NO de los efectos de la aguda e imprevista crisis sanitaria que estamos sufriendo en estos momentos ha sido el de poner a prueba a la Unión Europea; de forma especial, la capacidad de sus instituciones y de los dirigentes que las encabezan para dar una respuesta común y efectiva a la pandemia que nos afecta a todos los europeos, más allá del país al que cada uno pertenezca. Quizá no haya habido, desde la segunda posguerra mundial, ningún otro fenómeno cuyos efectos se hayan extendido simultáneamente, en tan breve periodo temporal, a la totalidad de la población europea de la forma como ha ocurrido esta vez con el covid-19, cuyos efectos finales están aun por determinar.
Esta afectación a toda la ciudadanía europea, aunque sea en forma y en intensidad distintas según los países, ofrecía una buena oportunidad para que, en el marco de la Unión Europea, y mas concretamente de su máxima instancia decisoria como es el Consejo Europeo, se acordasen medidas efectivas para afrontar un problema que es común a todos los europeos. Sin embargo, a la vista de las reacciones que últimamente han venido protagonizando algunos de los principales líderes europeos, hay motivos para temer que la cumbre europea solo pueda servir para poner de manifiesto, una vez más, las lagunas que presenta a día de hoy el proceso de construcción europea y, en definitiva, para escenificar la falta de gobernanza europea.
No se trata de echar la culpa a la Unión Europea por la falta de respuesta a esta crisis, que no solo no ha concluido aun sino que en este momento desconocemos todavía el alcance que pueda tener, en especial por lo que se refiere a sus efectos en el terreno económico y social. En primer lugar, porque en virtud del principio de atribución, que rige las relaciones competenciales entre los estados miembros y la Unión, ésta no tiene atribuidas competencias en materia sanitaria, lo que impide su intervención en este ámbito, reservado a los estados miembros. En nuestro caso, además, esta competencia integra, en los términos previstos constitucional (artículos 148 y 149) y estatutariamente (artículo 18), el ámbito propio del autogobierno autonómico.
Hay otro factor que es preciso tener siempre en cuenta cuando hablemos de la UE, como es el hecho de que las instituciones europeas hacen lo que los estados miembros le dejan hacer, que según el asunto de que se trate puede ser muy poco. No cabe, por tanto, echar la culpa "a Bruselas" cuando no se es capaz de solucionar un asunto y, al mismo tiempo, privar a las instituciones europeas de los instrumentos, institucionales y normativos, necesarios para poder hacerlo. Es ésta una actitud que suele ser bastante habitual por parte de las autoridades de los estados miembros como forma de escabullirse de sus responsabilidades y endosárselas "a Bruselas", encubriendo así su incapacidad para afrontar los problemas y darles respuesta efectiva.
Dicho esto, hay que decir también que en esta ocasión los serios problemas que plantea la pandemia vírica que estamos sufriendo sobrepasan por completo las fronteras de los estados miembros de la UE; lo que exige una acción común que solo puede ser llevada a cabo a través de las instituciones comunes de la UE. No se trata de centralizar las medidas sanitarias a escala europea, lo que no solo no sería posible en el marco jurídico e institucional vigente hoy en día en la UE (y en los estados miembros) sino que, además, tampoco sería efectivo dada la disparidad de situaciones sanitarias existentes en los distintos países integrantes de la UE. Pero sí sería posible, además de conveniente, buscar fórmulas que hagan posible la cooperación en común a escala europea para poder afrontar en las mejores condiciones los retos actuales, especialmente en el terreno económico y social, donde los efectos de la pandemia van a dejarse sentir con toda su fuerza próximamente.
Esta es precisamente la tarea que han de asumir las instituciones europeas, que sí tienen competencias en esas materias, particularmente en el ámbito económico y financiero, lo que resulta decisivo para afrontar los graves problemas que se plantean en estos momentos (y van a plantearse próximamente con mayor intensidad) como consecuencia de la crisis sanitaria. Es una ocasión particularmente propicia para que las instituciones de la UE puedan hacer valer su utilidad para afrontar problemas cuyo marco de tratamiento y de resolución sobrepasa ampliamente los estrechos límites de las actuales fronteras estatales; lo que, por otra parte, es algo que los hechos que vienen sucediéndose últimamente están poniendo de manifiesto de forma incontestable.
Es en este nuevo escenario, marcado ante todo por los efectos de la aguda crisis sanitaria que estamos sufriendo, en el que tiene lugar la cumbre europea que, en principio y siguiendo las indicaciones de la anterior del pasado febrero, debía acordar el Marco Financiero Plurianual (MFP) para el próximo periodo 2021-27 (sin olvidar el seguimiento del proceso del Brexit). Pero la nueva situación creada por la pandemia que está afectando, aunque no sea en la misma medida, a todos los países de la UE, otorga prioridad total a este asunto sobre cualquier otro; muy especialmente por lo que se refiere a las medidas que va a ser necesario adoptar para hacer frente a los efectos de esta crisis en el terreno económico y social.
Se trata, sin duda, de una de las cumbres europeas más decisivas de la UE ya que, en primer lugar, nunca las instituciones europeas han tenido que afrontar una situación de crisis de la envergadura que tiene la presente, que se extiende a todos los sectores de la actividad económica y que previsiblemente va a tener unas repercusiones sociales muy superiores a las de otras crisis. A lo que hay que añadir la novedad de la situación, que no tiene precedente alguno a lo largo de toda la vida de la UE (ni tampoco antes, en las Comunidades europeas), lo que acrecienta los riesgos de no acertar con las decisiones que se adopten, que en cualquier caso van a incidir de forma determinante no solo en el futuro de UE sino también de los países que la integran.
Por otra parte, y de acuerdo con las informaciones que vienen conociéndose tras la reciente reunión del Eurogrupo (Bruselas, 9 abril), llama la atención el volumen billonario de las sumas sobre las que tiene que decidir el Consejo Europeo, sin duda las más elevadas hasta ahora. Más allá de la polémica sobre las fórmulas que han de emplearse para su gestión (que no son intrascendentes) lo realmente importante es la definición de una orientación clara para poder hacer frente, en común, a los efectos de la crisis actual. De no ser así, la Unión Europea habría perdido una buena ocasión para demostrar su utilidad, que no solo se limita a la gestión de los mercados (que también) sino que asimismo debe acometer las tareas encaminadas a la construcción de una Europa integrada económicamente y cohesionada socialmente.
La coyuntura crítica en la que estamos puede servir para certificar la impotencia de las instituciones europeas, incapaces de reaccionar con medidas efectivas en momentos como éste. Pero puede convertirse también en una oportunidad única para hacer valer su utilidad ante situaciones de crisis que sobrepasan por completo, como está ocurriendo, los marcos estatales existentes en la actualidad. Este es el dilema al que se enfrenta en el momento presente la UE, en particular el Consejo Europeo que tiene lugar estos días, que va a tener que demostrar, más que en ninguna otra ocasión anterior, ser capaz de adoptar medidas efectivas a escala europea para hacer frente a los efectos económicos y sociales de la grave crisis originada por la pandemia del covid-19. De ello depende no solo el cumplimiento de las expectativas de recuperación económica en la poscrisis sino también el futuro de la construcción europea y de las propias instituciones de la UE.
* Profesor
