Tribuna abierta

La decisión de ERC

Sabíamos que Pedro Sánchez no era perspicaz. Ahora, que no es hábil. No duda en dificultar la abstención de ERC, obligada sin embargo a hacer lo que crea más conveniente a su objetivo último, la independencia de Catalunya, como fijó su Congreso de Lleida de 1989

17.12.2019 | 20:47

HOY, martes, se celebra en Barcelona la tercera reunión entre las delegaciones del PSOE (Adriana Lastra, José Luis Ábalos y Salvador Illa) y ERC (Gabriel Rufián, Marta Vilalta y Josep Maria Jové) y casi todo apunta a que habrá continuidad hasta que se den las condiciones para que ERC se decante del no a la abstención y permita así la formación del primer gobierno de coalición de izquierdas desde 1977. Y hay que decir "casi todo" porque hay un factor incontrolable: Pedro Sánchez, quien parece no sentirse a gusto con la abstención de ERC y no duda en dificultarla. ¿Qué necesidad tiene de declarar que si hay acuerdo "estará dentro de la legalidad y será público" y que "acatará la Constitución y el Estatut"? Por supuesto, todo el mundo sabe que será así, pero verbalizarlo en estos momentos no hace más que añadir doble presión a ERC. Por un lado, da por hecho el acuerdo cuando este no está cerrado ni ERC tiene las mismas prisas que Sánchez. Por otro, deja al descubierto que ERC opta por un cierto pragmatismo frente al proceso de radicalización de la CUP y que Carles Puigdemont impulsa en JxCat.

Ya sabíamos que Sánchez no era un político perspicaz, ahora sabemos que tampoco es hábil. No es perspicaz porque tiene el récord inmejorable de repetir elecciones para conseguir peores resultados. Así, entre abril y noviembre, el PSOE ha pasado de 123 escaños a 120 y la suma del PSOE y UP de 165 a 155. ¡Genial, diez menos! Es verdad que en este viaje se ha quedado por el camino uno de los personajes más nefastos de la política española de las dos últimas décadas y que el partido que nace y se desarrolla con el objetivo de combatir todo lo catalán, desde la lengua al catalanismo político (Ciudadanos se funda en 2006 durante el gobierno tripartito de las izquierdas liderado por el PSC en Catalunya, y en los manifiestos fundacionales se pronuncia contra el "nacionalismo de izquierdas", "el control ideológico del nacionalismo sobre los medios de comunicación" y, cómo no, contra la "política lingüística que se ha aplicado a la enseñanza", la inmersión lingüística), se ha quedado en diez escaños, tras un doble trasvase de votos, a Vox y al PP que también sufre una fuga de votos hacia Vox. La contrapartida es el auge de la extrema derecha nostálgica del franquismo que pasa de 24 a 52 escaños. ¡Genial, por partida doble!

Y, claro, Sánchez es un hábil negociador que, en lugar de buscar puntos de encuentro con ERC para facilitar la decisión del partido republicano, no hace más que pedir la abstención del PP para poder lograr la investidura sin necesidad de ERC. ¡Menuda forma de negociar! En fin, ya sabemos que en política los acuerdos y los pactos no se hacen por amor, pero de ahí a insistir en "me voy contigo porque el otro no me quiere" va un trecho que no hace falta recorrer. Lo cierto es que Sánchez, con solo 120 escaños, está abocado a pactar porque España quizás se pueda permitir unas terceras elecciones, pero el líder socialista, no; puesto que se arriesga a sufrir un descalabro aún mayor que el del pasado 10 de noviembre.

ERC, por su parte, no se abona a la teoría del cuánto peor mejor y prefiere en Madrid un gobierno de izquierdas a cualquier combinación de derechas o de gran coalición a tres -por la que suspira ahora un C's políticamente irrelevante y parlamentariamente innecesario- o a dos, como desearían algunos barones del PSOE y del PP. Esto no significa que la opción del pragmatismo político no tenga alguna compensación ya que en política no hay nada gratis y además su decisión provocará un desgaste entre su electorado en Catalunya (de hecho, entre abril y noviembre, ha perdido dos escaños a manos de JxCat y la CUP). El problema para Sánchez es que, como ya advirtió Rufián, lo que en abril tenía un coste se ha encarecido ahora, después de una sentencia totalmente injusta que suma 100 años de cárcel. Las penas de los presos políticos pesan como una losa en el momento de negociar con un partido que dio apoyo a la aplicación del artículo 155 y que persiste en una judicialización de la política para afrontar un conflicto de carácter político.

