bilbao - El magistrado titular del juzgado central de Instrucción número 5 de Madrid, José de la Mata, ha imputado a dos grandes constructoras españolas, Assignia y Rover Alcisa, por utilizar presuntamente la red tejida por el embajador Gustavo de Arístegui y el diputado Pedro Gómez de la Serna para sobornar a funcionarios argelinos para conseguir contratos en el país norteafricano.

En un auto fechado el pasado 1 de septiembre, el juez cita como imputadas a las dos firmas, constructoras de gran tamaño en el sector en España y con habituales contratos en el extranjero, por los cuatro delitos en torno a los que gira el procedimiento del caso Arístegui y De la Serna: cohecho, blanqueo de capitales, corrupción en las transacciones internacionales y organización criminal.

Las firmas, además, habrían ocultado a los investigadores y al propio magistrado contratos que evidenciarían, presuntamente, que pagaron a la trama para que ésta sobornara a funcionarios argelinos o a familiares de estos. Una vez conseguidas las obras públicas, se sospecha que las empresas pagaron después a la red de Arístegui y De la Serna a través de sociedades pantalla, meramente instrumentales, las comisiones por haber logrado el éxito de las operaciones.

Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) han localizado una cuenta a través de la cual las empresas abonaron a la trama más de tres millones de euros, que se escurrieron posteriormente en dirección a sociedades de Holanda y Emiratos Árabes, controladas por algunos imputados de la red. Assignia es reincidente en el pago de comisiones para conseguir obra: la empresa se llamaba antes Constructora Hispánica, y su anterior gerente, Alfonso García-Pozuelo, admitió ante la Justicia haber pagado al PP en 2003 para conseguir contratos.

Posteriormente, en 2009, Hispánica cambió de dueños, y fue adquirida por Essentium, cuya primera ejecutiva, Susana Monje, es tesorera del Fútbol Club Barcelona. Es posteriormente cuando su nombre cambia a Assignia, y cuando consigue el contrato para la construcción de un tranvía en la localidad argelina de Ouargla. El precio de dicho contrato es 230 millones de euros, y las tres firmas contratan, según ha emergido en los registros policiales, a varias firmas para que realicen la intermediación y el asesoramiento para la consecución de dicho contrato.

agente fallecido Uno de los intermediarios contratados es Cristóbal Tomé, español afincado en Argelia desde hace varios decenios y quien cobra de las firmas varios miles de euros en nombre propio y hasta 1.162.000 euros a través de una sociedad suya, considerada instrumental por los investigadores, radicada en Dubai (Emiratos Árabes Unidos), denominada Erfaa Commercial Brokers. Tomé, imputado por el juez De la Mata al estallar el caso pero fallecido posteriormente, llegó a admitir en diciembre la necesidad de “engrasar” para conseguir contratos en Argelia, y confesó este mismo hecho por carta dirigida a Pedro Gómez de la Serna: “El dinero va destinado a familiares de los directivos de la empresa estatal”, le decía Tomé al entonces diputado en 2013 acerca de los sobornos de los que la red se valdría para conseguir ingresos. - E. P.