Sociedad vasca y estatus político
EL Estatuto de Gernika ha cumplido 40 años. Conviene recordar un principio sustancial inscrito en su significación original, pero que casi no forma parte del debate político actual. El Estatuto de Gernika supuso la restauración democrática, con el retorno al país de las instituciones que la dictadura quiso y no pudo erradicar. El año 1979, una clara mayoría social respaldó la rehabilitación de las instituciones del exilio, junto con unos contenidos de autogobierno pactados con los representantes del Estado. Teniendo en cuenta que la Constitución del 78 fracasó en los tres territorios vascos que forman la CAV, la aprobación popular del Estatuto de Gernika fue el acontecimiento fundante de la nueva institucionalización democrática del país. No se puede ocultar que el proceso político que se abría entonces tuvo una contestación duradera, de carácter político-militar. Durante años, mientras unos recurríamos al debate pacífico y los votos, otros enarbolaban sus arsenales bélicos.
Además, el Estatuto de Gernika tuvo y tiene un valor cualitativo que también olvidamos frecuentemente. En esta norma institucional se incluyó la expresión de la nacionalidad vasca, la libertad de adhesión de todos los territorios vascos del sur de los Pirineos, una reorganización institucional desde abajo hacia arriba en un eficaz sistema de carácter federativo de tres niveles y una vía abierta para el ejercicio de la autodeterminación foral. De acuerdo con esta última, el pueblo vasco sería el sujeto legitimado para ejecutar el (o los) acto(s) de decisión que fueran necesarios para reclamar los derechos que le corresponderían con arreglo a la historia, acto que cabría acomodar con el ordenamiento jurídico.
En lo que a asignación de facultades de autogobierno se refiere, en el Estatuto se había previsto la devolución de capacidades educativas, culturales, sociales y económico-financieras, aunque algunas de ellas todavía no se hayan transferido. Es cierto que este pacto devolutorio ha sido defraudado una y otra vez, debido a la interpretación arbitraria y restrictiva del mismo que han realizado unilateralmente los diferentes poderes del Estado central. Y es cierto también que la confianza en que el Estado cumpla voluntariamente su parte de lo acordado se ha ido diluyendo. A partir del golpe de 1981, a los gobernantes de España solo se les han podido arrancar competencias aprovechando sus momentos de crisis política o debilidad parlamentaria.
PASE FORAL Creo que en aquel tiempo ya se era consciente de que el pacto estatutario no podría desarrollarse de acuerdo con una bilateralidad en la que las dos partes pudieran estar en un equilibrio parejo de fuerzas. Pero se esperaba lealtad política en el cumplimiento de los compromisos adquiridos. A la vista de la conducta de los responsables del Estado, hoy se puede decir que a ese pacto le faltó un sistema de garantías.
Ahora queremos dotarnos de esas garantías, y se dice que podemos inspirarnos en el pase foral. Algunos podrán caricaturizarlo como mito o antigualla. Nada más lejos de la realidad. Phillip Pettit, uno de los autores que han puesto al día la tradición del republicanismo, ha señalado con acierto que, para no dejar margen de acción al poder arbitrario, sea público o privado, hay que tener posibilidades de ponerlo en cuestión. Una cuestión muy en boga, si tenemos en cuenta la más reciente jurisprudencia de la Sala penal del Supremo español, relativa al procés catalán, que ha minimizado el margen para ejercitar el derecho de resistencia.
En la época foral, las instituciones del pase y la sobrecarta implicaban a instituciones (asambleas territoriales) y a movimientos de oposición colectiva en la salvaguarda efectiva de las libertades vascas. Era una tradición resistente, no revolucionaria. La actualización de un instrumento semejante exigiría hoy un reconocimiento e implicación institucionales, pero también una sociedad activa dispuesta a usar las urnas y las calles para proteger su autogobierno de los desafueros que lo vulneran. Hoy, sin embargo, aquí no parece darse el espíritu colectivo que sería necesario para que pueda operar este sistema, no al menos el que necesitaríamos para respaldar un sistema de garantías para el autogobierno sólidamente asentado en la movilización social.