Pere Aragonès, vicepresidente del Gobierno de la Generalitat y coordinador nacional de ERC, fija como objetivo último de la negociación "abordar el conflicto político en Cataluña" de una vez por todas a través de una mesa entre gobiernos que va más allá de la comisión bilateral que ya existe y que parece ser lo máximo que ofrece Sánchez. También hay que abordar la situación de los presos políticos -aunque sea vía régimen penitenciario, aplicación del tercer grado-, única manera de compensar el coste que supone para ERC la investidura.

Pero, sin duda, el principal problema de ERC es la incapacidad de Sánchez, como del conjunto del nacionalismo español, para comprender que en Catalunya y Euskadi existe un problema político que no se soluciona invocando a un supuesto carácter sagrado de la Constitución sino profundizando en las prácticas democráticas. En el procés se han cometido errores -unilateralidad, insuficiente masa crítica para proclamar la independencia, desconocimiento del contexto geopolítico europeo pos-Brexit, minusvaloración de la capacidad de respuesta del Estado español-, pero los errores de unos no pueden ocultar la baja calidad democrática de los otros. Basta con mirar lo que ocurre en otros lares.

En 1980 y 1995 tienen lugar en Quebec sendos referéndums con un 85,6% y un 93,5% de participación y un 40,4% y un 49,4% de votos favorables a la secesión respectivamente. En 1998, la Corte Suprema emite un Dictamen en el que reconoce que ni la Constitución federal ni el derecho internacional reconocen el derecho a la secesión del Quebec, no obstante, si una mayoría de quebequeses opta en referéndum por la secesión, la obligación del gobierno canadiense es negociar las condiciones de la separación. En otras palabras, la Corte Suprema reconocía el derecho a decidir "basándose en el principio democrático" ya que en caso de colisión entre la ley y los principios democráticos prevalecen siempre los segundos. Lo contrario, como apuntó ya Hannah Arendt, denota una pulsión autoritaria como la que traslucía el discurso del rey Felipe VI el 3 de octubre de 2017.

El 13 de diciembre de 1999, el Gobierno Federal presenta en la Cámara de los Comunes la Ley de Claridad (https://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/C-31.8.pdf) donde se reconoce el derecho a consultar en referéndum cualquier cuestión, incluida la secesión, pero se afirma que se precisa de una mayoría clara a favor de la misma para iniciar una negociación con el Gobierno federal.

La Ley de Claridad sirvió de modelo en el referéndum escocés de septiembre de 2014, que cumplía dos exigencias básicas: aplicación del principio democrático por el acuerdo bilateral entre los gobiernos de Escocia y el Reino Unido de octubre de 2012 y pregunta clara y concisa de respuesta binaria ("¿Está de acuerdo en que Escocia debería ser un país independiente?").

Claro que todos los progres que incitaron al "a por ellos" el 1-O (ellos, los 2,3 millones de ciudadanos de Catalunya sobre un censo de 5,3 millones que votaron a pesar de la brutalidad policial) claman que España no es Canadá ni el Reino Unido (ni Catalunya es Quebec o Escocia) y que "por sentido de Estado" ERC debe facilitar la investidura de Sánchez. No, desafortunadamente la democracia española no es la del Canadá o el Reino Unido; basta con ver cómo reaccionaron unos y otros gobiernos a la convocatoria del referéndum de secesión; ni el locuaz Manuel Marchena y sus seis herméticos compañeros se asemejan en nada al Tribunal Supremo del Canadá. Y sí, ERC, "por sentido de Estado" y como partido republicano de izquierdas, está obligada a hacer lo que crea más conveniente en aras a su objetivo último, la independencia de Catalunya como quedó fijado en el Congreso de Lleida de 1989.