Ante la parálisis que sufre la negociación de las transferencias pendientes, con la única excepción de los trenes de cercanías, el lehendakari quiere que el Gobierno español haga un gesto cualitativo para reactivar este proceso y que esa respuesta llegue antes del 25 de octubre. En esa fecha simbólica, se cumplen 43 años desde la aprobación del Estatuto de Gernika y, salvo que lo remedie algún movimiento in extremis del Ejecutivo de Sánchez, volverá a quedar patente el incumplimiento de esta ley con una treintena de materias que aún no son gestionadas por Euskadi y que el Estado retiene para sí mismo. 

Según explican fuentes de su entorno a este periódico, Iñigo Urkullu tiene ese aniversario en mente cuando da un mes de plazo a Pedro Sánchez para que responda a su oferta de crear una Comisión Permanente de Traspasos. Esa comisión tendría la virtud de permitir un diálogo constante y fluido, no solo cuando convenga al Estado por necesitar los votos del PNV en el Congreso de los Diputados. El mes de plazo lo tomó Urkullu de la disposición transitoria segunda del Estatuto, que en 1979 hablaba de reunir una Comisión Mixta en el plazo de un mes para fijar las normas del proceso de traspasos.

En el pleno de política general de finales de septiembre en el Parlamento Vasco, el lehendakari solicitó una prueba de confianza al Gobierno español para que demuestre que este proceso sigue en pie, y lo concretó pidiendo tres gestos: el traspaso inmediato de los trenes de cercanías, constituir los grupos de trabajo para abordar las seis materias sobre las que ha enviado una propuesta por escrito la consejera Olatz Garamendi, y crear una Comisión Permanente, aunque el lehendakari está abierto a escuchar lo que proponga Sánchez. 

Solo una reunión sin definir

Esta oferta se la envió por la mañana el día del pleno, y aún no ha recibido una respuesta. Hasta la fecha, lo que ha hecho el Ministerio de Política Territorial ha sido adelantar a este periódico su voluntad de que se produzca una reunión entre las partes para abordar la viabilidad del proceso pendiente y posibles alternativas a los traspasos, aunque no está definida su fecha ni el formato o los participantes en la cita. Es un movimiento, pero no es la Comisión Permanente ni se ha concretado en nada aún. El lehendakari ha dado un mes de plazo, que coincide con el 25-O, lo que abre la puerta a que ese día Urkullu realice algún llamamiento público o denuncia. El PNV gobierna en coalición con los socialistas vascos que, por boca de Eneko Andueza, por ahora restan relevancia a las competencias pendientes y niegan que sea necesario crear una Comisión Permanente porque así quitan presión a su líder. Insisten en que el Ministerio anuncia una nueva fase, aunque todavía no hay hechos sobre la mesa.

Una fecha también clave para los Presupuestos

La fecha del 25 de octubre también coincide con un momento clave en la tramitación de los Presupuestos estatales. El PNV lleva semanas avisando con claridad de que ya no aceptará negociar traspasos por Presupuestos, lo que implica que quiere que quede despejado ese conflicto antes de empezar a hablar de las Cuentas. Exige al Gobierno español que explique cómo se van a cumplir los compromisos pendientes antes de abordar los Presupuestos. Y se da la circunstancia de que está previsto que el Congreso de los Diputados debata las enmiendas a la totalidad a finales de octubre o principios de noviembre. 

Es decir, el mes de plazo del lehendakari, el aniversario del Estatuto de Gernika y las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos estatales confluyen en una especie de conjunción planetaria que redobla la presión sobre el Ejecutivo español, hasta ahora poco inquieto con esta cuestión. La situación es diferente en el PSE que, aunque resta importancia a los traspasos, comienza a dar muestras de incomodidad con la presión del PNV y se rebela insinuando que le da lo mismo apoyar a Sánchez o a Feijóo.

La Comisión

El lehendakari propone crear una Comisión Permanente de traspasos, un nuevo foro, distinto a los dos que ya existen: los grupos bilaterales de trabajo entre los técnicos de ambos gobiernos, que solo intercambian información sobre un traspaso concreto que esté en fase de negociación; y la Comisión Mixta de Transferencias, que solo se convoca cuando esos grupos bilaterales han alcanzado un acuerdo y hay que ratificarlo con la firma final. ¿Por qué no le vale al lehendakari con estos dos grupos? Porque el proceso de negociación está parado con la excepción de los trenes de cercanías, y desde la aprobación del Estatuto se ha demostrado que el Estado solo negocia cuando necesita los votos del PNV. Es decir, no hay un proceso estable y constante de diálogo, sino que aparece y desaparece como el Guadiana, en función de criterios de oportunidad política o voluntad de acordar.

La Comisión Permanente abordaría todo el proceso pendiente sin que nadie pueda interrumpir de manera unilateral el diálogo. Ese foro reuniría al Ministerio y las consejerías competentes en las materias que se traten, y habría un preacuerdo sobre las fechas para dialogar. El Gobierno español solo está negociando las líneas de tren de cercanías, y Garamendi aprieta para conformar los grupos de trabajo en otras seis materias (autorizaciones iniciales de trabajo en migración, ordenación del litoral, meteorología, salvamento marítimo, fondo de protección a la cinematografía, y Centro de Verificación de Maquinaria de Barakaldo).