bilbao - Las últimas decisiones del Gobierno español poniendo en tela de juicio la autonomía municipal han añadido tensión a las relaciones con el Gobierno vasco, y lo hacen precisamente en un momento en el que Rajoy está buscando el apoyo de los jeltzales para los Presupuestos estatales de este año. A la ausencia de avances para retirar los recursos contra las ofertas públicas de empleo de la Ertzaintza o contra varias leyes vascas, se suman ahora el veto a la desanexión del municipio guipuzcoano de Itsaso y el freno a la consulta sobre los toros en Donostia. El PNV se ha tomado estas dos decisiones como un nuevo ataque al autogobierno y un paso más en la judicialización de la política que se suponía que iba a quedar aparcada.
La Diputación foral de Gipuzkoa no dio muestras ayer de arrojar la toalla y aseguró que el proceso de desanexión de Itsaso con respecto a Ezkio fue legal. Lo defenderá en los próximos meses de negociación con Madrid y en los tribunales, ofreciendo asesoramiento legal al municipio para que recurra si lo desea. De momento, actuará como si nada hubiera cambiado, ofreciendo asistencia legal y cooperación al nuevo municipio. Hoy se reunirá con el alcalde Gorka Sasieta.
La controversia se remonta a la consulta de septiembre del pasado año, donde ganó la desanexión por un 88% de votos. La Diputación aprobó en diciembre que Itsaso se convirtiera en la localidad número 89 del herrialde. El problema surgió cuando hubo que inscribir al municipio en el registro. Fue entonces cuando el Gobierno español anuló todo el proceso y lo llevó a los tribunales porque solo pueden romper amarras los municipios que tengan al menos 5.000 habitantes, mientras que Itsaso no llega a los 170. La Diputación defiende que tiene competencias en este asunto, que además tiene otras singularidades que entiende que blindan su decisión: la norma foral asegura que solo pueden desanexionarse los municipios con 2.500 habitantes como mínimo, pero los municipios obligados a fusionarse durante la dictadura franquista son una excepción. Es el caso de Itsaso.
El portavoz de la Diputación foral de Gipuzkoa, Imanol Lasa, reiteró “la legalidad” de la desanexión y que ofrecerá “soporte al nuevo municipio”. Según anunció, “paralelamente a la vía legal”, la Diputación pedirá una reunión con el Gobierno español. En un comunicado, aseguró que “defenderá a capa y espada” la decisión y, para ello, pondrá en conocimiento del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco el expediente y el decreto foral. “Aunque la normativa estatal vigente desde el 31 de diciembre de 2013 exige para la creación de nuevos municipios la existencia de un núcleo de población de al menos 5.000 habitantes, esta previsión no es de aplicación a Gipuzkoa, tal y como dispone el artículo 1.5 de la de la Norma foral 13/2014, de 17 de noviembre, sobre la singularidad foral en la aplicación de las medidas de racionalización y sostenibilidad de la administración local”, dijo. Lasa añadió que esa norma “exime del requisito de tener 2.500 habitantes a los municipios obligados a anexionarse por la dictadura franquista”.
toros La decisión sobre Itsaso se suma al veto a la consulta sobre los usos de la plaza de Illunbe. El Ayuntamiento donostiarra aprobó en primera instancia un reglamento para realizar consultas que fue tumbado por los tribunales a petición de la Abogacía del Estado. Lo reformuló de tal manera que el reglamento obligaba a contar con el aval del Estado para convocar una consulta. Fue precisamente al pedir la autorización de Madrid cuando el Consejo de Ministros tumbó ese plebiscito, en consonancia con su apuesta por blindar el toreo como patrimonio cultural. El alcalde Eneko Goia quiere recurrir, pero sus socios del PSE prefieren pasar página del asunto.
