iruñea. Los pactos de diversa índole a la hora de configurar los equipos de gobierno de los ayuntamientos de la CAV y Nafarroa han sido la nota predominante tras la irrupción de Bildu en las pasadas elecciones municipales. En la localidad de Larraga, los socialistas navarros lograron el bastón de mando gracias a los votos de Bildu, consiguiendo así arrebatar la Alcaldía a Unión del Pueblo de Larraga (UPL). Por ello, la dirección del PSN decidió ayer abrir un expediente sancionador al alcalde, Antonio Lamberto, y a los otros cuatro miembros de la agrupación.

Dos meses después del nombramiento de Lamberto como primer edil de Larraga, éste concedió la primera tenencia de alcaldía y la presidencia de tres de las cinco áreas del consistorio a Bildu, mientras que las otras dos concejalías las presidió el PSN, y UPL ninguna. Por ello, el secretario de Organización del PSN, Santos Cerdán, se reunió el pasado miércoles con los cinco miembros de la agrupación de Larraga para conocer su versión de los hechos. Cerdán explicó a Efe que en dicha reunión, los miembros de la agrupación local "insistieron en que no hay un acuerdo en Larraga con Bildu, sino un acuerdo programático en el que afirman que no hay nada punible".

Sin embargo, el secretario socialista opinó que "eso no deja de ser un acuerdo con Bildu, sobre el que las directrices del PSN han sido siempre claras en el sentido de que no hay ninguna posibilidad de llegar a un pacto. Eso es de obligado cumplimiento para los miembros del PSN y el que no lo cumpla se tiene que atener a las consecuencias".

Cerdán invitó a los representantes del partido en Larraga a que "recapacitaran" y rompieran el acuerdo con Bildu, a lo que éstos se negaron. Por ello, "no queda otra vía que el expediente" contra los cinco ediles, ya que, según el dirigente socialista, en la reunión "se vio muy claro que el alcalde cuenta con el apoyo de la agrupación".

La propuesta de expediente sancionador se presentará en la Ejecutiva regional del partido el próximo 2 de septiembre y será trasladada a la federal, que será la encargada de tramitarla al considerarse una falta grave o muy grave que puede suponer la expulsión de la formación socialista.