Que Euskadi pueda estar presente en los órganos europeos donde se deciden políticas de su competencia es una reivindicación histórica del PNV. Los sucesivos gobiernos españoles no han ocultado sus resistencias, por el simbolismo que tendría que las instituciones vascas se codearan con representantes de otros estados, de tú a tú. Pero el Gobierno vasco ha puesto sobre la mesa que debería ser un paso natural, porque Euskadi cuenta con unas haciendas forales propias y una policía integral, la Ertzaintza. Las reservas llegan hasta tal punto que el Estado ni siquiera ha querido convocar en una década la Comisión Bilateral de Asuntos Europeos para abordar formalmente esa posibilidad, aunque el Gobierno vasco ha solicitado esa reunión al menos dos veces desde 2013. Ha pasado casi una década, con gobiernos del PP y del PSOE.

El lehendakari reactiva esta demanda en un momento que le puede ser propicio para redoblar la presión: la presidencia de turno del Consejo de la Unión Europea que asumirá el presidente Sánchez en el segundo semestre de 2023 con su propósito (al menos así lo declara públicamente) de implicar a las comunidades autónomas en el debate europeo. Al socialista debería vincularlo, además, el séptimo punto de su acuerdo de investidura con el PNV: “Impulsar la construcción europea y la presencia y participación de las instituciones vascas en las instituciones de la Unión”.

Fuentes consultadas por este periódico en Lehendakaritza, a la que está adscrita la secretaría de Acción Exterior de Marian Elorza, confirman la década de parálisis en lo que se refiere a la convocatoria de esa Comisión. La propia Elorza propuso la convocatoria del grupo de trabajo de la comisión en 2013, durante el mandato del popular Mariano Rajoy en el Gobierno español, para abordar la presencia vasca en los consejos del Ecofin, que reúne a los ministros de Economía y Finanzas de los 27 países de la Unión Europea; el JAI, de Justicia y Asuntos de Interior; y el de Competitividad.

TANTEOS INFORMALES

Este año, a finales de julio, con Pedro Sánchez al frente del Ejecutivo español, la consejera de Autogobierno, Olatz Garamendi, formalizó la petición de convocar la comisión. Aprovechó la conferencia sectorial con las comunidades sobre asuntos europeos que se celebró en Leioa, donde estuvo presente el ministro de Exteriores José Manuel Albares.

El Estado no ha querido en una década dar el paso de convocar una reunión que supondría abrir el melón de par en par. No lo ha abordado, si se exceptúan los tanteos al propio Albares a finales de julio, o los sondeos a nivel sectorial que realizó en 2020 el consejero Azpiazu con la ministra Montero en la Comisión Mixta del Concierto Económico sobre el Ecofin, y los que realizó el consejero Erkoreka con el ministro Marlaska en la Junta de Seguridad sobre el JAI, donde el Estado accedió a informar con carácter previo y posterior a Euskadi sobre los asuntos abordados en ese órgano de Justicia e Interior.

UN VIZCAINO, EL PRIMERO DEL ECOFIN

Euskadi rompió en 2010 su particular techo de cristal y se abrió hueco por primera vez en un órgano europeo, aunque no en igualdad de condiciones ni en el pleno. Y tampoco fue una negociación sencilla, sino que, una vez más, el Gobierno español solo accedió por pura necesidad a cambio de salvar los Presupuestos de 2011. El PNV pactó con el entonces presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, que Euskadi participara en los grupos de trabajo del Ecofin, las reuniones que sirven para preparar los dosieres que se elevan al pleno del órgano. No tiene, por lo tanto, un asiento en el pleno.

La parte vasca hizo valer el argumento de que Euskadi cuenta con un Concierto Económico que le permite recaudar sus propios impuestos desde las diputaciones forales, y que su presencia era imprescindible, sobre todo, en momentos como ese en los que se iban a debatir impuestos sobre las transacciones financieras. El pacto suponía que los técnicos de las haciendas forales formarían parte de la delegación del Estado español en las reuniones de trabajo. La primera vez que se materializó, en 2011, ejerció la representación vasca José Gabriel Rubí, secretario general técnico del Departamento de Hacienda de Bizkaia. Las diputaciones de los tres territorios tenían que turnarse, y se decidió comenzar por Bizkaia en una reunión del Órgano de Coordinación Tributaria. Lo seguirían Gipuzkoa y Araba. En la primera cita del grupo de trabajo del Ecofin con presencia vasca, se abordaron los códigos de conducta fiscales sobre las empresas.

