La Spri recurre el despido ideológico de una exalto cargo del Ejecutivo Ibarretxe

BILBAO. La defensa de la responsable de comunicación de la Spri cuyo despido ha sido declarado nulo por el Juzgado de lo Social nº 10 de la Audiencia Provincial de Bizkaia considera un éxito, por inhabitual, la sentencia que considera que Miren Jasone Aretxabaleta fue despedida por razones políticas, más concretamente por su vinculación con el anterior Gobierno de Gasteiz presidido por Juan José Ibarretxe.

El abogado de la demandante, Luis Pagano, subrayó ayer que eran conscientes de que, al tratarse de la nulidad de un despido por vulneración de un derecho fundamental, el juicio iba a ser complicado, pero mostró su satisfacción por el fallo del juez. En declaraciones a DEIA, el letrado del bufete Makua Abogados y Asesores Tributarios destacó que es "poco frecuente" una sentencia de despido nulo por vulneración de la libertad ideológica. "Se podrían contar con los dedos de una mano los supuestos en los que se han estimado en la jurisprudencia española", dijo.

La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) en un plazo de cinco días. Desde la Spri confirmaron ayer a este diario que van a presentar el recurso. "Acatamos el fallo, aunque no lo compartimos, por lo que vamos a recurrirlo", señalaron desde la entidad. En cualquier caso, mientras se tramita el recurso (se estima que llevará un plazo de dos o tres meses), la Spri está obligada a admitir a la trabajadora despedida en las mismas condiciones en las que se encontraba antes de su marcha forzada.

A juicio de Pagano, la sentencia reconoce con rotundidad que en la decisión de los rectores de la Spri, entidad dependiente del Departamento de Industria del Gobierno vasco, fue decisiva la adscripción político-ideológica de la responsable de comunicación.

falta de pruebas Entre los años 2005 y 2009, Aretxabaleta ocupó un alto cargo en el Gobierno de Juan José Ibarretxe, ya que fue nombrada directora del gabinete de la entonces consejera de Industria, Comercio y Turismo, Ana Agirre. Durante ese periodo, estuvo en excedencia por cargo político y tras el cambio de gobierno y la llegada a Ajuria Enea de Patxi López retomó su plaza en la Spri como responsable de comunicación de la Asociación Red de Parques Tecnológicos del País Vasco. Previamente, la periodista markinarra también había trabajado para el Departamento de Industria del Ejecutivo de Gasteiz cuando estaba dirigido por Josu Jon Imaz.

El letrado también destaca la ausencia absoluta de pruebas sobre la existencia de incumplimientos contractuales por parte de la trabajadora, tal y como acusaban los rectores de la Spri y del Departamento de Industria del actual Gobierno vasco. La carta de despido de la trabajadora, fechada el 21 de diciembre de 2010, contenía duras acusaciones contra la trabajadora al considerar su labor ineficaz y poco disciplinada. Así, señalaba que "desde hace un tiempo el desarrollo de su trabajo no se ajusta a los estándares de la Spri".

Además, le imputaba desinterés hacia el trabajo y haber recibido quejas desde los diferentes parques tecnológicos por sus actuaciones poco diligentes. En este sentido, la sentencia emitida por el juez Fernando Breñosa concluye que no se han acreditado las acusaciones, hasta el punto de que ni siquiera un testigo de la parte acusadora refrendó semejantes afirmaciones, sino todo lo contrario.

PLUS DE EXIGENCIA A juicio de Pagano, lo más destacado de la sentencia es el carácter público de la entidad que ha vulnerado derechos constitucionales básicos, ya que ha de actuar siempre con objetividad y plena sumisión a la legalidad sin asomo alguno de arbitrariedades. "Es decir, para el juez el hecho de ser la Spri una sociedad privada financiada con fondos públicos la asimila prácticamente a una administración pública y existe, por tanto, un plus de exigencia sobre la arbitrariedad, a la discriminación y a la vulneración de derechos fundamentales", apostilla el letrado.