Sare continúa con su cosecha de adhesiones para la marcha por los presos del próximo día 9

Bilbao - La red ciudadana Sare sigue cosechando adhesiones para las manifestaciones que recorrerán las calles de Bilbao y Baiona el próximo sábado. El colectivo que trabaja en favor de los derechos humanos de los presos sumó ayer a su causa a un grupo de personalidades de la sociedad vasca, relanzando la llamada a participar en las marchas del próximo día 9. Pasados ya cuatro años desde que ETA silenciara sus armas, denunciaron que la actual política penitenciaria “incide en la confrontación e impide cerrar heridas”, censurando que “el Gobierno Español haga caso omiso a la voluntad manifestada en multitud de ocasiones por una inmensa mayoría de la sociedad vasca, exigiendo el fin del sufrimiento y la necesidad de cerrar heridas”.

“Decimos alto y claro que nos rebelamos ante quienes en nuestro nombre pretenden mantener una política penitenciaria vengativa, que vulnera los derechos de las personas presas y la de sus familiares y allegados”, señalaba el texto suscrito por Rosa Rodero, viuda de Joseba Goikoetxea, sargento mayor de la Er-tzaintza asesinado por ETA; el exdecano del Colegio de Abogados de Bizkaia Nazario Oleaga, el histórico militante de HB Tasio Erkizia, el exconsejero del Gobierno vasco Tontxu Campos, Edurne Brouard, hija de Santi Brouadasesinado por los GAL; el músico Kepa Junkera, la expresidenta de EA Begoña Errazti, el exalcalde de Getxo Iñaki Zarraoa o el catedrático Iñaki Lasagabaster, entre otros. Al manifiesto también se sumaron el montañero Juanito Oiarzabal, la magistrada Garbiñe Biurrun y el escritor Kirmen Uribe. Se trata de “personas con ideologías políticas, profesiones o actividades culturales y sociales diferentes”, evidenciaron, que “no deseamos que en nuestro nombre se continúen vulnerando los derechos humanos. De nadie”.

Con una organización armada que tras largas décadas de historial cesó su actividad, los firmantes recalcaron que ETA decidió “unilateralmente” poner fin a su historial violento. Calladas las armas, desde entonces las palabras de la política no han conseguido que el colectivo de presos vea vulnerados sus derechos con estrategias como la dispersión, el cumplimiento íntegro de las penas o el mantenimiento en prisión de algunos reclusos con graves enfermedades. Por ello, trasladaron “al conjunto de la sociedad vasca, también a los partidos políticos e instituciones”, su denuncia ante una “actitud política que impide de esta forma que nuestro pueblo de pasos hacia una convivencia que nos permita cerrar heridas y dejar a nuestros hijos una sociedad en la que todos nos podamos mirar a los ojos, sin odio y sin venganza”.

En un texto leído en castellano por Junkera y en euskera por Idoia Muruaga, pareja de un preso de ETA muerto en la cárcel, lamentaron los efectos de una política de excepción que ha supuesto “16 personas fallecidas y decenas heridas en accidentes de tráfico, junto a las incontables cargas emocionales, psicológicas y económicas que tienen que soportar familiares y allegados”. “No queremos permanecer en silencio porque no deseamos que ese silencio pueda entenderse como connivencia con el mantenimiento de una legislación excepcional que posibilita cadenas perpetuas encubiertas a este colectivo de presos”, concluyeron.