NI está, ni se le espera. La Casa Real mantendrá hoy, el día en que la infanta Cristina se sentará en el banquillo de los acusados por el caso Nóos, el mismo perfil bajo que le ha caracterizado en los últimos meses en torno al proceso que más ha dañado su imagen en el pasado reciente, y que de hecho fue uno de los factores que precipitaron la abdicación de Juan Carlos I en su hijo Felipe VI. La Casa del Rey no tiene previsto pronunciarse en ningún sentido sobre el arranque de la vista oral, y don Felipe no tiene ningún acto oficial programado para esta jornada.
Desde el Palacio de la Zarzuela el mutismo es absoluto en torno al procedimiento judicial que ha llevado a la hermana del monarca español hasta el banquillo, acusada de dos delitos fiscales relacionados con la presunta trama corrupta en torno al Instituto Nóos, promovido por su esposo, Iñaki Urdangarin, también acusado en este proceso. De este modo, la agenda de la semana del rey Felipe no tiene actividades públicas; sigue a la espera de que el miércoles se constituyan las Cortes, momento en el que abrirá su ronda de consultas con las fuerzas políticas para proponer un candidato a la Presidencia del Gobierno.
La Casa del Rey seguirá guardando, por tanto, la distancia y prudencia que ha caracterizado a la institución desde que doña Cristina quedó fuera de la familia real cuando fue proclamado su hermano, en junio de 2014, al pasar de hija a hermana del rey. Como consecuencia de ello, la infanta no podrá alojarse en el Palacio de Marivent durante su estancia en Palma para asistir al inicio del juicio, en el que una decisión del tribunal determinará si, en aplicación de la doctrina Botín marcada en 2007 por el Tribunal Supremo, queda o no exonerada.
La distancia que ha marcado Felipe VI con respecto a su hermana difícilmente permitiría a esta alojarse en un palacio que ni siquiera es propiedad de la familia real, sino que fue cedido por las autoridades autonómicas de Baleares en 1973 a los entonces príncipes Juan Carlos y Sofía para que disfrutasen de sus vacaciones en la isla. Desde entonces, ha sido la residencia estival oficial de la familia real. Pero la infanta Cristina ya había quedado mucho antes alejada de la actividad oficial de su familia, desde finales de 2011. Una vez abdicó su padre, el rey Juan Carlos, y su hermano asumió la corona, la nueva conformación de los miembros de la monarquía española, de la que quedaron excluidas las hermanas del nuevo rey, ratificó su completo apartamiento de los actos institucionales.
Monarquía ejemplar Desde la proclamación de Felipe VI, este marcó nuevas distancias con su cuñado y hermana, hasta el punto de retirarle a ella en junio pasado el título de duquesa de Palma del que disfrutaba desde 1997, y por extensión el de duque de Palma a su marido. Desde esa fecha, tanto la infanta como Urdangarin tienen expresamente prohibido hacer uso de ese título nobiliario. Con esa decisión, Felipe VI quiso demostrar que está cumpliendo con la hoja de ruta que se marcó en su discurso de proclamación el 19 de junio de 2014, cuando se comprometió a hacer más ejemplar la monarquía, como demandan “con razón” los ciudadanos.
En los momentos clave del procedimiento, como la decisión del juez instructor de llevarla a juicio, adoptada ya bajo el reinado de su hermano, Zarzuela se limitó a expresar su respeto absoluto a la independencia del poder judicial. Durante el reinado del actual monarca han sido muy pocas las ocasiones en que doña Cristina ha coincidido con Felipe VI en actos públicos. Ni ella ni su marido, que residen en Ginebra (Suiza), estuvieron presentes en el Congreso en la ceremonia de proclamación del sucesor de Juan Carlos I, ni en la abdicación de este, celebrada la víspera en el Palacio Real.
Hasta 18 acusados se sentarán en el banquillo en la vista oral que arranca hoy. La infanta Cristina se enfrenta a una petición de ocho años de prisión como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales, una solicitud que formula el sindicato Manos Limpias, única acusación personada en su contra.
