Bilbao. En su particular travesía en el desierto, con la situación política y económica en contra y sin poder remontar su periodo más bajo como presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero parece haber encontrado su único motivo de alegría en la eficacia de la lucha antiterrorista, una constante en su discurso y en el de su gabinete. Escuchándole hablar ayer sobre la política penitenciaria y la lucha contra ETA durante la rueda de prensa en la que hizo balance del primer semestre del año, nada hacía pensar que Zapatero se encuentra acorralado por la crisis económica, las consecuencias de la sentencia del Estatut y la falta de apoyos en el Congreso. Todo fueron palabras grandilocuentes respecto a la posibilidad de que el fin del grupo armado esté cerca y en la exigencia al PP para que no utilice esta cuestión como arma arrojadiza en el debate político.
Desde hace meses, Zapatero está instalado en la reivindicación del último proceso de paz, que arrancó con la declaración del alto el fuego de ETA en marzo de 2006, como un esfuerzo a todas luces satisfactorio. Ayer insistió en esta idea al asegurar que, "sin ninguna duda", dicha tregua "aceleró las condiciones para ganar esa batalla y ver el final de la violencia". Según él, también sirvió para debilitar los apoyos a las armas y ampliar "las voces, voluntades y apuestas políticas por la erradicación de la violencia".
Todo ello pese a la demonización a la que los propios socialistas sometieron a dicho proceso de paz una vez el mismo se fue al traste, primero con el atentado en la T-4 de Barajas en diciembre de ese mismo año y después con el fin del alto el fuego declarado en junio de 2007.
La actual defensa que está llevando a cabo el PSOE del último intento de acabar con ETA de forma negociada, además de constituirse en la única vía de aire que tiene en la actualidad el presidente español, puede obedecer a un posible escenario futuro en el que las armas se acallarían después de más de 50 años de existencia de ETA. Según fuentes conocedoras de la situación, pese a no tratarse de un nuevo proceso de negociación en sí, tal y como ha venido denunciando el europarlamentario del PP y ex ministro del Interior Jaime Mayor Oreja, existirían síntomas o acciones por parte del Ejecutivo español que harían pensar en una estrategia dirigida a este objetivo.
Al fin y al cabo, este es el clavo ardiendo al que se puede agarrar José Luis Rodríguez Zapatero para intentar salvar la legislatura: ser el presidente español bajo cuyo mandato se puso fin a ETA. Y es que el futuro inmediato no se presenta nada halagüeño para el actual inquilino de La Moncloa, ya que a la vuelta del verano tendrá que enfrentarse a una nueva reválida: la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Prácticamente abandonado a su suerte en la Cámara Baja, y tras haber salvado los muebles por los pelos en el debate sobre el estado de la nación, un fracaso a la hora de sacar adelante las Cuentas para 2011 podría abocarle a un adelanto electoral.
Ayer mismo lo avisó por escrito el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, uno de los que más beligerantes se han mostrado con el presidente español. En un comunicado, consideró que si el Gobierno no cuenta con los apoyos suficientes para aprobar los Presupuestos, debería convocar elecciones anticipadas para la próxima primavera.
Debate político Uno de los principales síntomas que hacen pensar en una acción del Ejecutivo encaminada a propiciar el fin de ETA es la política penitenciaria, de plena actualidad estos días. Y es que el progresivo acercamiento a cárceles vascas de presos que se han desmarcado de la banda, algunos tan significativos como los históricos Joseba Urrosolo Sistiaga y Carmen Guisasola, se está encontrando con la firme oposición del PP y de algunas asociaciones de víctimas.
Esta misma semana ha salido a la luz el caso de Idoia López Riaño, La Tigresa, la integrante de ETA con más delitos de sangre a sus espaldas con 23 asesinatos, que ha sido trasladada a la prisión alavesa de Langraitz tras desmarcarse de la violencia. A ella se suma su compañera en el comando Madrid Inés del Río Prada, que pese a seguir perteneciendo al colectivo de presos de la banda, se encuentra actualmente en la cárcel de Palencia, la más cercana al País Vasco en los 23 años que lleva cumpliendo condena.
José Luis Rodríguez Zapatero fue explícito ayer al reclamar, en una referencia clara al PP, que no se use políticamente el terrorismo, incluida la política penitenciaria. "Sería muy conveniente que este tema que ha estado tranquilo entre los partidos estuviera también tranquilo ahora -enfatizó-. El Gobierno sabe muy bien cómo están las cosas, sabe que la pelea con ETA es dura, difícil, y hay que tener una gran tenacidad, pero la tenacidad está dando sus frutos".
"En estos últimos años estamos ganando definitivamente la batalla frente a la violencia y frente a ETA", agregó en su comparecencia, en la que destacó los resultados "muy positivos" de la lucha contra el grupo armado. "Toda la sociedad sabe que la debilidad de ETA es muy grande y la fortaleza de la democracia es cada vez mayor. Lo que pido como presidente del Gobierno es que no volvamos a abrir este tema en el debate político", zanjó.
Cuando ayer se cumplió un año sin asesinatos de ETA -el último atentado mortal se remonta al perpetrado contra los guardias civiles Diego Salvà y Carlos Saénz de Tejada el 30 de julio de 2009 en Palmanova-, las reacciones respecto a la política penitenciaria del Gobierno se sucedieron. El presidente del PP, Mariano Rajoy, exigió al Ejecutivo que "explique en convocatoria pública a los españoles qué es exactamente lo que está haciendo" en esta materia. "Ya sé que estos cambios de etarras de un lugar a otro son legales, pero también es legal no hacerlo", agregó.
El presidente del Gobierno navarro, Miguel Sanz, opinó por su parte que se está debatiendo "en exceso, y a veces con cierto criterio electoralista", sobre la política antiterrorista. "Desde luego mucho más allá del rigor y de la responsabilidad" que, a su juicio, exige esta materia, concluyó.
