La Audiencia pide explicaciones a la jueza que se inhibió en el caso de Altsasu

IRUÑEA. La Audiencia Provincial de Nafarroa ha estimado el recurso de queja presentado por nueve jóvenes investigados por los incidentes ocurridos el 15 de octubre en Altsasu, donde fueron agredidos dos guardias civiles y sus parejas, y ha ordenado a la juez instructora de Iruñea Mari Paz Benito a admitir a trámite el recurso que interpusieron contra su inhibición en favor de la Audiencia Nacional, donde se instruyen los citados hechos por un supuesto delito de terrorismo. La magistrada deberá ahora motivar en un auto la remisión de las diligencias a Madrid, las cuales se iniciaron en la capital navarra por un delito de atentado en concurso con un delito de lesiones, en vez de por un delito de lesiones terroristas.

En un auto notificado ayer, la Sección Primera recuerda que el Juzgado de Instrucción número 3 de Iruñea dictó el 22 de noviembre una providencia en la que dictaminaba que “por tratarse de una cuestión de competencia” no “había lugar a admitir a trámite el recurso de reforma” contra el auto en el que acordó remitir al Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional las actuaciones realizadas en relación con los incidentes de Altsasu. En dicha providencia también negaba la posibilidad de que se pudiera admitir a trámite el recurso subsidiario de apelación ante la Audiencia Provincial de Nafarroa.

Contra dicha providencia, nueve de los jóvenes investigados por los hechos sucedidos el 15 de noviembre en el bar Koxka de Altsasu interpusieron un recurso de queja ante la propia Audiencia navarra. A dicho trámite se adhirió el Ministerio Fiscal, al argumentar igualmente que la inhibición acordada por la jueza Benito no era firme. Ante estos argumentos, la Sección Primera concluye que el recurso debe ser estimado, “y admitida por tanto la queja”. Por ello dispone que el Juzgado de Instrucción número 3 de Iruñea “proceda a tramitar el recurso de reforma y subsidiario de apelación” interpuestos por los jóvenes investigados.

Esta decisión de la Audiencia Provincial abre una doble posibilidad a que el caso que ahora instruye la Audiencia Nacional pueda regresar a Iruñea como han venido reclamando las familias de los detenidos, ya que no solo la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Iruñea deberá pronunciarse sobre cuál es el órgano competente para investigar los hechos ocurridos en Altsasu, sino que también lo hará la propia Audiencia navarra, que entrará a conocer y resolver sobre el fondo del mismo asunto, es decir, si las agresiones a los guardias civiles y sus parejas deben o no ser tipificados como delito de terrorismo, caso en el que la competencia sería de la Audiencia Nacional, o un delito de atentado en concurso con lesiones, que debería ser investigado por el juzgado de Iruñea.