El fiscal rebaja el castigo en el caso contra Segi ante la “nueva realidad”

Bilbao - El fiscal de la Audiencia Nacional Pedro Rubira rebajó ayer su petición de pena de diez a seis años de prisión para los diez jóvenes navarros juzgados por su presunta pertenencia a Segi, organización juvenil ilegalizada por su relación con la organización terrorista ETA, al tener en cuenta el tiempo transcurrido, la jurisprudencia y la realidad social actual.

En el juicio que se celebra en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid), el fiscal Rubira explicó que el tiempo que ha pasado desde la detención en 2008 de estos acusados de pertenecer a dos taldes de Segi en Iruñea es lo que ha provocado que haya modificado sus conclusiones provisionales y que reclame la pena mínima posible en relación a los hechos.

El fiscal recordó que el escrito de acusación del Ministerio Público fue presentado en septiembre de 2010 y añadió que desde entonces han ocurrido muchas cosas tanto en la realidad social del Estado español como en la legislación y la jurisprudencia, lo que a su juicio hay que tener en cuenta a la hora de dictar sentencia. Una de las cosas transcurridas desde esa fecha es el anuncio de ETA en octubre de 2011 de cese definitivo de su actividad armada.

Según el fiscal, los procesados estaban integrados de forma activa en los taldes de Segi de los barrios de Iturrama y La Milagrosa, y realizaron varios actos de kale borroka entre 2006 y 2008, por lo que les acusa de delito de pertenencia a organización terrorista. Recordó además que algunos de los acusados, tres de los cuales se encuentran en prisión, ya han sido condenados anteriormente por actos de kale borroka.

torturas Las defensas solicitaron la absolución de todos los acusados y alternativamente que se les aplique la circunstancia atenuante de la pena por dilaciones indebidas y excesivas en el procedimiento desde que tuvieron lugar las detenciones, no imputables a los procesados ni justificadas al no ser la causa compleja, y reclamaron que se tenga en cuenta a estos efectos su juventud. El representante de la fiscalía alegó que la tardanza en la celebración del juicio se ha debido sobre todo a los seis años en los que se estuvo pendiente de una comisión rogatoria cursada a Francia.

Pedro Rubira impugnó asimismo la alegación de los acusados de haber sido torturados durante su detención e incomunicación, cuando se autoinculparon, ya que considera que ha quedado acreditado que no recibieron malos tratos, por lo que estima que son válidas su declaraciones policiales. “Golpes en la cabeza, gritos, amenazas, patadas”, fue lo que relató el joven Iker Araguas a lo largo del juicio. Se da la circunstancia de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenó al Estado español por no investigar las torturas sufridas por Oihan Ataun, uno de los juzgados en este proceso y que fue arrestado por la Policía Nacional en noviembre de 2008.

El fiscal añadió que, entre otras pruebas, figuran los efectos intervenidos en los registros practicados en un local y en sus domicilios, con “abundante material de Segi”, y la vigilancia policial de los implicados en la actividad de la organización. En este sentido comentó que fueron encontradas numerosas camisetas de Segi no por simpatía con la organización sino como parte de la actividad de la misma. “No estamos aquí por su opinión política sino porque realizaron actos de violencia”, manifestó el fiscal, que añadió que los acusados contaban con un local en el que se ocultaban elementos de la organización Segi.

La excepción de Flamarique No obstante, respecto al acusado Mikel Flamarique Arbiol, precisó que los efectos que le fueron intervenidos podrían reflejar que era más simpatizante de la organización que miembro de la misma, lo que sometió al criterio del tribunal, aunque mantuvo la acusación de seis años de cárcel contra él.

La abogada de Flamarique mostró su sorpresa por este hecho y reclamó su absolución por falta de pruebas al igual que las defensas de los demás acusados, Iker Araguas Jusei, Gorka Sueskun González, Ibai Azkona Domínguez, Mikel Marin Irurozqui, Diego Javier Octavio Matinikorena, Iñaki Marin Marcero, Iker Aristu Etxeberria, Oihan Unai Ataun Rojo y Mikel Beunza Oroz.

La sala tiene previsto dejar hoy el juicio visto para sentencia con la conclusión de los informes de las defensas y después de dar la oportunidad a los acusados de prestar su última declaración.

Ya en el inicio de la fase oral del proceso, que comenzó la semana pasada, siete de los acusados de pertenecer a dos taldes de Segi de Iruñea negaron pertenecer a esta organización juvenil ilegalizada y haber cometido violencia callejera. El resto afirmó que solo se integraron en colectivos juveniles. Al inicio del juicio siete de los acusados entraron a la sala con camisetas naranjas con leyendas en euskera, ante lo que el presidente del tribunal les instó a quitárselas o ponérselas del revés de tal forma que no se pudiera leer ese mensaje, pero dos de ellos se negaron y fueron expulsados.

Otros juicios Durante un anterior macrojuicio contra Segi a finales del año pasado, la fiscalía también rebajó la petición de castigo contra los acusados. Así, en su turno de conclusiones definitivas, los fiscales Juan Antonio García Jabaloy y Susana Landeras retiraron la acusación contra doce de los 28 acusados, para quienes pedían penas de seis años de cárcel por un delito de integración en organización terrorista. Finalmente, en sentencia dictada la semana pasada, la Audiencia Nacional condenó a seis años de prisión a siete de los 28 jóvenes que habían sido encausados en origen en este macroproceso. Además de los doce jóvenes contra los que la fiscalía no actuó finalmente, la sala de la Audiencia Nacional absolvió a otros nueve por falta de pruebas. En aquel caso, los magistrados afirmaron que no se habían acreditado “en lo más mínimo” los malos tratos denunciados, que no se aportaron partes de lesiones ni prosperó ninguna denuncia en los tribunales.

Con anterioridad, el pasado junio la Audiencia Nacional absolvió a otros cuarenta acusados al considerar que no pertenecían a Segi sino a la plataforma Gazte Independentistak, que no está vinculada a ETA y a la que no se relaciona con actos de violencia callejera. - DEIA