BILBAO. Después de que el debate sobre un eventual final dialogado de la violencia planeara sobre el Gobierno español en los últimos meses, con las consiguientes críticas del PP, al gabinete socialista no le seduce la perspectiva de sumirse en más discusiones públicas sobre la lucha contra la organización armada. Así se desprende de las declaraciones efectuadas ayer por el ministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba, que rehusó entrar en detalles sobre las supuestas medidas de prisión atenuada aplicadas a activistas recluidos en Langraitz y contrarios a la actual dirección de ETA. Preguntado sobre el número exacto de presos beneficiados por ese escenario, se limitó a asegurar que "en Nanclares de Oca no hay ningún preso de ETA, porque todos los que están no están en ETA, han pedido perdón a las víctimas, han condenado la violencia, están pagando la responsabilidad civil y, por tanto, están pagando lo que deben a las víctimas".

Así se pronunciaba en una rueda de prensa en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo después de que El País publicara en sus páginas este fin de semana que siete reclusos que han condenado la violencia, y que se encuentran cumpliendo condena en Langraitz, han logrado la concesión, por parte del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, de permisos regulares que les permitirían abandonar la prisión durante un máximo de 36 días al año. Entre ellos, figurarían nombres como el de Kepa Pikabea o el de José Luis Álvarez Santacristina, Txelis, que permanecen al margen del colectivo de presos desde 2008.

Ese grupo, además, optaría a la prisión atenuada, que ofrece la posibilidad de salir de la cárcel a diario -exceptuando los fines de semana- para trabajar o estudiar. De esta medida se estarían beneficiando, según el periódico, Andoni Muñoz de Vivar e Iñaki Rekarte. Los presos que estarían gozando de estas medidas se habrían comprometido a hacer frente a las indemnizaciones que han de pagar a las víctimas. Ante esas informaciones, Rubalcaba se circunscribió a sostener que lo que hace el centro penitenciario es "estrictamente, cumplir la ley, y nada más que la ley". "Hablar de estos temas no beneficia a nadie", zanjó el socialista, que aprovechó su comparecencia para recordar que ETA lleva un año sin atentar, si bien lo atribuyó a cuestiones de infraestructura y no de verdadera voluntad de los activistas. "Es porque no puede, no porque no quiera", aseguró.

LA REACCIÓN DEL PP Quien también se pronunció sobre las supuestas medidas atenuantes fue el vicesecretario de Comunicación del PP Esteban González Pons, que reclamó "sin mala intención" al socialista que, "cuando haga este tipo de publicidad, tenga en cuenta también la sensibilidad de las víctimas". "Todos los gobiernos han practicado este tipo de políticas penitenciarias, pero lo han hecho con menos publicidad", opinó el popular, crítico con la decisión de "filtrar" esos datos a los medios.

La cárcel de Langraitz, que ha saltado nuevamente a la actualidad política, forma parte junto con Zuera (Zaragoza) y Villabona (Asturias) del trípode de prisiones que han servido a Interior español para testar su política de acercamientos de aquellos presos que se han mostrado discrepantes con la dirección de la organización armada. Las tres, en total, acogerían a cerca de un centenar de reclusos críticos.

Además, en los últimos tres meses, las instancias penitenciarias de Zuera han asistido al acercamiento de siete reclusos de ETA, mientras Villabona acogió a seis. En el caso del centro zaragozano, cabe destacar la presencia de Joseba Urrosolo Sistiaga y Carmen Gisasola, que han mostrado su oposición a la lucha armada, y que han llamado a romper tabúes y a abordar la reparación a los damnificados.