Apenas unas horas después de la aprobación en Consejo de Ministros del plan de ahorro energético, cuyas líneas maestras avanzó Pedro Sánchez el pasado viernes en su balance del curso político, esta estrategia encontró una piedra en el camino en la figura de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. “Madrid no se apaga”, afirmó echando mano de su habitual retórica insumisa con las medidas que salen de Moncloa.
En un mensaje en las redes sociales, Ayuso explicó que no aplicará el plan porque “genera inseguridad y espanta el turismo y el consumo”, además de provocar “oscuridad, pobreza, tristeza, mientras el Gobierno tapa la pregunta: ¿qué ahorro se va a aplicar a sí mismo?”. Avanzó por ello que estudia llevar el Real Decreto Ley de medidas de sostenibilidad económica ante el Tribunal Constitucional.
Tras ello, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realizó un llamamiento a la clase política, a los partidos y las administraciones públicas para que “huyan de un comportamiento egoísta, unilateral e insolidario”. Una forma de proceder que “en nada representa el esfuerzo y el compromiso europeísta de la sociedad española”, señaló en Mallorca.
“La ley en España se cumple, y esto es un decreto ley”, subrayó Sánchez en rueda de prensa al ser preguntado por la afirmación de la presidenta de Madrid de que no aplicará las medidas recogidas en el decreto ley para la eficiencia y el ahorro energético. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, advirtió además de que Moncloa “actuará en consecuencia” con Madrid o con cualquier comunidad que “incumpla la ley”.
Para la ministra sería un mal ejemplo “promover rebeldías o insumisiones legales. No es admisible que una comunidad autónoma y su presidenta haga alarde de un incumplimiento legal” de las medidas adoptadas en el marco europeo, apostilló a Efe.
Pulso
Ningún presidente autonómico del PP salió en defensa de Ayuso, pero el coordinador general del partido, Elías Bendodo, sí trasladó su apoyo a la presidenta madrileña y al resto de responsables autonómicos, que tienen “libertad para decidir” si aplican o no el plan del Gobierno. La propia Ayuso insistió en Twitter acusando al Gobierno de Sánchez de ser el “más caro de la historia”. “La respuesta es NO: reduzca 20.000 millones de gastos inútiles de sus 22 ministerios”, espetó.
El gobierno andaluz, liderado por Juanma Moreno, tampoco entró en el pulso entre Ayuso y el Ejecutivo, pero se quejó de que éste no haya consensuado con las comunidades autónomas ni con el sector el plan de ahorro energético. Una queja similar le llegó a Sánchez desde el president catalán, Pere Aragonès, que le advirtió de que si quiere que sus medidas tengan efecto deberá “contar con quienes las deben aplicar”.
De “irresponsable” tachó el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, el comportamiento de Ayuso, mientras el presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, opinó que, con su insumisión, pretende buscarse un hueco en el PP tras perder protagonismo.
EUSKADI TIENE SU PROPIO PLAN
Pide cogobernanza. Preguntada sobre las medidas de ahorro energético del Gobierno español, la consejera de Autogobierno, Olatz Garamendi, pidió otro tipo de cogobernanza en Onda Vasca. Tras señalar que el Gobierno vasco tiene que analizar las medidas planteadas por Sánchez y tras recordar que el Ejecutivo de Urkullu tendrá su propio plan de contingencia energética, Garamendi manifestó que todas las medidas planteadas en el marco del Estado deberían haber sido “habladas y concertadas en esa cogobernanza para debatir y contrastar lo que unos y otros estamos haciendo”.
“Efectismo”. La consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, tildó de “efectistas” las medidas de Sánchez y dijo en Euskadi Irratia que la CAV tiene su propio plan, que mira a largo plazo y no es momentáneo.
