Bilbao - La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil pidió ayer investigar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, por los presuntos delitos de prevaricación y cohecho en relación a las adjudicaciones del servicio de cafetería, cocinas y comedores de la Asamblea de Madrid al empresario Arturo Fernández en 2009 y 2011, cuando era presidenta de la mesa de contratación. La UCO relaciona estas adjudicaciones con donaciones realizadas por el entonces vicepresidente de los empresarios madrileños a Fundescam, fundación del PP de Madrid, que habrían servido para financiar irregularmente campañas electorales.

Sin embargo, el juez del caso Púnica, Eloy Velasco, adelantó ayer mismo que no tiene intención de proceder contra la presidenta madrileña porque no ha hallado pruebas de su participación en la financiación ilegal del PP de dicha comunidad. Fuentes jurídicas citadas por Efe resaltaron que la UCO la menciona en su informe al igual que a otras personas y recordaron que lo que se investiga en esta pieza es la presunta financiación irregular del partido, hechos en los que no se considera que esté involucrada. En ese informe, fechado el 1 de marzo, la Guardia Civil concluye que esas adjudicaciones podrían estar amañadas y señala que Cifuentes, como presidenta de la mesa de contratación, pudo haber incurrido por ello en delitos de cohecho y prevaricación.

A la postura del juez Velasco, conocida a última hora de la tarde, le siguió una comparecencia de Cifuentes en la sede del Gobierno madrileño en la que defendió su “honradez” y se refirió al informe de la UCO como una “relación de juicios de valor sin fundamento jurídico”. Tras expresar que tiene una “gran confianza en la Justicia”, avanzó que estudiará medidas legales: “Quien intente manchar mi nombre, me va a tener enfrente. En política no vale todo”.

Precisamente ayer, el viceconsejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Ruiz, citado como investigado dentro de Púnica, presentó su dimisión. Muchas miradas se dirigieron hacia Ciudadanos, partido que sostiene a Cifuentes en el cargo con su apoyo. El presidente naranja, Albert Rivera, le instó a dar explicaciones en la Asamblea de Madrid sobre la presunta financiación ilegal del PP porque, aunque no esté investigada, las afirmaciones que hace la Guardia Civil sobre ella son “graves” desde el punto de vista político.

Aguirre, en ‘Púnica’ En este contexto, las fiscales Anticorrupción del caso Púnica han incluido a la expresidenta del PP de Madrid Esperanza Aguirre entre las personas que habrían integrado la “red de decisión y ejecución cohesionada” que puso en marcha “diversos canales de financiación irregular” con el objetivo de “sufragar los excesos” de las campañas del PP en 2007 y 2011 (municipales y autonómicas), y 2008 (estatales), que se acercaron a los 5 millones de euros. Incluyen asimismo al entonces vicepresidente, Ignacio González, actualmente en prisión por el caso Lezo. - DEIA