con mayoría de sobra para ser aprobada.