Pedro Sánchez y su Gobierno retomarán la faena el martes día 23 tras unas escuetas y atípicas vacaciones y con el foco puesto en el próximo ciclo electoral y una antesala donde la cargada agenda legislativa pendiente puede marcar un antes y un después. El líder socialista se marchó de asueto congratulándose de que su Ejecutivo ha cumplido el 53% de los compromisos adquiridos para la legislatura y regresa bajo el eslogan de “proteger a las clases medias y trabajadoras y avanzar en la modernización de la economía y del país”. El presidente español, que de entrada emprenderá un viaje con paradas en Colombia, Ecuador y Honduras para entrevistarse, respectivamente, con los tres presidentes recientemente elegidos, se ha propuesto voltear las encuestas y tomar la iniciativa tras el revolcón en la cúpula de Ferraz y la bocanada de aire insuflada en el debate de política general. Una vez expire el estío, tocará afrontar la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023, primero entre PSOE y Unidas Podemos, y con un horizonte donde hay pendientes más de medio centenar de proyectos de ley.
Con la dificultad de cómo encajar el mayor desembolso en el área militar, las Cuentas disponen ya de techo de gasto aprobado por el Consejo de Ministros -198.221 millones de euros, cifra récord y un 1,1% más respecto al pasado año-, con la perspectiva de que estén listas para primeros de octubre de cara a remitirlas después al Congreso y para que sean avaladas por las dos Cámaras en diciembre. Las conversaciones, que ahora comandará el nuevo portavoz parlamentario, Patxi López, discurrirán de manera paralela a la de la proposición de ley que crea un gravamen para los bancos y otro para las energéticas, para la que Sánchez necesitará apoyarse en sus socios de investidura, sin tener aún todos los respaldos garantizados, bajo el paragüas del contexto de máxima incertidumbre internacional y con la guerra en Ucrania aún latente. Encarrilada la ley de memoria democrática o la ley del sí es sí -falta el trámite en el Senado-, en este escenario irrumpirán además normativas de alto contenido social como la ley de Vivienda, que generó mucha división en el debate de totalidad, y la ley de Seguridad Ciudadana, en permanente tramitación parlamentaria, con ánimo de enviar pronto a la Cámara baja la nueva norma de información clasificada -remitida a los órganos consultivos-. Cabe recordar que Sánchez y Pablo Iglesias, por entonces vicepresidente del Gobierno, consensuaron en octubre de 2020 legislar el precio de los alquileres para sus primeros Presupuestos juntos pero no hubo acuerdo hasta las Cuentas de 2021 y no pudo enviarse el texto al Congreso. Superadas las enmiendas de totalidad, ahí se paralizó todo ante el temor fundado por parte de los socios de investidura de una (nueva) invasión competencial.
Contenido social
Teniendo en consideración que únicamente quedan dos periodos de sesiones en Congreso y Senado: de septiembre a diciembre de 2022, y de febrero a junio de 2023, amén de unas escasas semanas entre septiembre y octubre del próximo año de apurarse al máximo el mandato; a nadie se le escapa que la pugna electoral hará aflorar la necesidad de los partidos de marcar impronta y la complejidad de tejer alianzas entre los aliados. Con todo, la prioridad del “crecimiento económico y la ampliación de derechos sociales” no se discuten en la carpeta del Ejecutivo. De hecho, hay proyectos que no han llegado aún al trámite parlamentario y que albergan gran valor político, como la ley para abolir la prostitución, lanzada por el PSOE y que dividió al Gobierno; o la ley trans, impulsada por el ministerio de Irene Montero. Otras normativas propias del bando morado son la nueva ley de empleo de Yolanda Díaz; la ley de Bienestar Animal de Ione Belarra, aprobadas en Consejo de Ministros en los dos últimos meses; o la ley Orgánica del Sistema Universitario, de Joan Subirats.
En el Congreso reposan otras leyes de relevancia por la crisis energética: por ejemplo, se mantienen paralizadas desde hace más de un año dos que buscan rebajar la factura de la luz -ley de creación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema eléctrico y ley para actuar sobre la “sobrerretribución” por CO2 de algunas tecnologías-. Igualmente, las que conectan con la seguridad, como son la ley sobre precursores de explosivos o la citada ley mordaza. Otro paquete lo forman las que aún no han aterrizado en el Congreso y a las que queda un tiempo de cocción, como la de Secretos Oficiales para sustituir a la de 1968, la reguladora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) o la de diversidad familiar. El Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos ha logrado aprobar, en definitiva, 154 leyes desde que dio inicio a su aventura -y que serían 155 de no haber sido tumbada por la Cámara baja el decreto ley sobre los remanentes municipales-.
Entre tanto, desde Catalunya el Govern presionará con la pactada desjudicialización del conflicto acordada en la última mesa de diálogo del pasado 27 de julio, con el escollo de la reforma del delito de sedición que Sánchez aspira a homologarlo al tipo penal de otras legislaciones europeas pero sin suprimirlo, y con la esperanza de que este foro de negociación vuelva a celebrarse antes de que termine 2022, en esta ocasión en Barcelona. Pere Aragonès exige reformas legales que resuelvan causas abiertas en los tribunales por el procés ante la inviabilidad de una ley de amnistía y pide resultados antes de finales de año, donde incluye la remodelación del Tribunal de Cuentas y garantías para que no se produzcan nuevamente movimientos como el espionaje masivo al independentismo y que supuso el relevo al frente de la dirección del CNI.
