bilbao - Jon Iurrebaso Atutxa, expreso de ETA que ejerció de negociador con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero entre 2005 y 2007, reprocha a Sortu y al Colectivo oficial de presos EPPK sus concesiones a la política penitenciaria del Gobierno español y la situación a la que han arrojado a los presos de la organización armada. Les recrimina que impongan a los reclusos el reconocimiento del daño causado, el arrepentimiento y el perdón a las víctimas como pago para poder acceder a los beneficios penitenciarios y se pregunta por qué exigen a los presos lo que la propia ETA no ha realizado todavía a través de una declaración pública.

Iurrebaso es uno de los rostros referenciales del Movimiento pro Amnistía y contra la Represión, también conocido como ATA, la escisión de la izquierda abertzale cuando esta, allá por 2012, fue legalizada por el Tribunal Constitucional bajo la marca de Sortu tras renunciar a la violencia de manera expresa en sus estatutos. En un escrito remitido a este diario bajo el título ¿Por qué tienen que hacer los presos lo que no hace la propia ETA?, este exrecluso de la banda armada crítico con la línea oficial de la izquierda abertzale aboga por la amnistía como solución para “sacar a los PPV [presos políticos vascos] con dignidad”.

El artículo de Iurrebaso está redactado en clave interrogativa y las preguntas tienen siempre como destinatario a Sortu, y aunque no lo cita también al EPPK, que ha abrazado la misma estrategia en política penitenciaria. “¿Por qué ETA no reconoce el daño causado? ¿Por qué no se arrepiente y pide perdón a las víctimas? ¿Por qué no se muestra insolidario/a con sus compañeros presos, deportados y huidos como se exige para con sus compañeros a los militantes encarcelados? ¿Por qué no dice que se equivocó desde el principio? ¿Por qué no asume todo eso y, por el contrario, coadyuva a que sus militantes tengan que hacerlo?”.

Todas las preguntas indagan en las posibles contradicciones históricas de la “oficialidad de la izquierda abertzale” tras su viraje estratégico, y hace extensivo al EPPK que en su último comunicado el pasado diciembre daba libertad a cada preso “para que haga lo que quiera” y se acoja a la legalidad (reconocer el daño causado y desvincularse de ETA y de la violencia y hacer frente a la responsabilidad civil), con el límite de la delación y el arrepentimiento.

unidad A su juicio, esta vía conduce a una pérdida de solidaridad y de unidad en el colectivo de presos: “¿De qué se tienen que arrepentir los PPV? ¿Por qué tendrán que ser insolidarios entre ellos para poder acceder a la libertad cuando España y Francia quieran? ¿Por qué tienen que romper la unidad del Colectivo de PPV?”. En los últimos días el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional ha concedido el segundo grado penitenciario a dos presos de ETA, tras remitir una carta al tribunal en la que muestran su rechazo a ETA y reconocen el daño causado. El último caso ha sido el de Jagoba Codo, condenado por su pertenencia al comando Nafarroa, cuya condena finalizaría dentro de cuatro años, pero envió una misiva al magistrado José Luis de Castro que renuncia “a la lucha armada” y menciona el “dolor ajeno” causado por las acciones por las que está condenado.

Unos días antes, se produjo el traslado de la reclusa de ETA Sara Majarenas a un centro de acogida en Madrid para poder vivir junto a su hija Izar, de 3 años. La presa se desvinculó de la organización en una carta al Juez de Vigilancia Penitenciaria. Con anterioridad, el 25 de febrero, Antton Troitiño comunicó al juzgado de Londres que estudia su extradición a España el rechazo a la violencia. El 8 de marzo fue Olga Sanz quien pidió perdón por el daño causado. Sanz, además, mostró su disposición a colaborar con la Justicia.