El TC dicta sentencia contra Otegi y mantiene en prisión a los acusados de Bateragune

donostia - Por siete votos a favor y cinco en contra, el pleno del Tribunal Constitucional decidió ayer rechazar el recurso de amparo de cuatro de los cinco condenados del caso Bateragune y mantenerlos en prisión hasta el final de su condena, entre 2015 y 2016. Tras inadmitir también ayer por unanimidad la recusación presentada por el exportavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi, contra el magistrado Antonio Narváez, el pleno del alto tribunal falló contra el recurso presentado por el propio Otegi, Sonia Jacinto, Miren Zabaleta y Arkaitz Rodríguez. El del exsecretario general de LAB Rafa Díez Usabiaga se tratará próximamente. Con varias semanas de retraso y una división similar a la que dio luz verde a Bildu para las elecciones forales -entonces fue por seis a favor y cinco en contra-, el pleno del denominado tribunal de garantías decidió ayer desestimar la petición de cuatro de los condenados del caso Bateragune. A su entender, el fallo del Tribunal Supremo no vulneró el derecho al juez imparcial, en referencia a Ángela Murillo, que según el Constitucional carecía de “una idea preconcebida acerca de la participación de Otegi” en los hechos. La jueza tuvo un rifirrafe con Otegi en otro juicio al espetarle que ya sabía que no iba a condenar la violencia de ETA. El TC también cree que no se ha vulnerado la presunción de inocencia. Como consecuencia, el Constitucional -que ya había rechazado dos solicitudes de excarcelación- confirmó las penas impuestas en mayo de 2012 bajo la acusación de intentar reconstruir Batasuna y mantenerlos en prisión hasta que cumplan las condenas de entre seis y seis años y medio.

En el caso de Otegi, ese horizonte se sitúa en abril de 2016, aunque el también secretario general de Sortu podría salir de prisión durante el próximo año si le redujeran la condena por buena conducta, al igual que Jacinto, Zabaleta y Rodríguez. Sin embargo, Otegi permanecerá inhabilitado hasta 2022. Todos fueron encarcelados tras una operación policial desarrollada por orden del juez Garzón en octubre de 2009. Diez Usabiaga, que contó con un permiso para cuidar de su madre entre abril de 2010 y septiembre de 2011, saldría de prisión más tarde.

La vicepresidenta del Constitucional, Adela Asua, no compartió la opinión mayoritaria al entender, según la agencia Efe, que los condenados fueron sentenciados por un delito de integración en grupo terrorista sin una prueba de cargo concluyente. En el mismo sentido votaron Juan Antonio Xiol, Encarnación Roca, Fernando Valdés Dal-Ré y Luis Ignacio Ortega, que firmaron un voto particular sobre la parcialidad de Murillo en el que consideraron que “la negativa a condenar la violencia de ETA [por parte de Otegi] es un elemento que expresamente se ha utilizado para constituir un hecho probado indiciario de la responsabilidad penal de los recurrentes”.

A favor de la condena votaron el presidente del Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos; Andrés Ollero, Juan José González, Santiago Martínez-Vares, Pedro José González-Trevijano, Ricardo Enríquez y el propio Antonio Narváez. Horas antes, el pleno consideró imparcial la labor de Narváez. El magistrado, que se incorporó a comienzos de mes al Constitucional en sustitución de Enrique López, fue fiscal cuando el proceso de ilegalización de Sortu pasó por el Tribunal Supremo. En aquel entonces, consideró que el rechazo de la violencia por parte de la nueva formación de la izquierda abertzale fue “puramente estratégico y utilitarista”. Ahora, arguyó ayer el Constitucional, existe una “patente desconexión” entre el papel de Narváez en el Supremo entonces y el caso Bateragune.

Críticas de Lakua Las reacciones no se hicieron esperar. Fuentes del Gobierno vasco consultadas por este diario denunciaron que “Otegi nunca debería haber entrado en la cárcel por participar en una reunión”. A su entender, “está claro que hay una división de voto que es más que significativa en este tema, donde parece olvidarse que es evidente que ETA anunció el cese definitivo de la acción violenta”. Además, recordaron que la izquierda abertzale ya opera en el marco constitucional con un “partido político que acata el ordenamiento jurídico vigente”.