París. El Tribunal Correccional de París dejó hoy visto para sentencia el juicio contra el presunto dirigente de ETA José Antonio Urrutikoetxea "Josu Ternera" y su hijo Egoitz Urrutikoetxea, después de que la fiscal solicitara para ellos 7 y 4 años de prisión, respectivamente, por asociación de malhechores.

Ambos fueron juzgados en rebeldía, al encontrarse en paradero desconocido desde hace varios años.

Además de la pena de prisión, la fiscal Catherine Sorita-Minard, reclamó para Josu Ternera su expulsión definitiva de territorio francés una vez haya concluido su condena y que se mantenga la orden de arresto europea emitida en su contra.

En el caso de Egoitz, de quien subrayó que desde muy joven "siguió el camino de su padre", también pidió que se mantenga efectiva la orden de arresto europea pero explicó que no se contempla su expulsión de Francia porque tiene la nacionalidad francesa.

Sorita-Minard argumentó que, por lo que se refiere a "Josu Ternera", se considera probado que entre los años 2002 y 2005 participó en "actividades en beneficio de ETA" y mantuvo contactos con los que entonces dirigían la organización.

Sus huellas se hallaron en apartamentos clandestinos utilizados por activistas y responsables de la banda armada y en diversa documentación de carácter político sobre ETA.

Como ejemplo, dijo, se encontró su ADN en la cama de un apartamento en el que había estado residiendo Pedro Esquisabel Urtuzaga, "Xerpa", considerado entonces como jefe del aparato internacional de ETA.

En ese mismo apartamento, las fuerzas de seguridad hallaron también huellas de su hijo en una toalla que había usado otro de los miembros de la banda, José Manuel Ugartemendia Isasa, detenido en 2005 junto a Esquisabel.

El rastro de Egoitz se constató asimismo en un vehículo utilizado por Esquisabel, concretamente en un mapa de carreteras que había en su interior y en varios documentos.

De hecho, el proceso celebrado hoy contra Josu Ternera y su hijo está vinculado con otro contra Ugartemendia y Esquisabel pendiente de celebración en el Tribunal de lo Criminal de París.

Tras las conclusiones de la representante del ministerio público, la presidenta del Tribunal dejó el caso visto para sentencia, que se hará pública el próximo 7 de enero.

"Josu Ternera", nacido en diciembre de 1950 en Miravalles (Vizcaya), está en paradero desconocido desde noviembre de 2002, cuando no compareció ante el Tribunal Supremo, que le había citado para comunicarle su imputación por un atentado de ETA en 1987.

Con tan solo 20 años, en 1970 ingresó en las filas de la organización terrorista donde, una década después de su incorporación, ascendió a la dirección. En 1984 se convirtió en "número dos" de la banda tras la detención en Francia de Eugenio Etxebeste, "Antxon".

Tras ser arrestado en 1989 en Baiona fue condenado a diez años de prisión por pertenencia a banda armada. En 1996 fue entregado a España y permaneció en prisión preventiva hasta el año 2000, cuando salió en libertad sin cargos. Previamente, en 1998 había sido elegido parlamentario vasco por Euskal Herritarrok, cargo para el que fue reelegido en 2001.

Ese mismo año, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón le procesó como responsable de la asociación Ekin y en 2002, año en el que huyó de nuevo de la justicia, fue imputado como presunto inductor del atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza, en el que murieron once personas.

Egoitz, su hijo, nacido el 24 de junio de 1974 en Baiona, fue detenido varias veces en territorio francés, donde llegó a estar en la cárcel por ataques a bienes de policías y por agresión a un agente.

Huido desde el otoño de 2003, el joven ya fue condenado en rebeldía en julio de 2007, cuando se le impuso una pena de cuatro años de prisión porque se detectaron sus huellas en un piso en Burdeos utilizado por miembros del aparato financiero e internacional.

El pasado día 12 fue de nuevo condenado en su ausencia. En esta ocasión, a dos años de prisión por el hallazgo de sus huellas en un piso de Vichy que había alquilado con nombre falso. La sentencia confirmó además la orden de busca y captura dictada en su contra.