La Fundación Sabino Arana reivindica su labor de custodia de los documentos del Gobierno en el exilio

BILBAO. Un millón y medio de documentos, dos toneladas y media de papel, 802 archivadores repletos de información sobre el Gobierno vasco en el exilio. Todo ese material obra en poder del actual Ejecutivo de Gasteiz después de la custodia que realizó durante 43 años el PNV, primero, y más tarde y en los últimos años el Archivo Vasco del Nacionalismo y la Fundación Sabino Arana. El año pasado, esta institución y el Departamento de Cultura llegaron a un acuerdo para la entrega a los archivos públicos de este importantísimo material. En compensación por la custodia durante esos años, por la restauración y el trabajo archivístico de los documentos, recibió 2,9 millones de euros del Gobierno de Juan José Ibarretxe.

"Este es un tema que viene de lejos", explica Juan María Atutxa, presidente de la Fundación Sabino Arana, respondiendo a las críticas que ha realizado el consejero de Interior del Gobierno vasco, Rodolfo Ares, sobre la celeridad del anterior Ejecutivo para abonar la cantidad acordada a la Fundación Sabino Arana. El miembro del Gobierno López exigió explicaciones sobre por qué "se dieron tanta prisa en pagar" a la fundación el pasado mes de mayo, días antes de que Ibarretxe abandonara Ajuria Enea. No deja de tener su importancia que el actual Gobierno vasco haya decidido informar de estas quejas el mismo día en que el PSE votaba, junto con el PSOE, a favor de la enmienda Florentino que abre la puerta a la deslocalización de empresas vascas, como Iberdrola o Petronor.

Pero el intento de extender una sombra de sospecha sobre este convenio de colaboración entre el anterior ejecutivo y la fundación caen en saco roto. Nada de irregularidades. Y orgullo por el trabajo realizado, sostiene la Fundación Sabino Arana. "Si no hubiese sido por la clarividencia de determinadas personas del PNV en el momento en que empezó a destruirse todo el archivo, hoy no estaríamos hablando de los documentos, sino de las cenizas de aquellos documentos", manifestó ayer a DEIA Juan María Atutxa.

La primera reunión entre la Fundación Sabino Arana y el Departamento de Cultura del Gobierno vasco tuvo lugar el 27 de julio de 2006. Fue a instancias de la fundación, consciente como era de que se estaban dando los primeros pasos para la creación del Archivo Histórico Nacional de Euskadi, que se ubicará en un edificio de la calle María Díaz de Haro, en Bilbao. Tenían que establecer las condiciones de la entrega del archivo denominado Fondo Gobierno de Euzkadi.

Después de numerosas reuniones, tres años más tarde se alcanzó el acuerdo, rubricado el 22 de abril de 2009 por Atutxa y la entonces consejera de Cultura, Miren Azkarate, unos días antes de que Patxi López fuera investido lehendakari gracias a los votos de su partido y del PP. El acuerdo establecía el abono de 2,9 millones de euros a la fundación por la custodia del fondo durante 43 años.

El 15 de mayo del año pasado se produjo el traslado efectivo al centro Irargi, en Bergara, que custodia el archivo hasta su depósito definitivo en Bilbao. Será el fin de un periplo que dura ya 73 años.

archivo de salamanca En 1937, ante la inminencia de la entrada de las tropas franquistas en Bilbao, la documentación del Gobierno vasco corrió suerte dispar. Algunos documentos fueron incautados por los sublevados. Son los que están en el Archivo de Salamanca; los que el anterior Gobierno vasco y las fuerzas nacionalistas reclaman su devolución. Otros fueron destruidos, de algunos nunca más se supo. Pero la mayoría pudo ser enviada al exilio. Durante décadas se guardó en París la documentación procedente de todos los departamentos, pero sobre todo de los del PNV -en el Gobierno de José Antonio Aguirre tomaron parte consejeros del PSOE y el Partido Comunista, entre otras formaciones-. El fondo consta de copias de cartas del lehendakari y los consejeros, listados con nombres de niños de la guerra, informes de atención a los refugiados, canjes de prisioneros, documentos de política internacional y de relación con la República, e informes militares, entre otros.

Una serie de cambios producidos en el edificio del Gobierno vasco de la rue Singer, en 1966 provocó que se decidiese trasladar los documentos -que estuvieron a punto de ser quemados por falta de espacio- a la sede del PNV en Baiona, en Villa Izarra. La mudanza al Archivo del Nacionalismo, en Artea, se produjo en 1992 y se abrieron a la consulta en 1997.

Nadie duda de la importancia del fondo documental. El informe encargado a la historiadora Leyre Arrieta por el Ejecutivo vasco sostiene que es la documentación más "completa" sobre el Gobierno vasco en el exilio que existe y califica su importancia de "incontestable".