Mercado eléctrico e inflación
En esta tesitura, todo apuntaba a que en la primera quincena de septiembre quedaría resuelta la renovación del tercio del Constitucional que corresponde a Gobierno -dos magistrados- y Consejo General del Poder Judicial -otros dos-, aunque seguirá en el limbo la actualización del CGPJ, una guerra perdida -y más tras airearse el pacto secreto del PSOE con el PP de Pablo Casado- por las diferencias con Alberto Núñez Feijóo, quien no deja de presentar batalla discursiva con el plan de contingencia del Ejecutivo, que debe presentarlo a Bruselas, como el resto de los Estados miembros, a principios del próximo mes, y que seguramente incluirá medidas más severas de las que ya han entrado en vigor. La pelea por la reforma del mercado eléctrico y el control de la inflación (del 10,8% en julio) ocupan buena parte de los quebraderos de Sánchez.
El primer reto tiene como finalidad desacoplar el precio del gas del mercado mayorista y establecer un tope máximo al precio de las emisiones de CO2. El Ejecutivo quiere esforzarse en lograr la independencia energética del Estado español respecto del gas ruso -supone el 10% del total- y en “ser clave en la UE para que otros países puedan desengancharse de Putin”. Ello, mientras Alemania urge a la construcción de un gasoducto desde España que necesitaría de una mayor implicación de la Comisión y del Consejo Europeos. El segundo objetivo del Gobierno, que ya ha garantizado la actualización de las pensiones conforme al IPC, se centra en el nuevo paquete anticrisis hasta el 31 de diciembre para recortar el dato inflacionista en 3,5 puntos pero bajo la incógnita de si el alza de precios seguirá fuera de control.
Foco electoral
El PSOE, y en concreto Sánchez, divisa el domingo 28 de mayo de 2023, fecha en que se celebrarán elecciones en todos los municipios del Estado y en 12 de las 17 comunidades, más Ceuta y Melilla. Los socialistas, a quienes los sondeos no les señalan con el viento a favor sino todo lo contrario, comandan hoy en día nueve de esa docena de autonomías (Nafarroa, Asturias, Aragón, Comunitat Valenciana, Extremadura, Castilla-La Mancha, Baleares, Canarias y La Rioja). Murcia y Madrid están en poder del PP, y Cantabria en manos del PRC de Miguel Ángel Revilla en coalición con el PSOE. Castilla y León no tendría comicios hasta 2026 después de su cita con las urnas del 13 de febrero, pero no es descartable que Alfonso Fernández Mañueco ordene un adelanto electoral para tirar del gancho de Feijóo y librarse de la alargada sombra de Vox. Esta convocatoria servirá para gestar un estado de opinión de cara a las generales, en la escaleta para diciembre de 2023. Un panorama sin certezas, a la carrera y donde no hay respiro.
El curso político arrancará con un pleno extraordinario de peso
La actividad política se reanuda esta semana con el primer Consejo de Ministros del nuevo curso y un pleno extraordinario en el Congreso, que votará asuntos de peso como el decreto de ahorro energético o la ley de garantía integral de la libertad sexual, conocida como la del solo sí es sí. El miércoles por la tarde, la Diputación Permanente de la Cámara baja debatirá las peticiones de comparecencia del PP a ocho ministros. Los populares piden la comparecencia de la ministra de Transición Energética para tratar temas como los incendios, el decreto energético o la sequía; y también solicitan la de la responsable de Trabajo para abordar la destrucción de empleo; o la de la titular de Transportes para dilucidar por qué un tren se aproximó al incendio forestal de Bejís, en Castellón. El partido de Feijóo emplaza asimismo a comparecer a la ministra de Sanidad, para informar sobre las vacunas de la viruela del mono; la de Defensa, para dar explicaciones sobre la retirada de agentes del CNI en Euskadi y Catalunya, y el despliegue de tropas ante la amenaza rusa en el este de Europa; y el de Presidencia, por la mesa de diálogo con el Govern de Pere Aragonès.
El jueves tendrá lugar el pleno para convalidar varios decretos, como el de ahorro energético o el que regula el nuevo sistema de cotización de los autónomos, y aprobar de forma definitiva tres leyes remitidas por el Senado, la de garantía integral de la libertad sexual, la reforma de la ley concursal y el proyecto de ley de Ciencia, la Tecnología y la Innovación. El plan energético que Moncloa aprobó por vía real decreto el pasado 1 de agosto y que se empezó a aplicar el pasado día 8 provocó un enfrentamiento del Gobierno con el PP y las autonomías donde gobierna este partido, especialmente en la Comunidad de Madrid, ya que Isabel Díaz Ayuso lo recurrirá ante el Constitucional.
Sobrevolarán en el debate polémicas como el indulto parcial que la familia de José Antonio Griñán pedirá -con el apoyo de socialistas como Zapatero y Felipe González- ante la condena al expresidente de la Junta por el caso de los ERE, los rumores de remodelación del Gobierno, que Sánchez ha negado, o la persistencia del bloqueo para renovar el CGPJ, que ha vuelto a enfrentar al Ejecutivo con la actual cúpula del PP.
