Los condenados por sedición Oriol Junqueras, Raül Romeva y Dolors Bassa han presentado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) demandas contra el Estado español por supuesta "falta de imparcialidad" en su proceso judicial y la sentencia del 1-O.

Los letrados Andreu Van den Eynde y Clara Serra, acompañados de los tres exconsellers, han expuesto este miércoles en el Col·legi de Periodistes de Catalunya los supuestos agravios de la justicia española y han insistido en que existe en todo el procedimiento "un prejuicio" que lo "contamina".

Van den Eynde ha argumentado que los tres dirigentes de ERC han vivido "indefensión" durante todo el proceso y ha asegurado que "se ha tergiversado todo el derecho" para perseguir, "no hechos delictivos, sino personas".

El letrado ha destacado que en los últimos recursos presentados ante el Tribunal Constitucional tres magistrados de nueve les han dado la razón, al reconocer que se han vulnerado derechos fundamentales, y en uno de los votos particulares se asegura que la sentencia "no describe hechos probados".

En las demandas presentadas ante el tribunal europeo se argumenta, según la abogada Carla Serra, que los tres exconsellers fueron condenados "a una pena desproporcionada y en aplicación de un delito imprevisible", y que se les restringió "arbitrariamente la libertad, tanto de forma cautelar como después en la condena".

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha afirmado: "La causa se ha construido sobre la base de condenarnos por delitos que no existen en el Código Penal", algo que ahora Europa "comienza a saber".

Para Junqueras, toda esta supuesta causa general tiene como objetivo impedir que puedan ejercer como diputados en el Parlament de Catalunya, en el Congreso de los Diputados, como senadores en el Senado o como diputados en el Parlamento Europeo.

El líder republicano cree que la causa se ha construido en base a la "deshumanización de las personas" y también "saltándose y vulnerando la jurisprudencia europea", con privaciones de libertad que han sido calificadas por algunas instituciones "como arbitrarias".

Raül Romeva ha denunciado que en la causa no hay ninguna acusación concreta "más allá que la de expresarse", la de "defender unas ideas", y se ha mostrado esperanzado en que, a través de una "justicia con mirada europea, con mirada internacional", conseguirán justicia.

La exconsellera Dolors Bassa no se ha sentido juzgada por unos hechos, "sino que el resultado ya estaba decidido" en una "causa política", con el objetivo de "descabezar" al movimiento independentista.

Los recursos de Junqueras, Romeva y Bassa señalan varias presuntas vulneraciones de sus derechos, como del principio de legalidad, del derecho a la libertad, a la libertad de expresión, el derecho a un juicio justo y a la presunción de inocencia, entre otros.

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, que se ha conectado por videoconferencia desde Ginebra, ha asegurado que el Estado ha sabido usar instrumentos judiciales "arbitrariamente" y que busca como "efecto" detener al movimiento independentista.