Exabruptos sobre inmigración, no gracias

Aunque las motivaciones pueden ser diferentes (económicas, políticas, religiosas, sociales etc.) toda emigración, –tenga solo un carácter o naturaleza o se fundamente en una diversidad de razones (como habitualmente ocurre)–, se sustenta sobre un único concepto: la necesidad. Necesidad de escapar de una muerte próxima por mor de la guerra, de la persecución política en regímenes dictatoriales, de la intolerancia religiosa, de la discriminación por orientación sexual o del hambre. Una necesidad en infinidad de casos imperiosa que retrata a la persona que emigra como exiliada y/o refugiada.

Por ello, la cuestión de la acogida o recepción de personas migrantes no debe nunca acompañarse de discursos frívolos o exabruptos, como los que acaba de protagonizar la Delegada del Gobierno de España en Euskadi, Marisol Garmendia. El que desde un puesto de responsabilidad como el que ostenta, se sitúen en un mismo plano las posiciones políticas del lehendakari Pradales y las del ultraderechista Santiago Abascal, es un despropósito intolerable para un representante institucional.

Dicho esto, a nadie se le escapa que toda sociedad desarrollada, y Euskadi es una de ellas, debe afrontar el fenómeno de la inmigración, cuando menos desde dos vertientes: la vertiente económica y la ética o de derechos humanos.

Respecto a la vertiente económica, la frase del lehendakari de que “hay que decidir que tipo de emigración queremos”, no sólo no es atentatoria contra nadie, sino que está avalada por prestigiosos sociólogos de la Universidad del País Vasco como Xabier Aierdi y por multitud de casos concretos a lo largo de la historia.

En 1953, el episcopado protestante australiano (credo cristiano mayoritario en el país-continente), hizo pública su posición relativa al favorecimiento de la emigración para que, en el marco de una necesaria reforma agraria, no hubiera terrenos potencialmente cultivables en desuso o, lo que es lo mismo, la tierra fuera para quien la trabajara. Esta declaración formulada en una carta pastoral colectiva y que entronca con la idea de que la propiedad privada debe tener en muchas ocasiones una función social, fue recogida por el dirigente navarro del PNV Manuel Irujo Ollo en un artículo del mismo año en el que también se hacía eco de la profunda reflexión del entonces Delegado Apostólico católico de Canadá Monseñor Antoniutti, afirmando que “los pueblos sin tierra tienen el derecho de poseer la tierra sin hombres”. El artículo de Irujo, titulado asimismo Tierras sin hombres, analizaba cómo en el bienio 1947-1949, el Estado australiano “acusaba la falta de brazos” para los empleos menos lucrativos como los del trabajo agrícola, la minería o las obras públicas y cómo los economistas locales consideraban altamente positiva la aportación migrante al desarrollo económico del país. Cambiando de hemisferio, también la Venezuela del presidente López Contreras (1936-1941) acometió un proceso selectivo de recepción de migrantes para la colonización agrícola, priorizando la entrada al país de personas con ideas “no revolucionarias”. Este hecho, además de la existencia de ciertas colonias vascas desde finales del siglo XIX , favoreció dar el visto bueno a la entrada de refugiados nacionalistas vascos, “católicos y de orden”, tras la Guerra Civil española.

En un contexto más cercano, no hay que olvidar tampoco qué opinaba desde el exilio (¡vaya paradoja!) Manuel Irujo sobre la inmigración a Euskalerria de aquellas personas que eran indispensables para el desarrollo de la industria vasca: “Euskadi -decía el navarro- debe ofrecerles cariño nacido del corazón, procurando dignificar sus vidas y su integración social y así sean absorbidos por lo vasco y para lo vasco. Es preciso que nos preparemos a aceptarles como a seres humanos, a hacer lo necesario para que las chozas y chabolas cambien por habitaciones dignas de los hombres, procurando que nos conozcan, nos quieran y que, de tal manera, entren a formar parte de nuestro grupo humano, con todas las consecuencias inherentes a esta conclusión. Cuando uno contempla el hecho de que el hijo de sangre extraña, nacido y criado en nuestra tierra se siente vasco, puede mirarse al futuro con confianza”.

Hoy, la sociedad vasca tiene un importante déficit de empleados autóctonos en sectores estratégicos con el de los cuidados sociales, un ámbito este sujeto a profundos cambios de paradigma y que sí o sí, ha de transitar hacia parámetros de mayor calidad, personalización, arraigo en los entornos comunitarios propios e inclusión social plena. En este campo, resulta una obviedad indicar (o no) que, de cara al cumplimiento de los objetivos fijados para el nuevo modelo, adquiere ventaja (conocimiento idiomático, mayor afinidad cultural) la aportación de migrantes latinoamericanos para cubrir las carencias laborales actuales.

La segunda gran vertiente relacionada con la inmigración, la que se corresponde con la ética y el escrupuloso respeto a los derechos humanos, ha tenido y sigue teniendo a Euskadi como un referente de primer nivel. Afirmaba Irujo que “la facultad de emigrar constituye un derecho natural del hombre” y de este mismo sustrato ideológico se nutre la acción del departamento liderado por la consejera Nerea Melgosa que recién ha formalizado la transferencia de las funciones en materia de inmigración para el proceso de integración de refugiados y asilados. Un ejecutivo vasco que ha pilotado desde el liderazgo del lehendakari Imanol Pradales, una entente con el presidente de las Islas Canarias Fernando Clavijo para el reparto equitativo y solidario de menores extranjeros, poniendo así coto al desorden existente en la materia y que estaba ocasionando un “efecto llamada” injusto para el caso vasco. Y si esto fuera poco, es indudable la importancia del apoyo económico del gabinete Pradales a la hora de que el buque humanitario Aita Mari salve cientos de vidas en el Mediterráneo.

No obstante, el fenómeno de la emigración más extrema también está asociado, a determinados niveles, a la seguridad ciudadana (o a la ausencia de ella) y su mantenimiento ha de ser en todo momento, como lo está siendo, una prioridad institucional. Afirmaba Irujo, y yo lo suscribo, que “sin faltar a la debida moral, los poderes públicos han de regular la emigración a efectos de orden público”.

Deber moral, humanitarismo, inclusión social, desarrollo económico, diversidad, seguridad ciudadana, equidad, selección etc…deben conjugarse adecuadamente para abordar la política migratoria. Siempre con rigor y seriedad, señora Garmendia, Exabruptos, no, gracias. Doctor en Historia Contemporánea