BILBAO - Manuel Marchena volvió a erigirse ayer en protagonista de la vista por el 1-O al reprender a los testigos de la defensa y, otra vez, a Benet Salellas, abogado del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. “No podemos permitir que el juicio se convierta en una lección de un constitucionalista a los magistrados del Supremo, esto es un insulto a los miembros del tribunal”, señaló durante el interrogatorio del letrado al catedrático de Derecho Constitucional Enoch Alberti. Interpelado sobre el denominado Libro Blanco que elaboró en su día el Consell Assessor per a la Transició Nacional, el catedrático empezó a disertar sobre el derecho a la autodeterminación del los pueblos colonizados reconocido por la ONU y, cuando iba a comenzar a hablar de un “derecho a la autodeterminación interno” fue interrumpido por el juez, quien recordó a Salellas que ese Libro Blanco es un documento incorporado a la causa, leído “de la primera a la última página” por los miembros del tribunal y conocido públicamente. “Si el testigo hace una disertación académica convierte al profesor en perito”, advirtió Marchena al abogado. La cosa no quedó ahí ya que fue endureciendo su tono para insistir en que “la Sala no puede escuchar lecciones de derecho constitucional”.

El juez no tuvo suficiente y otra vez se colocó en primer plano ante la declaración de otra de las testigos, la alcaldesa de Sant Vicenç dels Horts, Mayte Aymerich, cortándola cuando ésta manifestaba la forma en la que el entonces vicepresident Oriol Junqueras creía que el 1-O podía ser “el inicio del diálogo”. El juez instó a la testigo a que no se introdujera “por los derroteros del ideario político” de este proceso judicial. A su vez, frenó el interrogatorio del teniente de alcalde Barcelona, Gerardo Pisarello, quien para defender la labor del servicio Diplocat se remontó a explicar los orígenes de su creación. “Cuando habla de Azaña y de 1934 y usted también lo sabe, tengo la sensación de que estamos desbordando lo que es el objeto del proceso”, espetó Marchena. Varios testigos rechazaron que desde Diplocat, dependiente de la Conselleria de Asuntos Exteriores que dirigía Raül Romeva, se organizara el referéndum. Tanto Fiscalía como la Abogacía del Estado consideran que desde este organismo se pagó a los llamados observadores internacionales para dar una imagen de legalidad a la consulta. Dos testigos hablaron de Romeva como “hombre de paz”. El primero, Felix Martí, que coincidió con el acusado en la Unesco; y el segundo el director de la FundiPou, Jordi Armadans, que enumeró la trayectoria de 27 años que ha compartido con el dirigente republicano. “Siempre ha estado convencido de que la violencia no es un instrumento aceptable para la resolución de conflictos políticos”.

exdiputado de la cup Por su parte, el exdiputado de la CUP David Fernández afirmó que los comportamientos de los votantes fueron algo “espontáneo, marginal y reactivo”, ya que, “si 2,3 millones de personas hubieran desplegado una actitud violenta, no estaríamos hablando de lo que pasó”. El testigo admitió que su participación en el referéndum desobedeciendo al Constitucional era “absolutamente consciente”. “Si la autodeterminación es el delito, me declaro abiertamente culpable y reincidente, porque, mientras sea delito, seguiré delinquiendo hasta que el derecho a la autodeterminación no sea un delito sino un derecho”, proclamó. También estuvo en Economía el 20-S en medio de un ambiente “pacifista”.