El nuevo estatus tendrá múltiples dificultades para ser materializado. En lo que se refiere a su recorrido institucional, habrá que determinar si se quiere abrir una vía unilateral o bilateral. Sin la implicación en Euskadi de uno de los dos partidos que pueden tener posibilidades de gobierno en España, por mucho que se hable de nuestra total disposición al pacto con los gobernantes de Madrid, la propuesta que salga del Parlamento acabará en la práctica siendo de carácter unilateral. A eso se debe añadir una realidad que está a la vista de todos, el constitucionalismo dúctil que posibilitó el acuerdo sobre el texto del Estatuto del 79 ya no existe. Para colmo, la sentencia del TC 31/2010 relacionada con el Estatut de Catalunya quebrantó la fórmula de pacto político y posterior refrendo popular como última instancia que debía resolver el contenido de los Estatutos. Cada vez es más evidente que en la política española se está produciendo un repliegue jacobino y autoritario, que se manifiesta en el agrupamiento de fuerzas en torno a un constitucionalismo bunquerizado. Está la derecha en todas sus expresiones, pero también amplios sectores de la izquierda.
Habrá quien diga que, ante un escenario de bloqueo e impotencia institucional, no cabe sino recurrir a la ciudadanía activa para que empuje el nuevo proceso instituyente. Pero los vascos salimos de una etapa histórica de alta intensidad movilizadora, centrada prioritariamente en el rechazo al terrorismo. Y hay una corriente de retorno a la regularidad cotidiana, que tampoco está libre de desafíos.
Los responsables públicos son conscientes de esa fatiga social. Mientras el lobbysmo parlamentario tenga alguna eficacia, evita el tener que recurrir al movimiento social para lograr la transferencia de las competencias que quedan para completar el autogobierno que decidimos hace ya cuatro décadas. Sin embargo, no faltan los optimistas que creen que la activación social por un proyecto futurible es más plausible y segura que la que respondería a la exigencia del cumplimiento del compromiso defraudado. En todo caso, lo que es seguro es que si fuéramos capaces de defender con uñas y dientes el cumplimiento de las decisiones que hemos tomado en el pasado reciente se tomarían muy en serio nuestra demanda de que se respete el derecho a tomar en el presente nuestras propias decisiones, incluyendo las relativas a nuestro futuro. En realidad, ambas proposiciones forman parte de la misma lógica de lucha.
En esta época se espera que la dimensión social tenga un rol muy potente. Y la dinámica social no se limita a la movilización reivindicativa, que responde a un ritmo temporal acelerado. De hecho, muchas veces se sucumbe a la impaciencia con intención de provocar grandes acontecimientos históricos que no llegan nunca. Hay que tener cuidado con los movimientos especulativos que lleven a las multitudes a la frustración y la división. Es oportuna la referencia al lehendakari Aguirre, para el que “las grandes victorias han sido logradas por la coordinación de muchos pequeños esfuerzos” (Gabon, 1945).
En este criterio puede reconocerse la clave subjetiva que, pese a la dictadura, impulsó la gran campaña de reconstrucción de la sociedad civil vasca realizada entre los 50 y los 70 del pasado siglo. Un buen ejemplo de acción social de carácter constructivo, que se ubica en la tradición histórica del auzolan. Aquella fue una sociedad civil que se organizó de acuerdo con una pauta de larga duración, más paciente y estable, más transversal y menos vinculante, más comprometida con el día a día que el movimiento de masas. Abrió una dimensión social que no dejaba de interesarse por las perspectivas del desarrollo político vasco. Debido a eso, contribuyó tanto o más que nadie a un empoderamiento social, y consecuentemente a abonar el suelo sobre el que después se levantaría el nuevo poder público vasco, con el Estatuto de Gernika.
Ciertamente, hay que reconocer un declive paulatino de la energía social que se mueve en este ámbito. Un proceso de decaimiento que se puede deber al repliegue producido como consecuencia de las altas expectativas generadas por la puesta en marcha de la Administración vasca y una delegación progresiva de responsabilidades de carácter social en la función pública, que ha incrementado proporcionalmente su repertorio de servicios.
En el marco del debate sobre el autogobierno, antes que nada, conviene medir el pulso social. Si queremos depender menos de intereses externos, necesitamos salir de la sublimación del debate formal en torno al nuevo estatus y cultivar un nuevo resurgimiento social. No se trata de renunciar a aquel y promover este, sino de entender que son las demandas por un entramado civil fuertemente enraizado en la comunidad las que dan la auténtica medida del poder político que necesita la misma. Como consecuencia, una sociedad civil bien entretejida, operando en un escenario exitoso de colaboración con las instituciones públicas, sería el refugio más seguro para resguardarse ante escenarios de retroceso y sería, a la vez, la mejor plataforma para optar a un avance significativo del estatus de autogobierno.