La memoria sucedánea y su teatralización engañosa

Las leyes de memoria, la última también, se olvidan de los responsables. No solo por la actitud de los políticos. La comunidad académica, salvo raras excepciones, renunció a ese ítem como objeto de investigación por diferentes razones. Una de ellas, la de no enfrentarse a posibles querellas por intromisión en el honor de las personas a las que se pudiera aludir, posibilidad cuyo marco temporal no finalizará nunca dado que las pueden suscribir descendientes de aquellas. Otro factor es el de no confrontar con el marco jurídico instaurado por la Ley de Amnistía y con el marco político de la Transición que inducía al olvido. Así, el investigador percibe que las ondas de la piedra en el plácido estanque pueden remover genealogías de personajes e instituciones asentadas, además de herir la autocomplacencia sobre la misma en que se ha instalado la inmensa mayoría de quienes forman el gremio de historiadores oficiales, lo que puede conllevar la marginación de los que se adentren en ese jardín. Obviamente todo ello arrastra al activismo memorialista, en cuanto que sometido a los condicionantes institucionales y académicos, si bien se detecta en algunas asociaciones poco esfuerzo por sustraerse a ellos y poca proactividad.

La memoria sucedánea efectivamente instaurada por la normativa vigente y por las pautas asentadas de gestión institucional de la misma genera, sin embargo, diversos actos de teatralización engañosa, a menudo profusamente difundidos por los medios con un relato ad hoc, que persigue enmascarar su carácter objetivamente parcial.

Un ejemplo reciente ha sido la exhumación de Queipo de Llano de la basílica de la Macarena. No hay dudas sobre la responsabilidad última del exhumado, como vértice superior que representaba en la pirámide de victimarios en relación con las decenas de miles de crímenes del territorio a su cargo. Ahora bien, recordando las preguntas del célebre poema de Brecht, uno tiene la impresión de que el tratamiento mediático otorgado al hecho ha buscado la finalidad de borrar del mapa mental de la ciudadanía la idea de que el mencionado general era la cúspide de una cadena de mando de la que también formaban parte el resto de los militares a sus órdenes, así como los líderes y militantes de los partidos (carlista, falangista, alfonsino, cedista) que colaboraron con la represión en sus diferentes escalas desde la base, formando la parte civil sumamente activa del golpismo. Ellos conformaban una densa retícula social que descendía hasta los pueblos, donde en la práctica se confeccionaban las listas de los elementos a eliminar, facilitadas luego a la policía, la Guardia Civil y los mandos castrenses y que servía de guía para la actuación de los escuadrones de la muerte.

Similarmente a lo que acontece con Queipo de Llano en Andalucía, sucede con Mola en nuestra tierra. Su exhumación, junto con la de Sanjurjo, en 2016 del Monumento a los Caídos pamplonés pudo suponer una especie de exorcismo que aliviara la desazón interior de muchos políticos y ciudadanos navarros generada por la impunidad del franquismo, pero, incluso reconociendo su entidad como cerebro de la conspiración militar-civil y como victimario principal, tal y como dictan sus instrucciones reservadas, en relación con lo acaecido en las provincias a su cargo, ha de admitirse que muchos agentes más operaron por debajo de él y con una gran autonomía además. En el caso de nuestro territorio, que Mola abandonó a los pocos días, entre esos otros agentes cabe mencionar a: los mandos militares que permanecieron en la guarnición pamplonesa, los miembros de la Junta Central Carlista de Guerra de Navarra y de sus Juntas de Merindad y de sus Juntas Locales; los miembros de las Jefaturas Provincial y de las Jefaturas Locales de Falange; las unidades de castigo carlistas y falangistas; y los sectores de la ciudadanía que contribuía con sus delaciones y con su asistencia a los espectáculos de humillación e incluso a los fusilamientos públicos, en este último caso, como señalan los testimonios pamploneses, en un clima de jolgorio.

Otro acto de teatralización engañosa está constituido, tal y como se está llevando a cabo según hemos visto en las últimas semanas, por la retirada de los honores y condecoraciones concedidos a personas determinadas. Ese proceso, que ya fue desarrollado en Navarra en la anterior legislatura, ha tomado de nuevo actualidad. El motivo, como es sabido, la retirada, coincidente con la visita de Yolanda Díaz a Pamplona, de la medalla otorgada hace décadas por el Ministerio de Trabajo a Félix Huarte. Por ello, se ha producido un debate por la circunstancia de que la persona referida, junto con Miguel Javier Urmeneta, condecorados con la Medalla de Navarra en 2014 por el Gobierno de UPN, figuraran en un informe pericial de la UPNA, filtrado a la Cadena SER, y no, en cambio, en el listado de nombres que fue presentado a la Comisión Técnica de Coordinación en materia de Memoria Histórica en su momento y que dio lugar a la retirada efectiva de honores a quienes se mencionaban en este último. Algo discordante recordémoslo, con la circunstancia de que todos los grupos parlamentarios, salvo UPN y PP, solicitaran la retirada de aquellas medallas en 2014 tan pronto como se concedieron.

Siendo relevante la cuestión de las condecoraciones y de los honores, es evidente que obvia a la más importante de los victimarios, algo a lo que ni el Gobierno del Estado ni el de Navarra se referirán, y que tampoco ha supuesto eje central alguno en los diferentes informes periciales de la Universidad Pública de Navarra (basta ver el de Pamplona, que se evade de la cuestión, mencionando en un párrafo mi libro Sin Piedad).

Si en lugar de dirigirse a la identificación de los responsables de los más de tres millares de asesinatos en 1936-1939 y de las conculcaciones de derechos de las décadas siguientes, incluyendo también a las de las últimas, las instituciones optan por la retirada, aunque sea en revisión continua, de reconocimientos y honores como argucia sustitutiva fraudulenta de lo que, por lo visto, no puede ser nombrado (porque nos sumerge en la penosa realidad de que el mal habitó entre nosotros), hágase entonces con criterios definidos y cerrados globales y, sobre todo, con independencia de tergiversaciones, navajeos políticos y filtraciones a determinados medios que bien poco han hecho históricamente por la memoria histórica. Recuerdo que los criterios a emplear desde un punto de vista legalista deben enmarcarse en el contexto del artículo 40 de la Ley de Memoria Democrática (que menciona como causa de retirada de las condecoraciones su incompatibilidad con los valores democráticos, su carácter de exaltación de la sublevación militar o la dictadura o el haber sido concedidas a los integrantes del aparato represivo del franquismo), mucho más estricto que lo que señala el artículo 12 de la Ley de Memoria de Navarra (que ordena, sin más, la retirada de distinciones y nombramientos “de personas vinculadas con el régimen franquista”). Por cierto, aplicando esos criterios a los receptores de las más importantes condecoraciones y premios oficiales navarros en las últimas décadas, advierto la existencia de diversos nombres de particulares y entidades que nadie ha sacado a relucir estas semanas y que no parece que se mencionaran en el citado informe de la UPNA. Igualmente en dicha universidad hay un espacio nominado con el nombre de alguien de infausta memoria para algunos colectivos específicos de represaliados. l

* Historiador