La familia del juez Lidón acusa a la Justicia de inacción en la investigación del asesinato

bilbao - La familia Lidón Galarraga rompió ayer su silencio de 17 años ante la desidia de la Audiencia Nacional en la causa judicial por el asesinato del juez José María Lidón a manos de ETA en noviembre de 2001. Su viuda, Marisa Galarraga, y sus dos hijos, Jordi e Iñigo, han dicho basta ante los errores y la inacción de los jueces que instruyen el caso y denunciaron que si no fuera por las investigaciones realizadas por la propia familia y sus abogados el caso “nunca” llegaría. El de Lidón es uno de los más de 300 asesinatos de ETA cuya autoría todavía queda sin esclarecer. El atentado se perpetró hace diecisiete años por dos etarras que le esperaron en el garaje de su casa cuando se dirigía al trabajo, y le dispararon.

El duro reproche de los Lidón a la Audiencia Nacional se produjo durante la ofrenda floral que todos los años se celebra en el Palacio de Justicia de Bilbao en recuerdo al magistrado asesinado por ETA cuando ejercía como juez en los juzgados de la capital vizcaina. Tras el homenaje, Iñigo tomó la palabra y leyó un comunicado en nombre de la familia en el que se subraya el “tortuoso” camino seguido desde la muerte de José María para intentar llevar a sus asesinos ante un tribunales para que los juzgue. “Han pasado 17 años y aún seguimos a la espera de juicio, un juicio que nunca hubiera llegado si lo hubiésemos dejado en manos de la Justicia”.

La ineficacia de la Audiencia Nacional en este caso ha logrado contrariar a una familia de orden, paciente y que conoce bien la dificultad de los vericuetos y la instrucción judicial, especialmente en los casos de terrorismo. Desde el asesinato de Lidón en 2001 los avances en la investigación judicial han sido escasos y tan solo han logrado condenar en 2005 a Orkatz Gallastegi por facilitar la información que permitió cometer el atentado, aunque no a sus autores.

Iñigo Lidón y Marisa Galarraga fueron testigos directos del asesinato del magistrado en el garaje de su domicilio en Getxo. Incluso identificaron hace más de dos años en una rueda de reconocimiento a Garikoitz Aspiazu, más conocido como Txeroki, como uno de los autores del asesinato. A raíz de esa identificación el juez elevó el caso a juicio, pero previamente había que solicitar la extradición a Francia, donde cumple condena. “Los últimos dos años -prosigue Iñigo- de nuevo nadie nos decía nada y nuestro abogado Javier y nuestro procurador solo recibían negativas de reuniones para saber el estado del caso”.

Para sorpresa de la familia del magistrado asesinado, el pasado verano leyeron en la prensa que Txeroki -exjefe del aparato militar de ETA entre 2003 y 2008 cuando fue detenido- había sido trasladado de Francia a España para ser juzgado por otro atentado de ETA que no guardaba relación directa con el de Lidón. Tras preguntar por la orden de extradición del asesino del juez las autoridades judiciales les reconocieron que se había extraviado y que nunca había llegado a Francia. “Dos años más perdidos porque alguien no ha querido hacer su trabajo y tramitar o hacer seguimiento de una orden de extradición, sin pensar que detrás de esa orden hay personas muertas y familias que solo buscan que se haga justicia para pasar página”, relató Iñigo, visiblemente emocionado, ante las autoridades judiciales e institucionales que asistían sorprendidas al testimonio de denuncia pública de los Lidón, en un acto tradicionalmente sentimental y de recuerdo.

En el homenaje la familia estuvo acompañada del presidente del Tribunal Superior vasco (TSJPV), Juan Luis Ibarra; la fiscal superior de Euskadi, Carmen Adán; el portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka; la consejera de Justicia, María Jesús San José; la directora de Víctimas del Gobierno vasco, Monika Hernando, o la directora de Gogora, Aintzane Ezenarro, el Ararteko Manu Lezertua y el delegado del Gobierno español en la CAV, Jesús Loza.

Ante la insistencia de la familia, el tribunal ha tramitado otra orden para extraditar a Txeroki, pero también en esta ocasión ha habido una sorpresa negativa ya que, pese a la insistencia de los Lidón, la petición del juez no ha sido con carácter de urgencia “para no tener que esperar otro año”. “Y en este punto estamos ahora, en principio con una segunda orden de extradición solicitada y a la espera de ver si en 2019, dieciocho años después del atentado, tenemos por fin el juicio”, afirma la familia sin querer resignarse ante la falta de diligencia de los jueces que han estado involucrados en la causa del magistrado asesinado.

Pero la peripecia de los Lidón en la búsqueda de justicia y en el intento de llevar ante el tribunal a los autores del asesinato se remonta muchos años antes del episodio rocambolesco de la solicitud de extradición de uno de los presuntos autores del crimen. Hay que retrotraerse hasta septiembre de 2002, año en que dos etarras, Egoitz Gurrutxaga y Hodei Galarraga, fallecieron en Basurto al explotar la bomba que manipulaban en el interior de un coche. La policía halló dos pistolas entre el amasijo de hierro y cenizas que dejó la explosión, y pudo confirmar que una de ellas era la que se utilizó para matar a Jose María Lidón. La otra estaba demasiada deteriorada como para poder conocer su currículum mortal. Ante esa evidencia, el caso quedó cerrado, y se atribuyó el asesinato a los dos etarras muertos en la explosión. “Y así quedó el caso hasta 2011 o 2012 cuando al no recibir ninguna indicación sobre cómo iba el caso, pensando que pudiera prescribir, y temiendo como luego se confirmó que nadie hacia nada, logramos hablar con el juez de la Audiencia Nacional que llevaba la instrucción de manera extraoficial y nos confirmó que el caso estaba parado y que se estaba a la espera de si aparecía algo nuevo que cambiase el enfoque”, prosiguió Iñigo.

Ante la desgana de los tribunales, los Lidón empezaron a investigar por su cuenta con lo que tenían a mano y empezaron con Google. “Bajo el término comando Vizcaya 2001 aparecieron varias sentencias de la Audiencia Nacional que contradecían la versión oficial y demostraban que era imposible que los que habían muerto en la explosión hubieran sido los autores, ya que el comando activo en 2001 estaba identificado y era otro”, añadió. Ante esta evidencia, los Lidón consiguieron que llegasen al juez informes de diferentes cuerpos de seguridad con los datos por ellos recopilados sobre los comandos de ETA de 2001 vinculados al atentado. Ello hizo posible la reapertura del caso en 2013.

ibarra y adán El presidente de TSJPV, Juan Luis Ibarra, pidió justicia legal para Lidón “que establezca las responsabilidades de los victimarios que perpetraron el crimen”. Por su parte, la fiscal superior Carmen Adán mostró su compromiso para que “después de una investigación con todas las garantías y un juicio justo, se obtenga la condena penal porque, aunque haya habido una condena social, la condena penal es absolutamente irrenunciable”.