BILBAO - Mientras los partidos políticos en Catalunya intentan digerir el anuncio del expresident de la Generalitat y exlíder de CiU Jordi Pujol de que él y su familia ocultaron el dinero de la herencia de su padre en paraísos fiscales durante 34 años, se van conociendo datos sobre la regularización ante Hacienda de sus cuentas. Siguiendo el consejo de sus asesores, los Pujol han decidido regularizar la situación con el fisco, a la que ya habrían pagado dos millones de euros, según publicó ayer La Vanguardia.
El acto de contricción del patriarca del clan de los Pujol ha sacudido la vida política catalana y revuelto los cimientos sentimentales del nacionalismo catalán al ver al fundador de Convergéncia Democrática de Catalunya (CDC) y expresident del Govern durante 23 años envuelto en un escándalo fiscal por las cuentas privadas de su familia.
Al coste político y de imagen se le añade además el económico ya que la mayoría de los miembros de la familia (integrada por su mujer Marta Ferrusola y sus siete hijos) no pudieron ya acogerse a las ventajas de la amnistía fiscal, que expiró el 30 de noviembre del 2012. Por si fuera poco, el Gobierno español había aprobado otra norma que obligaba a declarar los bienes en el extranjero antes del 30 de abril de 2013. En caso contrario, los defraudadores no podrían acogerse a ninguna prescripción y a las cantidades descubiertas o declaradas fuera de plazo se les aplicaría el cálculo desde el periodo más antiguo posible.
El caso presenta dos grandes incógnitas aún por resolver: ¿cuánto dinero tienen pendiente de regularizar? y ¿por qué han decidido anunciarlo en un momento políticamente tan convulso en Catalunya, con la reunión entre Mas y Rajoy en ciernes y la consulta soberanista a la vuelta de la esquina?
Para la primera pregunta aún no hay datos suficientes aunque no tardarán mucho en salir a la luz. Para la segunda, sin embargo, pudiera ser que es mejor asumir lo inevitable cuanto antes y hacerlo de manera voluntaria a tener que moverse obligado. El pasado 7 de julio algunas informaciones periodísticas revelaban la existencia de cuentas de varios de los Pujol en la Banca Privada de Andorra (BPA). Desde entonces hasta el pasado viernes 25, la familia ha discutido los pasos que dar, teniendo en cuenta que el movimiento preventivo para protegerse frente a un proceso judicial, presentar declaraciones complementarias y eludir así el peligro de acabar condenados a prisión por delito fiscal implicaba, primero, perder la causa origen de todos los males, el dinero oculto en el exterior, y, segundo, pero quizás más importante, la ruina de la carrera y la consideración pública.
Los datos publicados por el diario El Mundo que procedían, según algunas fuentes, de un despechado exasesor jurídico de banca andorrana que podía haberlos entregado a la policía o vendido al mejor postor, según otras filtraciones oficiosas del sistema financiero andorrano, eran verídicos y precisos, y para los Pujol dejaron claro que estaban asomados al abismo. Así, aconsejados por sus asesores, los Pujol decidieron regularizar la situación con Hacienda.
AMNISTÍA FISCAL La mayoría de los miembros de la familia no han podido acogerse a las ventajas de la amnistía fiscal (un solo pago del 10% del capital oculto) ya que esa posibilidad expiró el 30 de noviembre del 2012. Además, el Gobierno español había aprobado otra norma que obligaba a declarar los bienes en el extranjero antes del 30 de abril del 2013, y que establecía que quienes incumplieran no podrían acogerse a ninguna prescripción y que a las cantidades descubiertas o declaradas fuera de plazo se les aplicaría el cálculo desde el periodo más antiguo posible, en el caso de los Pujol, desde el año 2010, con una multa del 150% más intereses de demora. Resultado: para un millón de euros detectado, el pago final a Hacienda ascendería a 1,219 millones. - DEIA
