EL pasado 11 de octubre el Gobierno español aprobó el Plan Más Seguridad Energética (+SE), que se conoce más como “plan de contingencia” que incluye medidas para contener el aumento de precios de la energía por la guerra en Ucrania y que se enviará a Bruselas.
Con este plan, el Gobierno español prevé que se reduzca el consumo de gas en el Estado español entre un 5,1% y un 13,5%, entre enero y marzo. El plan contiene 73 medidas estructuradas en seis bloques: ahorro y eficiencia energética; impulso a la transición energética; protección a los consumidores vulnerables, los hogares y las empresas; medidas fiscales; autonomía estratégica y medidas de “solidaridad” con otros países de la Unión Europea. Algunas de ellas, ya fueron aprobadas a través del Real Decreto-ley 14/2022 en el pasado agosto, que regulan la temperatura de climatización de los edificios públicos y del sector terciario, y facilitan abonos gratuitos para viajeros frecuentes en ferrocarril. El Gobierno español también ha acordado reducir a la mitad los plazos de tramitación para construir instalaciones de energía renovable, así como favorecer e impulsar las comunidades energéticas locales, que supone un cambio muy importante como es aumentar el radio de acción de las comunidades energéticas de 500 metros a 2 kilómetros.
El citado plan contiene medidas muy positivas, como acelerar la sustitución de los combustibles fósiles por energías renovables; la protección de los consumidores más vulnerables, hogares y empresas, ante la elevación de los precios energéticos; una revisión general de todo el alumbrado exterior público, tanto el que está a cargo del Estado como el que está a cargo de las comunidades autónomas o de los ayuntamientos, aunque no establece ningún límite sobre las luces navideñas; ahorros en la factura de los consumidores; nueva información explicativa en la factura de la luz, que hoy en día es un auténtico galimatías; ayudas para el gas a las comunidades de vecinos; y algunas cuestiones más.
Pero también el llamado “plan de contingencia energética” se queda a medio camino en algunas materias, por ejemplo, en el ahorro energético, a la vez que la mayoría de las medidas son voluntarias y no priorizan la igualdad; no abren el camino a transformaciones más drásticas en el futuro; y se ignoran algunas otras, que son absolutamente necesarias e interesantes, como el teletrabajo, del que no se habla para nada, o determinadas medidas de movilidad.
Cuando digo que el Plan Más Seguridad Energética (+SE) se queda a medio camino en el ahorro energético, me refiero a que la mayoría de las medidas no están enfocadas a ello, sino más bien son ayudas económicas ante la subida de los precios energéticos, como son la reforma del precio regulado de la luz (PVPC) o la rebaja del IVA del gas del 21% al 5%. En lo que respecta a medidas que aceleren la sustitución de fósiles por renovables, con ser muy positivas, no significan ahorro energético, sino más bien impulso a la transición energética, que es muy importante.
Sin embargo, en el contexto de emergencia climática en que nos encontramos, a la vez que es necesaria una reducción muy sustancial de las emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático, así como políticas de adaptación, son absolutamente imprescindibles grandes reducciones del consumo energético en los llamados países desarrollados.
Por otra parte, la reducción de la demanda energética en materia de políticas públicas debe ir más allá de medidas voluntarias. Si van enfocadas solo a cambios voluntarios de comportamiento sin ningún apoyo de regulaciones es probable que apenas consigan transformaciones importantes, y pueden estar destinadas al fracaso. Asimismo, se debe priorizar la igualdad en las políticas públicas. Hay que tener en cuenta que son los sectores más enriquecidos de la sociedad quienes tienen un consumo energético muchísimo mayor, especialmente en el transporte y la vivienda. Aquellas políticas públicas de ahorro energético que no aborden de forma central esta desigualdad es probable que terminen por empeorar las condiciones de vida de aquellos hogares con menos ingresos, generando un gran rechazo social.
Por otra parte, unas medidas que se aplican únicamente durante un corto periodo de tiempo, tienen una escasa capacidad de cimentar los necesarios cambios sociales, culturales, económicos y sobre las infraestructuras. Se exigen reformas mucho más drásticas mantenidas en el tiempo.
Como decía en un articulo publicado en este diario el pasado 15 de agosto, en lo que respecta al transporte, que es una fuente importante de consumo de energía y emisión de gases de efecto invernadero, son necesarias medidas como la obligatoriedad de asegurar opciones de transporte colectivo gratuito al centro de trabajo para grandes empresas; diseño y ampliación de medidas en nuestras ciudades y municipios que quiten la prioridad al vehículo privado, y la introducción del domingo sin coches; reducir el límite de velocidad en autovías a 110 km/h; prohibición de vuelos de corta distancia cuando exista una alternativa de viaje en tren en menos de 4 horas; etcétera.
Algunas de estas medidas se aplicaron en algunos países hace ya unos cuantos años. Haciendo un poco de historia y tirando de hemeroteca, el domingo sin coches se puso en marcha en Holanda en 1973 o la reducción del límite de velocidad en las carreteras de Estados Unidos a 88 km/h en 1974 como respuesta a la crisis del petróleo. En 2001, debido a fuertes sequías y una elevada dependencia de la producción hidroeléctrica, Brasil sufrió una crisis eléctrica en la que se aplicaron medidas que redujeron en un 25% el consumo energético de los hogares.
Estos ejemplos y algunos más nos permiten ver la respuesta que se ha dado en situaciones excepcionales que ponían en riesgo el suministro energético. En algunos casos, como en Brasil, las medidas aplicadas coyunturalmente han mantenido también efectos de reducción de la demanda a medio y largo plazo. Sin embargo, lo contrario también puede ocurrir y no cualquier diseño de políticas públicas es efectivo. Por eso debemos ser capaces de extraer aprendizajes de las experiencias pasadas. Desde el ZOE Institute for Future-fit Economies (https://zoe-institut.de/en/), que es una plataforma creada en 2017 que exploran nuevas formas de una economía adaptada al futuro para el siglo XXI, destacan tres lecciones: La reducción de la demanda energética en materia de políticas públicas debe ir más allá de medidas voluntarias; deben contribuir significativamente a una reducción de la demanda; y deben tener efectos a medio y largo plazo que abran el cambio a transformaciones más profundas.
* Experto en temas ambientales y Premio Nacional de Medio Ambiente
