Gasteiz. El caso Faisán llega al Parlamento Vasco. Un debate espinoso para los socialistas que, sin embargo, está liderado por su socio preferente, el Partido Popular, que busca que la Cámara exija depuración de responsabilidades sobre lo sucedido. En el epicentro del conocido como Caso Faisán se encuentra el actual secretario de Organización del PSE de Araba, Víctor García Hidalgo, imputado por un presunto chivatazo a ETA en el año 2006, cuando ostentaba el cargo de director de la Policía Nacional.
La investigación judicial, todavía en parte bajo secreto de sumario, concluyó el año pasado con el procesamiento por parte del juez Grande Marlaska de 24 personas, entre ellas el dirigente socialista alavés. Los hechos se remontan a mayo de 2006 cuando, al parecer, ETA habría recibido un "chivatazo" sobre el desarrollo de una operación policial contra su red de extorsión, con base en el Bar Faisán de la localidad de Irun.
Hasta ahora, la bronca política en torno a este tema se ha dirimido casi en exclusiva en Madrid, pero el jueves el debate se trasladará a la Cámara de Gasteiz. Y el PSE, que ha mantenido prácticamente un silencio sepulcral sobre el asunto pero sin abandonar su confianza en García Hidalgo, tendrá finalmente que pronunciarse. Enfrente tendrá a su socio de Gobierno, el PP, muy crítico con los socialistas por mantener a García Hidalgo en su Ejecutiva alavesa y haberlo nombrado, además, candidato a ocupar un cargo dentro de la Caja Vital, ahora en fase de renovación de sus consejeros. Circunstancia esta última que ayer cambió durante el día tras anunciar el dirigente socialista imputado su renuncia a convertirse en un nuevo miembro de la asamblea de la principal entidad de ahorros del territorio arabarra.
La renuncia fue presentada al PSE, que la aceptó y que la explicó como un intento de García Hidalgo de "serenar el clima" en la renovación de los cargos tras la imputación en un presunto delito de corrupción del ex diputado de Administración Local y ex vicepresidente segundo de Caja Vital, Alfredo de Miguel.
De esa manera, el PSE alavés -dirigido por Txarli Prieto, muy enfrentado al PP en este Territorio- agradeció a su "compañero" de partido "su disposición generosa para evitar que la utilización de su persona se dirija contra Caja Vital y contra el partido".
el jueves Pero el PP ha rechazado siempre cualquier explicación que justifique ese apoyo a García Hidalgo y la tibieza de los socialistas frente al caso Faisán. Firmada por Carlos Urquijo, los populares pretenden en su moción que el Parlamento Vasco reclame este jueves en el pleno "su inmediato esclarecimiento", así como la depuración, si las hubiere, de las correspondientes responsabilidades políticas que pudieran derivarse del mismo. Para el PSE, según han señalado fuentes socialistas a este periódico, se trata de "un intento más del PP de ir sacando temas para la agitación y la propaganda", como la réplica, hace dos semanas, del mismo debate que ya se produjera en septiembre para la disolución directa de los ayuntamientos gobernados por ANV y que terminó en la primera gran bronca política entre los socios de gobierno.
La iniciativa provocará una separación de voto entre ambos nuevamente este jueves, ya que el PP no contará con el apoyo de los parlamentarios del PSE. En las filas de los socialistas vascos consideran que "no existe una voluntad de ir a un mínimo criterio de unidad democrática" por parte del Partido Popular y ratifican su confianza en el poder judicial, que el PP, aseguran, "vulnera" a través de la iniciativa presentada. En su segundo punto, se solicitará que el Parlamento condene la "utilización de métodos espurios (falsos) en la lucha contra el terrorismo" y manifieste "que sólo el estricto cumplimiento de la Ley garantizará su derrota".
Asimismo, el PP busca que la Cámara inste al Gobierno español a "evitar en un futuro la reiteración de actuaciones que, lejos de acercarnos al final de la banda terrorista ETA, deslegitiman la acción del Estado de Derecho, quiebran la confianza de los españoles en los responsables públicos de combatir la violencia y dañan seriamente el prestigio de nuestras instituciones".
En definitiva, "recuperar la deteriorada confianza de la ciudadanía en quienes gestionan cuestiones tan sensibles como la seguridad de todos", concluye el popular Carlos Urquijo en su iniciativa.
