E trata de un encuentro (inicialmente previsto como presencial, aunque las circunstancias han obligado a que haya tenido que ser telemático) que, en principio, hay que valorar positivamente; en primer lugar porque abrir una vía de interlocución con la máxima instancia de la UE siempre es bueno y puede ayudar a que en Bruselas se tenga un mejor conocimiento, a través de los máximos representantes de las CC.AA., de los problemas específicos que tienen, que frecuentemente quedan diluidos en los de los Estados miembros.
Hay asimismo otro factor que no debe pasar desapercibido, como es el reconocimiento implícito de otros entes territoriales, además de los Estados miembros, que también tienen una entidad propia y son sujetos de relaciones económicas y políticas en el seno de la Unión (además de en el marco del propio estado). Si bien es cierto que ya existe el Comité de las Regiones en la arquitectura institucional de la UE para dar acogida a lo que en el argot eurocomunitario se conoce como "entes subestatales", ello no impide que estos puedan tener también relación directa con otras instancias (incluida la Comisión) de la UE para tratar con ellas sobre asuntos específicos de su interés, como es el caso en estos momentos de los fondos europeos.
No cabe duda de que la distribución y gestión de los eurofondos aprobados en la reciente cumbre europea de julio es un asunto cuyo interés es incuestionable; pero no solo para los Estados miembros de la UE, también para las nacionalidades y regiones existentes en los estados con legítimos intereses específicos que no necesariamente tienen que quedar subsumidos en los del estado en el que están ubicadas. Poder participar en la gestión de los eurofondos en el marco de las instituciones de la UE, especialmente de las que tienen un papel clave en la estructura institucional como es la Comisión, es una novedad que contribuye a ampliar el ámbito de la cogobernanza en el marco y en el seno de la Unión Europea.
Hay que llamar la atención sobre la relevancia que tiene la cogobernanza en la gestión de los eurofondos, tanto por su volumen en términos cuantitativos como por los criterios seguidos esta vez en relación con sus destinatarios. Nunca hasta ahora se habían destinado sumas como las aprobadas en la reciente cumbre europea del pasado julio; nada menos que un fondo (para la recuperación) de 750.000 millones de euros, a distribuir según los criterios acordados en Bruselas entre los Estados miembros; lo que en nuestro caso se plasma en la suma nada despreciable de 140.000 millones de euros, de los que más de la mitad van a ser gestionados por las CC.AA. No sería nada razonable desaprovechar esta oportunidad, lo que implica estar presentes y participar activamente en las instancias en las que se trata sobre el destino de esos fondos; entre ellas el encuentro, por primera vez, con la presidenta de la Comisión Europea.
Mayor interés aún ofrecen los criterios utilizados esta vez para la asignación y gestión de los eurofondos ya que de ello va a depender en buena medida la consecución de los objetivos de recuperación perseguidos o, por el contrario, que se dilapiden recursos como ya ha ocurrido en más de una ocasión. Cabe reseñar, a este respecto, el cambio sustancial que ha habido en los criterios manejados anteriormente en cuanto a las condiciones para la recepción de los fondos y, más concretamente, en lo relativo a la canalización de estos mediante transferencias (72.000 millones) y mediante créditos (70.000 millones) a muy bajo interés a devolver en plazos muy largos (2059), lo que contrasta con lo que había sido hasta ahora la práctica habitual de la UE.
Otro de los factores que es preciso tener muy en cuenta es el momento en el que tiene lugar esta intervención de la UE, en una coyuntura crítica como ninguna otra hasta ahora, a través de la provisión de los eurofondos para la recuperación económica en los términos reseñados. Se trata de una oportunidad, que no debe ser desperdiciada, para poder disponer de recursos con los que hacer frente a la aguda multicrisis -sanitaria, económica, social- que estamos sufriendo. De la utilización que hagamos de esos recursos (lo que exige, antes de nada, poder disponer de ellos) depende, en buena medida, que se cumplan las expectativas de regeneración y transformación de nuestro maltrecho tejido económico y social en el incierto periodo poscrisis.
Dicho esto, hay que decir también que de nada serviría esta "cumbre euroautonómica" -presidenta de la Comisión UE y presidentes/as de las CC.AA. y del Gobierno central- si al final todo se queda en una foto, sin que las declaraciones que suelen hacerse en este tipo de eventos tengan luego continuidad ni ninguna forma de materialización efectiva. Además de los grandes objetivos que suelen proclamarse en estas ocasiones y de la profusa publicitación mediática que los acompaña, hace falta saber también cuáles son los medios y mecanismos, institucionales y normativos, que se van a articular para garantizar su plasmación en realizaciones concretas. De lo contrario, para lo único que sirven estos eventos es para generar expectativas falsas cuyo incumplimiento solo lleva a la frustración.
Otro de los riesgos que es preciso evitar es el de la dispersión de objetivos, que solo conduce a la dilapidación de los recursos de los que se dispone. Interesa hacer esta observación ya que en estos eventos suele ser habitual proclamar grandes objetivos -digitalización, cambio climático, modelo productivo, etc.- con los que es difícil no estar de acuerdo pero que muchas veces sirven para diluir objetivos más concretos que exigen respuestas urgentes y que no pueden quedar relegados en aras de los grandes proyectos. Por no hablar de otras cuestiones, como el referéndum soberanista en Catalunya o la regulación del aeropuerto de Barajas, cuya conexión con la gestión de los eurofondos no es fácil detectar, aunque no han faltado quienes no han tenido ningún reparo en plantearlos en la cita euroautonómica.
Conviene tener presente que un encuentro como este, que reúne por primera vez a las máximas autoridades de los órganos ejecutivos de la UE, del Estado y de las CC.AA., tiene como finalidad tratar sobre la distribución y gestión de los eurofondos para hacer frente a los efectos de la aguda crisis por la que estamos atravesando y poner las bases de la recuperación económica y social. A lo que hay que añadir que en esta ocasión, a diferencia de lo que ha ocurrido en otras anteriores, la consecución de tales objetivos va acompañada de la introducción de un nuevo factor que hace referencia a la aparición de signos de cogobernanza entre el Estado y las nacionalidades y regiones en el seno de la UE.
Se trata tan solo de una primera experiencia que abre nuevas expectativas de cogobernanza para las CC.AA.; aunque hace falta saber si, a partir de ahora, va tener continuidad y, en este caso, definir más precisamente cuál ha de ser la posición a mantener para que el ejercicio del autogobierno se inserte también en el marco europeo. Hay que tener presente que hoy, y cada vez más, las cuestiones que más nos afectan en nuestra vida diaria (valga el ejemplo de la actual crisis pandémica y la gestión de los eurofondos) tienen una dimensión que trasciende ampliamente el ámbito autonómico, y también el estatal, para proyectarse a escala europea. En este marco hay que inscribir la participación activa de los entes autonómicos en encuentros como el que acaba de tener lugar entre la Conferencia de Presidentes de las CC.AA. y la presidenta de la Comisión Europea y, así mismo, la definición de una línea de actuación cooperativa en el seno de las instituciones estatales y de la Unión Europea.
* Profesor