Ya en 2013, con Iñigo Urkullu al frente del Gobierno vasco tras el mandato del socialista Patxi López, se redobló la presión para dar un salto cualitativo en la presencia en el Ecofin, y también para tenerla en el JAI y el Consejo de Competitividad. Rajoy tenía entonces mayoría absoluta. Con el cambio en La Moncloa y la entrada de Pedro Sánchez, el PNV repescó esta reivindicación y se la planteó de viva voz en pleno a Pedro Sánchez a través de una pregunta en el Congreso de los Diputados formulada por Aitor Esteban. “Tomo nota”, se limitó a decir el presidente español en el pleno.

Desde entonces, aunque sea sin la Comisión Bilateral de Asuntos Europeos y sin celebrar reuniones expresamente para esas demandas, el Gobierno vasco ha sacado el tema a colación en convocatorias de la Comisión del Concierto Económico (donde ha mencionado el Ecofin), y en la última Junta de Seguridad (ha hablado del JAI). Erkoreka abrió camino pactando que Euskadi sea informada con carácter previo y posterior de los asuntos abordados y aclaró que, en caso de que esas sinergias no funcionaran, volvería a apretar para solicitar la presencia vasca, que se justifica en la existencia de la Ertzaintza y en las competencias propias.

En cuanto al Consejo de Competitividad, permitiría a Euskadi estar presente en los debates relacionados con la industria, una reivindicación que adquiere mayor actualidad en el presente por la incertidumbre que ha desatado en materia económica y energética la invasión de Rusia a Ucrania. El Gobierno vasco es ya un viejo conocido de las instituciones europeas. Sin tener presencia directa en ese órgano, Arantxa Tapia tuvo una interlocución frecuente con los comisarios europeos, por ejemplo, para abordar la amenaza del dumping chino sobre el acero vasco.

SÁNCHEZ COMO ANFITRIÓN

La consejera de Autogobierno ha apretado ahora con estas reivindicaciones en un momento propicio. Se da la circunstancia de que el Ecofin suele reunirse una vez al mes en Bruselas o en Luxemburgo, pero también es habitual que celebre algún encuentro en el país que ocupe en ese momento la presidencia de turno del Consejo de la Unión. El Estado español asumirá la presidencia en el segundo semestre de 2023, de manera que podría darse el caso de que sea el anfitrión del Ecofin, y se verá si para entonces Pedro Sánchez ha comenzado al menos a canalizar lo acordado con el PNV, cuando además él mismo promete implicar a las comunidades en su presidencia europea.

Este dato añade presión a Sánchez, que podría verse en la tesitura de hospedar a los ministros de la Unión sin haber movido un dedo para canalizar en algún momento las peticiones de Euskadi. No obstante, por ahora no parece que le haga demasiada mella. De hecho, el propio Sánchez ofrece que varias ciudades estatales sean sede de reuniones de la presidencia europea. El presidente español se mueve muy cómodo en el escenario europeo y sus prioridades son otras. Esas prioridades tienen que ver con la agenda de izquierdas o con exhibir la solidaridad española en el ámbito comunitario, y no con un debate vasco que tiene poca proyección fuera de las fronteras del Estado.

La Comisión Bilateral de cooperación con el Estado para los Asuntos Europeos se constituyó el 30 de noviembre de 1995 y, desde entonces, no ha alumbrado acuerdos en lo que se refiere a la presencia vasca con voz propia.

LAS PETICIONES

EN 2013, A RAJOY. La secretaria de Acción Exterior, Marian Elorza, pidió reunir el grupo de trabajo de la Comisión Bilateral. En 2011, un técnico de la Hacienda vizcaina participó por primera vez en los grupos de trabajo del Ecofin, pero no en el pleno, tras el pacto del PNV con Zapatero en 2010.

EN 2022, A SÁNCHEZ. La consejera de Autogobierno, Olatz Garamendi, formalizó el 29 de julio en Leioa su petición de convocar la Bilateral. La presidencia europea de Sánchez en el segundo semestre de 2023 da una oportunidad a Lakua para presionar.