Rajoy apunta a los aforados en la recta final de su mandato

Bilbao - A poco más de un año para la celebración de las elecciones generales, Mariano Rajoy parece fiar lo que resta de legislatura a vender una mejora de la situación económica y a incidir en la política de regeneración democrática en un momento especialmente azotado por los escándalos de corrupción. Tras el anticipo que supuso el rechazo, el pasado mes de julio, de siete peticiones de indulto, incluida la del expresidente balear y exministro del PP Jaume Matas, el Gobierno español dio ayer otro paso en este sentido anunciando su intención de reducir de forma drástica el número de aforados -cargos que solo pueden ser juzgados ante el Supremo-, que pasarían de los actuales 17.621 a tan solo 22.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, afirmó en una entrevista en El País que los únicos aforamientos que deberían subsistir, aparte de los que afectan a la Familia Real, son los que ostentan “los titulares de los poderes del Estado”: el presidente del Gobierno español, los presidentes del Congreso y del Senado, el presidente del Tribunal Constitucional y el del Tribunal Supremo, junto a los 17 presidentes de las comunidades autónomas, lo que suma 22 personas.

A juicio del ministro, el aforamiento “no tiene por qué constituir un privilegio”, ya que puede suponer una merma de un derecho fundamental, “el derecho a la revisión de una sentencia condenatoria”. Eso sí, admitió que, por mucho que los juristas expliquen que esta figura no es un privilegio, la sociedad sí lo percibe así y eso exige “una respuesta por parte del legislador”.

Sin embargo, esta iniciativa no será fácil, ya que requerirá de un amplio consenso político. El propio Gallardón lo expuso al lamentar que esta propuesta no se pueda aplicar a través de una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial porque algunos aforamientos están recogidos en la Constitución o en los Estatutos de autonomía, “que no pueden ser modificados por una ley orgánica”. Así, la reforma legal solo podría afectar a los órganos del Estado que no están recogidos en la Carta Magna, como los jueces y fiscales.

Por ello, el titular de Justicia aseguró que su declaración de intenciones de ayer tenía “carácter político”, ya que “corresponderá ya a los partidos, mediante el pacto de regeneración que debe abordarse, reformar los Estatutos de autonomía y, en su momento, en el día y en el caso de que se reforme la Constitución, establecer una limitación drástica de los aforamientos”.

La vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, incidió en esta cuestión al expresar la voluntad del Ejecutivo de iniciar un debate para llegar a acuerdos sobre el aforamiento, pero advirtió de las “dificultades técnicas”. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, recordó que fue Rajoy quien consideró necesario abrir esta cuestión al diálogo entre las fuerzas políticas dentro de las medidas de regeneración democrática que busca consensuar.

“El término clave es acuerdos”, subrayó Sáenz de Santamaría, que consideró que todos los grupos coincidirán en que es necesario “limitar, acotar y clarificar” los aforados porque a lo largo de los años su número “ha ido creciendo”. Añadió que, en las conversaciones que se han mantenido con los grupos parlamentarios, han salido a la luz las “dificultades técnicas” que supondría esta modificación. Ello se debe a que también hay aforados autonómicos, por lo que, explicó, se requeriría una concurrencia de la voluntad del Estado y la de las comunidades autónomas.

El guante lanzado por Gallardón fue recogido ayer mismo por dirigentes políticos como el jefe de la oposición, el secretario general del PSOE Pedro Sánchez, que dio la “bienvenida” a esta propuesta, asegurado que el Ejecutivo contará con el apoyo de los socialistas en todas aquellas medidas que impliquen “limpieza, regeneración democrática, reducción de aforados y acabar con privilegios”. Eso sí, pidió al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que dé su opinión y muestre su posición acerca de abrir la reforma constitucional, ya que se necesita tocar la Carta Magna para llevar a cabo el recorte de aforados.

Petición de indulto En este contexto, ayer trascendió que el expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra ha presentado una petición de indulto tras la confirmación por el Tribunal Supremo de la sentencia que le condenó a cuatro años de prisión por estafar a la Hacienda Pública más de 693.000 euros entre 1999 y 2003. Fuentes del Ministerio de Justicia confirmaron a Europa Press que ya han solicitado los informes preceptivos al tribunal sentenciador, la Audiencia de Castellón, sobre la idoneidad de la aplicación de esta medida de gracia. Tras estudiar los escritos, el Ministerio realizará su propuesta al Consejo de Ministros. Fabra afirmó a la misma agencia que la solicitud del indulto tiene como objetivo “ganar tiempo al tiempo” de cara a la tramitación del recurso de amparo que presentará ante el Tribunal Constitucional. Agregó que, si finalmente tiene que ingresar en prisión, lo tiene “perfectamente asumido”.