BILBAO. "Mi posición, no puede ser otra, será respetar la ley y respetar las decisiones que adopten las instituciones competentes". Así despachó ayer Mariano Rajoy su postura sobre la petición de los ayuntamientos del Condado de Trebiñu de segregarse de Burgos tras ser cuestionado por el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, acerca de la decisión de estos consistorios de promover su inclusión en Araba. Fue el pasado 8 de marzo cuando el Condado de Trebiñu y La Puebla de Arganzón se decantaron por emprender los trámites para pedir la secesión de Castilla y León y anexionarse a la CAV. "Mi actitud ante esta cuestión y cualquier otra que se plantee será buscar en todo momento el interés general de los ciudadanos, encontrar una solución al problema y obrar siempre con absoluto respeto a la ley", argumentó el presidente español.
Recordó Rajoy que existen "previsiones legales" que además están contempladas en la Constitución española, donde se asegura que la alteración de los límites provinciales debe resolverse en última instancia en el Congreso mediante ley orgánica. Y añadió que en los Estatutos de Autonomía se recogen igualmente disposiciones específicas que regulan los trámites que deben seguirse para la independencia de enclaves territoriales. De esta manera, el dirigente popular se refugió en que todo se encuentra validado por la jurisprudencia constitucional, apostando por la estabilidad de la ordenación territorial, por lo que su posición como presidente del Gobierno español es la de "respetar la ley y las decisiones que adopten las instituciones competentes".
Esteban le replicó que en este caso su actitud como presidente del PP es "clave" para "influir" en las decisiones que adopte la Junta de Castilla y León, por lo que le solicitó que "deje que los ciudadanos se expresen en referéndum y facilite la tramitación legislativa" en esa comunidad y en el Congreso. El jeltzale señaló que esta conducta iría en consonancia con el objetivo del Gobierno español de "racionalizar las administraciones y disminuir costes" y puntualizó que con este tema tiene una "excelente oportunidad de trabajar en es sentido". "Si no, todo su discurso quedará en mera palabrería", apostilló Esteban. Rajoy insistió en que su obligación reside en ceñirse en lo que marca la ley y las propias decisiones del Congreso. "Es una decisión de las comunidades del País Vasco y Castilla y León y del propio Congreso, y no del presidente del Gobierno", afirmó.
Es la tercera ocasión que Trebiñu inicia este proceso siguiendo los pasos que marcan los Estatutos de Autonomía de las dos comunidades, los únicos del Estado español que tienen un artículo dedicado específicamente a los enclaves. En las dos anteriores, en 1980 y 1998, las peticiones chocaron con la oposición frontal de la Junta de Castilla y León, cuya negativa paralizó los expedientes.
